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"Gracias por su valentía", afirmó Benjamín Cuéllar dirigiéndose a Esperanza Cortés, Erlinda Vda. de Franco y Julián Terezón, quienes relataron ante el Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa cómo miembros del Ejército asesinaron a sus familiares durante la guerra civil. Sus testimonios, junto a muchos otros, fueron escuchados del 25 al 27 de marzo en la capilla de la UCA, que sirvió de sede al Tribunal. A partir de los elementos recopilados, éste emitió una sentencia que se dio a conocer el 24 de abril en la Sala "Elba y Celina".
Entre las principales conclusiones destaca la responsabilidad del Estado de El Salvador en las masacres ocurridas en Las Aradas, Chalatenango, y en el Llano de La Raya, San Vicente. Se adjudicó al Gobierno de aquel entones la autoría de una serie de torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas, y se le responsabilizó por obstaculizar el derecho de acceso a la justicia de los familiares de las víctimas afectadas en los casos ventilados ante el Tribunal.
En la sentencia, entre otras demandas, se exige al Estado dar a conocer la verdad de lo que le ocurrió a las víctimas del conflicto interno, sobre todo a través de programas de educación básica que describan lo que pasó y garanticen que hechos como estos no se repetirán; habilitar integralmente las comunidades y pueblos arrasados por las masacres y dotarlos de servicios básicos para su desarrollo humano; crear una comisión investigadora que dé seguimiento al trabajo realizado por la Comisión de la Verdad después de la firma de los Acuerdos de Paz; otorgar una pensión universal para las víctimas del conflicto; promover la conmemoración del día de los presos políticos y de las víctimas en general; y edificar museos y monumentos dedicados al fomento de la memoria histórica.
Antes de la lectura de la sentencia, el P. José María Tojeira, rector de la Universidad, dijo que "hay una deuda con las víctimas de la guerra", y que los testigos que tienen el valor de contar lo que vivieron "están haciéndonos un favor, un favor de dignidad". Afirmó que "este tipo de actos de justicia restaurativa son un paso más en ese buscar que el verdugo no prevalezca, no domine a la víctima históricamente y para siempre".
El Tribunal estuvo constituido por José María Tomás, Gloria Giralt de García Prieto, Paulo Abrao Pires Jr., Ricardo Iglesias, Belisario dos Santos y José Ramón Juániz.
