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El inicio de un nuevo año siempre trae consigo reflexiones sobre el año anterior y expectativas en torno a los meses futuros. Dentro del cúmulo de expectativas para 2011, sobresale la referida a la focalización del subsidio al gas. Y por ello es oportuno hilar algunas palabras al respecto.
El economista Lucas Pacheco plantea que la política económica es "el proceso de intervención del Estado en los procesos de desarrollo económico y social". Para el caso salvadoreño, dicho proceso se ha limitado básicamente a la política fiscal, ya que el país perdió su política monetaria en 2001 con la Ley de Integración Monetaria y, desde hace varios lustros, las políticas sectoriales son poco o nada utilizadas. Esto significa que la principal forma de intervención del Estado es a través del gasto que realiza y la forma en cómo lo financia. Por lo cual, el manejo adecuado de ambos rubros se hace más que indispensable.
Ahora bien, la tan publicitada focalización del subsidio al gas tiene como trasfondo reducir el déficit fiscal, como parte del acuerdo Stand-By por 36 meses suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El acuerdo, que también incluye al Plan General Anticrisis del Gobierno de El Salvador, plantea "focalizar el gasto público en programas sociales y otros sectores de gran prioridad, afianzar la situación fiscal a mediano plazo, encaminar la deuda pública por una trayectoria descendente firme y consolidar la estabilidad financiera"; es decir, mantener la estabilidad macroeconómica. Vale recordar que dicha "estabilidad macroeconómica" fue la que también motivó las medidas adoptadas durante la década de los noventa en torno a los programas de ajuste y estabilización económica, cuyos resultados fueron mayores niveles de concentración de la riqueza y exclusión social, desmantelamiento del Estado y pérdida de su capacidad de intervención en la economía nacional.
Pero ¿qué es un subsidio? Son pagos que realiza el Gobierno a las empresas y/o a los consumidores. Los destinados a las empresas son conocidos como subsidios a la oferta y buscan reducir el precio de los bienes y servicios que aquellas proveen. En el caso de los subsidios a los consumidores, o subsidios a la demanda, se busca mejorar su capacidad de compra y, por tanto, fomentar el consumo. En este sentido, la focalización del subsidio al gas persigue que las ayudas se otorguen directamente a los consumidores, no a las empresas, y así poder beneficiar a las personas de bajos ingresos que sí necesitan de dicha transferencia, y no dársela a aquellos que pueden comprar gas sin mayor inconveniente, como venía haciéndose al subsidiar directamente a las empresas gaseras.
Según el Informe de Desarrollo Humano El Salvador 2010, elaborado por el PNUD, 7 de cada 10 hogares más pobres no se benefician con el subsidio; pero sí lo hacen 7 de cada 10 hogares con mayores ingresos. Ahora se espera corregir dicha distorsión asignando directamente el subsidio a quienes no pueden comprar el gas a precio normal (13 dólares en el caso del tambo de 25 libras).
En definitiva, en un país en el que por décadas se incrementó el nivel de deuda pública sin mejorar el sistema productivo nacional, es fundamental comprender la dimensión que los gastos por los subsidios tienen tanto para el Estado como para los receptores de las ayudas. Ha llegado el momento de ajustar las finanzas públicas y hacer mejor uso de los pocos ingresos estatales.
A pesar de la complicada salud de las finanzas públicas, existen algunas medidas que, a largo plazo, podrían mejorarlas, tales como la creación de un impuesto predial y mayor seguimiento y ataque a la evasión y elusión fiscal. Solo logrando una asignación adecuada del gasto público y una mejor política de recaudación de impuestos, en donde pague más el que tiene más y pague menos el que tiene menos, podremos empezar a vislumbrar la tan anhelada justicia social, negada por tantas décadas en El Salvador.
