El problema de la oposición frente al autoritarismo

Al igual que los otros países centroamericanos, El Salvador está en el año del bicentenario de su independencia política de España. Sin embargo, con la excepción de Costa Rica, estos países no han podido instaurar y consolidar un régimen político democrático. En general, sus constituciones han contemplado un diseño institucional propio de las democracias liberales, pero han adolecido de eficacia para orientar los comportamientos políticos de los diversos grupos e individuos. Ha pesado más una cultura política autoritaria que se desarrolló en medio de largas dictaduras caudillistas y militares.

Los procesos de transición política desde aquellas dictaduras durante las décadas de 1980 y 1990 no dieron como resultado la vigencia de regímenes democráticos. Pese a importantes cambios políticos operados en los años noventa, expresados en reformas constitucionales, el autoritarismo pervivió en las formas de hacer política. Donde hubo avances democratizadores se asiste en el presente a una contra ola de claro corte autoritario. Donde se intentó avanzar en materia de transparencia y combate a la corrupción, la opacidad y el desmantelamiento de la institucionalidad contralora ganan ahora más espacio. Donde se transformaron sistemas electorales para favorecer poliarquías, hay ahora una adulteración de esos sistemas para favorecer a líderes autócratas.

Mientras se intentaba democratizar a los regímenes políticos, en Centroamérica se implementaba también una reforma económica de corte neoliberal que terminaría socavando los cimientos necesarios para la vigencia de las democracias en la región. Entre esos cimientos estaba una ciudadanía comprometida con la democracia, a tal grado de defenderla frente a amenazas autoritarias. Lejos de ello, una parte importante de los centroamericanos salió de sus países en busca de mejores condiciones de vida. Otra parte importante, especialmente en el llamado Triángulo del Norte, pasó a formar parte de grupos al margen o fuera de la ley. Así, las necesidades económicas y de seguridad ciudadana llegaron a ser los principales problemas políticos que los gobiernos debían resolver.

Gobiernos tras gobiernos pasaron sin que aquellos problemas fueran resueltos. Al contrario, con el paso de los años se volvieron más graves. Cada vez que había elecciones, los candidatos prometían soluciones y una vez en el gobierno las cosas seguían igual o peor. La frustración entre la población aumentaba hasta que, en las siguientes elecciones, otros candidatos volvían a prometer lo que después no cumplirían. Este ciclo de promesas, esperanzas y frustraciones se repitió hasta el hartazgo.

En El Salvador las condiciones institucionales pintaban un mejor escenario para resolver aquellos problemas. Sin embargo, otro ciclo perverso operaba y se había vuelto necesario para mantener a flote a la economía. La violencia de las pandillas empujaba a los salvadoreños a abandonar el país junto con la falta de oportunidades económicas. La inmensa mayoría de estos salió hacia Estados Unidos. Y una vez incorporados al empleo en aquel país, se estableció un flujo de remesas familiares que se volvió funcional para que el modelo económico implantado siguiera operando.

La exclusión económica que el modelo económico generaba empujó a más salvadoreños, o bien hacia el extranjero, o bien hacia las filas pandilleriles. Así crecieron dos grupos poblacionales que, a la larga, han resultado claves para sostener a un Gobierno que, montado sobre el rechazo y hartazgo con los partidos Arena y FMLN, tiene claras tendencias autoritarias.

¿Por qué estos grupos son clave para el Gobierno? En primer lugar, porque el control territorial que ejercen las pandillas es motor para la emigración de salvadoreños que sienten que su vida está amenazada. En segundo lugar, porque responsables de la mayor parte de homicidios y otros delitos, las pandillas tienen capacidad de chantaje sobre el Gobierno: le exigen beneficios a cambio de la baja de homicidios. Y, en tercer lugar, porque entre los salvadoreños que han emigrado hay, por un lado, potenciales inversionistas que el actual Gobierno necesita y, por otro lado, una base de apoyo político para el presidente.

Mientras tanto, los que otrora fueron los partidos predominantes en la política salvadoreña, desde las elecciones de diputados en 2018 viven un proceso de erosión de sus bases sociales. Las elecciones presidenciales de 2019 y las de diputados de 2021 implicaron un cambio en el sistema de partidos salvadoreño. De un sistema de pluralismo polarizado se ha pasado a un multipartidismo moderado. La dinámica del nuevo sistema facilita los acuerdos porque las posiciones polarizantes han perdido peso político. Pero, los resultados de las elecciones de 2021 empujan al sistema más allá, hacia una instauración de un sistema de partido predominante e, incluso, hegemónico. Un cambio de esta naturaleza facilitará la transformación del régimen político en términos netamente autoritarios.

La actual tendencia a la concentración de poder en una sola persona acompaña a la tendencia sistémica de partido predominante o hegemónico. La comunicación política del Gobierno alimenta el rechazo no solo a los partidos “tradicionales” sino también a cualquier otra expresión opositora. En el imaginario popular predominante se ha asentado la idea que cualquier posición crítica hacia el Gobierno proviene de “los mismos de siempre”. De esta manera se allana el camino para la hegemonía política del presidente.

¿Qué oportunidades tiene entonces la oposición? El mayoritario apoyo popular hacia el Gobierno que registran las encuestas de opinión, y la poca asistencia a concentraciones de rechazo a las acciones del Gobierno, hacen pensar en las pocas oportunidades que hay para el crecimiento de una oposición política que contrarreste las tendencias autoritarias. La comunidad internacional que apoya la lucha contra la corrupción, que se ha expresado en contra del rompimiento del orden constitucional salvadoreño, no encuentra una fuerza interlocutora interna para hacer eficaz su presión diplomática. El Gobierno parece avanzar en su proyecto político sin oposición.

La pregunta por las oportunidades para la oposición política es la pregunta por la fractura o división social que opone a dos grupos determinados. Las divisiones que estructuraron la política durante la mayor parte del siglo XX (la lucha contra la dictadura y la oligarquía) fueron desmontadas por la reforma política de 1992. Desde entonces, hasta 2018, la dinámica política se basó en la oposición entre Arena y el FMLN como expresiones políticas de la división ideológica entre la derecha y la izquierda. Con el tiempo, esta división dejó de ser significativa.

Aquella también fue la pregunta que se planteó el grupo que ahora gobierna y así fue como construyó un “clivaje”, una división, en términos de lo nuevo y lo viejo, el futuro y el pasado, la innovación y lo mismo de siempre. Con su estrategia comunicativa logró aprovechar el hartazgo y rechazo hacia lo viejo, el pasado y lo mismo de siempre; y lo convirtió en Nuevas Ideas y en la ilusión de hacer una nueva historia. Y aquella es también la misma pregunta que deben resolver quienes en 2024 han de oponerse en las urnas a un gobierno autoritario que todavía no es percibido ni rechazado como tal por la mayoría de la población.

* Artículo publicado en el boletón Proceso N.° 48.