El régimen de excepción fuera de control

El régimen de excepción se le ha ido de las manos a Bukele. La actividad criminal de los soldados y los policías pone en entredicho su seguridad. La guerra contra las pandillas se ha convertido en otro monstruo. Los soldados y los policías, al igual que los pandilleros, roban, extorsionan, violan e intimidan a sus víctimas para que guarden silencio. El descontrol es producto de la naturaleza del propio régimen. Bukele ordenó a sus huestes prescindir de la institucionalidad democrática y castigar implacablemente. No calculó que esas fuerzas, viciadas por la barbarie del encargo, actuarían por su cuenta.

Un recorrido rápido por la prensa nacional basta para constatar el desgobierno. Un sargento y cinco soldados violaron a una menor en Mizata, cuando la niña regresaba de la playa con varios amigos. El sargento apartó a su víctima para “revisar si aún era virgen”. Un capitán violó a otra menor en Puerto El Triunfo, después de amenazarla en los siguientes términos: “si no sos mi novia y si no querés estar conmigo, tu papá y tu mamá se van a ir presos”. Seis soldados violentaron la vivienda de un campesino de Chinameca y lo despojaron de sus ahorros, sus herramientas de trabajo y algunas joyas. El investigador de una unidad especializada en el crimen organizado es también extorsionador. En el centro de la capital, los oficiales y los agentes de la delegación policial recolectan “donativos” en los mercados, los comercios y entre los transportistas, y consumen en los comedores sin pagar. A esto se agrega que soldados y policías borrachos suelen protagonizar incidentes violentos. Una fuente independiente de la Policía habla de al menos quince soldados y diez policías capturados durante el régimen de excepción.

Esta no es más que la punta del iceberg. El acoso y el abuso sexual de niñas, adolescentes y mujeres por parte de soldados y policías están documentados. Estos crímenes no han sido denunciados por miedo a las represalias. Los violadores amenazan a sus víctimas con aplicar el régimen de excepción a sus familiares. Familias aterrorizadas abandonan sus hogares y se refugian en sitios más seguros. Algunas se contentan con enviar a sus hijas y adolescentes a otro lado para evitar que sean abusadas o detenidas por resistir el acoso de los soldados y los policías. La agresión sexual es una práctica común en las guerras. El Salvador de Bukele, en guerra permanente, no es la excepción.

El Ejército intenta ocultar estos crímenes. Decidió no informar sobre la violación de Mizata “porque iba a ser una gran mancha”. Pero pocos días después, la presión de las redes digitales lo obligó a reconocer el hecho e identificar a los hechores. El ocultamiento del crimen militar o policial es un patrón establecido, pero tiene en la denuncia y las redes digitales a su peor enemigo. Los habitantes de Puerto El Triunfo hablan de muchas mujeres abusadas sexualmente por los oficiales y soldados de la naval y por el jefe policial, del encarcelamiento de quienes opusieron resistencia o de sus maridos, y de extorsiones.

En cualquier caso, los soldados y los policías reciben un trato ventajoso por parte de sus superiores. El capitán de Puerto El Triunfo había sido acusado de violar a dos menores y de acosar a una mujer. Enviado a prisión provisional por seis meses, salió a los dos y fue destacado a una unidad de la marina. Cuatro soldados acusados inicialmente de homicidio agravado en un ingeniero de Santa Tecla fueron procesados por homicidio simple, en contra de la evidencia disponible. Esta actitud contrasta con el trato cruel y humillante que esas mismas autoridades dan a las víctimas del régimen de excepción.

El ministro de Defensa se extraña hipócritamente del acoso y las violaciones de sus subordinados, hechos que califica como “lamentables”. Se muestra sorprendido, porque “todas las semanas nos reunimos, visitamos todos los cuarteles […] nos reunimos con los soldados, les explicamos las reglas del juego con respecto a los derechos humanos”. Es extraño que un régimen amante de la imagen no haya documentado unas reuniones tan frecuentes e importantes. Más bien exhibe al contralmirante en plan de combate y desinformando. En cualquier caso, su instrucción, y la de sus oficiales, cae en el vacío.

A la autoridad militar, policial y política le tiene sin cuidado las víctimas de sus subordinados. Su prioridad consiste en salvaguardar el prestigio institucional, sobre todo del Ejército. Una actitud idéntica a la de la guerra civil, que hasta el día de hoy ha impedido hacer justicia a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad. El Ejército de Bukele es similar al de los generales y coroneles de la guerra: sacrifica víctimas inocentes a una seguridad muy injusta y a una Fuerza Armada deshonrada por una larga historia de crímenes. El Salvador de Bukele no es un país seguro para los pobres; en particular, para las niñas, las adolescentes y las mujeres.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.