Escandalosa desigualdad

El informe de Oxfam "Gobernar para las elites", presentado en el marco del Foro Mundial de Davos 2014, denuncia el incremento de la concentración de la riqueza, la monopolización de oportunidades y la inequidad en la representación política, que predominan en el mundo de hoy. Los datos que sustentan su denuncia son escandalosos y preocupantes: casi la mitad de la riqueza mundial está en manos de solo el 1% de la población; el dinero que acumula ese 1% asciende a 110 billones de dólares, una cifra 65 veces mayor que el total del que dispone la mitad más pobre de la población mundial; esta mitad más pobre posee en conjunto lo mismo que las 85 personas más ricas del mundo; siete de cada diez personas viven en países donde la desigualdad económica ha aumentado en los últimos 30 años; en Estados Unidos, el 1% más rico ha acumulado el 95% del crecimiento económico total posterior a la crisis de 2009, mientras que el 90% más pobre se ha empobrecido aún más. Según el informe, esta excesiva concentración de los recursos económicos en manos de unos pocos está separando cada vez más a las personas, de modo que es inevitable que se intensifiquen las tensiones sociales y aumente el riesgo de ruptura social.

Para Oxfam, la desigualdad económica extrema es perjudicial y preocupante por varias razones. Puede repercutir negativamente en el crecimiento económico y en la reducción de la pobreza, acrecentando los problemas sociales; acentúa otro tipo de desigualdades, como las que existen entre hombres y mujeres. En muchos países, tiene efectos perniciosos para la equidad en la representación política. Cuando la riqueza se apropia de la elaboración de las políticas gubernamentales, las leyes tienden a favorecer a los ricos, incluso a costa de todos los demás. El resultado es la erosión de la democracia, la destrucción de la cohesión social y la desaparición de la igualdad de oportunidades. Oxfam alerta que si la desigualdad económica extrema no se controla, sus consecuencias podrían ser irreversibles, dando lugar a un monopolio de oportunidades.

Para contrarrestar esta realidad, Oxfam ha planteado a los líderes empresariales, políticos y sociales una serie de compromisos inaplazables. Los exhorta a no usar paraísos fiscales para evadir impuestos en sus propios países o en otros países en los que invierten y operan; a no utilizar su riqueza económica para obtener favores políticos que supongan un menoscabo de la voluntad política de sus conciudadanos; a hacer públicas todas las inversiones en empresas y fondos de las que sean beneficiarios efectivos y finales; a respaldar una fiscalidad progresiva sobre la riqueza y los ingresos; a exigir a los Gobiernos que utilicen su recaudación fiscal para proveer a los ciudadanos de asistencia sanitaria, educación y protección social universales; a reclamar que todas las empresas que poseen o controlan paguen un salario digno a sus trabajadores; y a exigir a otras élites económicas que también se adhieran a estos compromisos.

Qué duda cabe de que este tipo de medidas también son válidas para nuestro país, por la naturaleza misma de las desigualdades imperantes. Los niveles de pobreza y de desigualdad han sido históricamente muy altos en El Salvador, como consecuencia de la tradición de pagar bajos salarios y la falta de políticas económicas que generen trabajos decentes. Para 2012, el 20% más pobre de la población salvadoreña recibía el 4.9% del ingreso nacional, mientras que, en el otro extremo, el 20% más rico concentraba el 48.4%. Según la medición tradicional de ingresos, el 34.5% de los hogares vive en la pobreza y el 61% de las viviendas tienen al menos una carencia en los servicios. Estos niveles de pobreza fácilmente pueden aumentar no solo por la brecha de ingresos, sino también por la abismal diferencia en el acceso a los servicios de salud, educación, protección social, etc. Por ejemplo, únicamente el 60% de los niños que ingresan al sistema educativo llega a noveno grado, y apenas el 30% logra terminar el bachillerato. La educación promedio para la población mayor de 25 años es de sexto grado; en el campo, apenas de cuarto grado. Por otra parte, de la población económicamente activa, únicamente el 24% cotiza al Seguro Social y el 29.5% al fondo de pensiones para la vejez. El resto queda en una situación de alta vulnerabilidad e incertidumbre.

Ante este contexto, Oxfam ha hecho recomendaciones para la reversión de las brechas extremas de desigualdad económica y social. Algunos aspectos clave sugeridos son los siguientes: la adopción de medidas firmes contra la evasión fiscal; las transferencias redistributivas y el fortalecimiento de los mecanismos de protección social; la inversión en el acceso universal a la atención sanitaria y la educación; la fiscalidad progresiva; la ampliación de los límites salariales; el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores; y la eliminación de las barreras a la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres. En esta compleja agenda se tocan aspectos que tendrá que enfrentar el próximo Gobierno. Temas ineludibles en una conducción gubernamental responsable, por mucho que ahora mismo (en campaña electoral) se evadan. Y para hacerlo de buena forma, hay que estar preparado con políticas públicas que vayan a la raíz de los problemas y tengan como fin último la vida digna de los hombres y mujeres que habitan en el país; especialmente, las mayorías excluidas. Un principio ético que debe orientar estas políticas, si se quiere efectivamente revertir la desigualdad escandalosa, lo hallamos en la exhortación que el papa Francisco hizo a los participantes del Foro Mundial de Davos: "Les pido que se aseguren que la humanidad sea servida por la riqueza y no gobernada por ella".