El día de ayer, la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres aprobó un poco más de un millón de dólares (de $3 millones que necesita el Ministerio de Salud) para atender la emergencia ocasionada por la epidemia de dengue clásico y hemorrágico que, según la prensa escrita, con los 200 nuevos pacientes registrados el día de ayer, suma ya 1,737 casos (41 de tipo hemorrágico) en 2010. Los fondos asignados se tomaron del FOPROMID (de $4 millones), que maneja el Ministerio de Hacienda.
Al respecto de este rebrote de dengue, hay que hacer notar dos aspectos. En primer lugar, el Sistema Nacional de Protección Civil empieza a actuar como especifica la ley: se ha activado cuando todavía no tenemos muertes por dengue. Esto es algo positivo para la institucionalidad del país. Tal como específica la ley de protección civil, una de las funciones de la Comisión es la de "dictar oportunamente las medidas apropiadas en situaciones desastrosas y de emergencia nacional, para salvaguardar la vida y los bienes de las personas directamente afectadas". Y esto es lo que se ha realizado en esta ocasión.
El segundo aspecto tiene que ver con la fecha inusual en que ocurre este brote de dengue: se ha dado ahora, en febrero y marzo (estación seca), y no en el mes de junio, como ha sido en años anteriores. En el fondo, el problema del dengue se debe a la insalubridad y a la contaminación ambiental de agua, suelo y aire en el que vive la sociedad salvadoreña; algo que ya no preocupa, sino que más bien empieza a ser aceptado como normal por la población.
Hasta antes de los años noventa, los desastres eran principalmente ocasionados por fenómenos de origen natural (sismos, tormentas y deslizamientos); sin embargo, las epidemias que tienen a su base el problema de contaminación ambiental aparecen con severidad en junio de 1991, cuando en el país se registraron 155 muertes ocasionadas por cólera, rotavirus, diarrea, dengue, bronconeumonía y gripe, entre otras. Estas enfermedades se han vuelto cada vez más comunes y reincidentes en las últimas dos décadas. El problema de contaminación ambiental se evidenció con más fuerza con la epidemia de dengue clásico y hemorrágico de 2003, durante la cual el país sufrió 315 muertes y 50,000 personas afectadas.
La contaminación de las aguas superficiales debido a descargas de aguas negras e industriales está ya fuera de control; en muy poco tiempo el problema afectará a las aguas subterráneas. Si en este momento el agua ya no tiene la calidad necesaria para que vivan peces en ella, en pocos años las aguas subterráneas ya no serán potables para el ser humano.
Esto implica que la contaminación ambiental podría pasar a ser una de las causas de la emigración de los salvadoreños. Igual sucede con los desechos sólidos: su manejo representa una carga financiera insostenible para las municipalidades; en el corto plazo, se terminará optando por arrojar la basura a cielo abierto, como era antes la costumbre. Por otra parte, la contaminación del aire es más que evidente cuando se consultan las estadísticas del Ministerio de Salud, las cuales registran más de un millón de consultas médicas al año por enfermedades respiratorias. Y, solo para completar, no hay que olvidar la contaminación debida a plomo (caso Record), a toxafeno y a otras sustancias; casos de contaminación que con mucha probabilidad aparecerán con mayor frecuencia en los próximos años.
Así las cosas, es necesario que el Gobierno tome en serio la contaminación ambiental. Un primer paso sería que el manejo de los desechos sólidos sea asumido como prioridad nacional, y no dejárselo a las municipalidades. Ya es hora de pensar en un par de empresas públicas o mixtas (como MIDES) que manejen los desechos sólidos del país. De lo contrario, el problema de contaminación podría desbordarse, como lo está en estos momentos la violencia social.