Estados fallidos y migración forzada

La llegada de miles de migrantes tanto a la frontera sur de Estados Unidos, como a las fronteras entre México y Guatemala, revelan una crisis humanitaria regional a la que hay que prestarle mucha atención, como lo han hecho ya la Compañía de Jesús de Centroamérica y México, así como también la CEPAL. Ambas instituciones tocan un tema que nos concierne a todos en tanto ciudadanos y potenciales migrantes: el debatido tema de los Estados fallidos.

Para comenzar esta reflexión, es necesario tomar en cuenta que la comprensión del concepto político que actualmente conocemos como Estado soberano se la debemos a algunos pensadores de la modernidad europea como Maquiavelo, Jean Bodin y, desde luego, a Thomas Hobbes. Ellos plantearon el ejercicio del poder soberano de una forma secularizada que, dependiendo del régimen político concreto, podría fundamentarse en el poder del príncipe o del pueblo. Lo radical del viraje del pensamiento político de la modernidad es que ya no hace descansar la justificación y legitimación del ejercicio del poder político en Dios, sino en los seres humanos que crean las leyes que todos deben cumplir para garantizar la satisfacción de sus propios intereses individuales y colectivos.

Esta transformación en la comprensión del poder no solo se explica por la maduración del racionalismo, que se colocó por encima de los dogmas religiosos de la Iglesia medieval- en el Renacimiento, sino también por un proceso de transformación de la realidad material en la que estos pensadores fueron gestando sus ideas. Este proceso fue el surgimiento del capitalismo en la Europa occidental hacia el siglo XV. Cuando Carlos Marx, en el Manifiesto Comunista de 1848, señala que los obreros no tienen patria y acuña la idea de que la ley nacional no es nada más que la expresión del poder de una clase dominante, se refería justamente a esa realidad histórica: la construcción de instituciones que le dan cuerpo a la organización política conocida como Estado moderno. Estas instituciones tienen como función central permitir y facilitar el surgimiento de relaciones económicas capitalistas que crean un mercado unificado a partir de la generación de plusvalor sobre la base de relaciones asalariadas de producción de las mercancías que consumimos para vivir. En este tipo de relaciones, una clase social, la burguesa o propietaria del capital, hace valer sus reales intereses sobre el pueblo trabajador que solo tiene el poder efectivo de su fuerza de trabajo, la cual debe vender para subsistir, y que, por lo mismo, también está obligado a acatar lo que se le impone sobre los términos del orden público y privado bajo el criterio de la autoridad burguesa. Las grandes revoluciones de occidente que se enseñan en nuestras escuelas de derecho y ciencias políticas, como precursoras del constitucionalismo, fueron calificadas agudamente por Marx como revoluciones burguesas.

Así, el concepto de Estado moderno o Estado Nación se refina con el desarrollo del capitalismo en Alemania y la emergencia de una escuela de juristas, sociólogos y políticos que reflexionaron que el meollo del Estado soberano se encontraba justamente en el control y administración monopólica de la violencia o coerción legítima. A tal punto que esta definición es la que se ha asumido como paradigma de cualquier Estado de Derecho. Sin embargo, al identificar los orígenes materiales de esa teorización del poder político, es necesario aplicar el método de la historización para comprender por qué algunos Estados, como los del tercer mundo, donde podemos ubicar al nuestro, presentan una serie de disfuncionalidades como la violencia duradera, desarmonía entre comunidades, control sobre regiones periféricas por parte de grupos fuera de la ley, crecimiento de la violencia criminal, incluyendo las pandillas y el tráfico de ilícitos, la violación sistemática de derechos humanos, la desarticulación del funcionamiento de las legislaturas y organismos judiciales, la privatización de los servicios públicos debido a crisis fiscales, la corrupción endémica, la pérdida de legitimidad junto a la caída del PIB y la suplantación de moneda nacional con moneda de cuño extranjero,etc. Todas las anteriores problemáticas pueden ser algunas características de un Estado que no cumple con las cualidades del modelo occidental de Estado moderno. Por esas mismas razones se etiquetan como Estados fallidos.

El hecho trascendental de que algunos Estados expulsen a millones de personas de sus territorios porque no pueden satisfacer las expectativas de subsistencia de la población, los hace, sin duda, adecuados para que se les califique como Estados fallidos. Sin embargo, es necesario que en esta historización del problema veamos las causas estructurales de este fracaso. El desarrollo histórico de un capitalismo atrofiado y dependiente en El Salvador, así como en el resto del denominado “tercer mundo”, que siempre ha sido deficitario en sus términos de intercambio con respecto a los Estados más industrializados, es un factor central a la hora de explicar por qué en países como Haití, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, entre muchos otros, las bandas de crimen organizado que extorsionan, secuestran y masacran a la población tienen más poder que el mismo Estado y actúan yuxtapuestas a los problemas de evasión y regímenes fiscales regresivos que enfrentan los Estados, amparados por unas constituciones formales, y que restringen la base material de la construcción de sus capacidades administrativas para satisfacer las necesidades de la población.

Además, una pobre y absorta administración pública puede, sin duda, agravar estos problemas. Ante el descontento de la ciudadanía, una diputada, representante del partido político Nuevas Ideas, pronunció una sentencia de destierro para la población que se muestra inconforme con la gestión del presidente Nayib Bukele y declaró: “que si no les gusta (lo que el Gobierno está haciendo), las fronteras están abiertas para que escojan a qué país mudarse”.La ignorancia, por no hablar de la falta de humanismo por parte del gobierno salvadoreño sobre la profunda crisis sistémica que atraviesa el país, es una señal de alerta y una llamada urgente al discernimiento de la realidad y de sus posibilidades concretas de salvación. Las personas que migran en realidad huyen producto del hambre, de la violencia, de la persecución, de las violaciones a derechos humanos, de la desesperanza en el futuro. Ante esta realidad de miles de migrantes irregulares que se agolpan en las fronteras extranjeras, prima la insuficiencia del modelo económico y del modelo de Estado construido históricamente.

Por ello, calificar sin más a un Estado como disfuncional también implica ignorar la historia propia sobre las posibilidades de realización del bienestar común dentro de una organización jurídico-política concreta. En el caso de El Salvador es una falacia que la fundación de lo que podríamos llamar Estado moderno o Estado nacional haya acontecido con la firma de la independencia de 1821. La fragmentación político-social y la predominancia de una economía de subsistencia en las comunidades campesinas fue la nota distintiva del “Estado” salvadoreño hasta aproximadamente finales del siglo XIX, cuando se emprendieron las trascendentales reformas liberales. Estas reformas tuvieron como consecuencia la acumulación de capital por medio de la privatización de tierras comunales y ejidales y el establecimiento de los primeros bancos que se enfocaron en el financiamiento del cultivo de café, la columna vertebral de nuestra economía hasta vísperas de la guerra civil entre 1970-1980.

A partir de la destrucción engendrada por la guerra y después de la firma de los Acuerdos de Paz, en el país hubo un impulso de liberalización de las barreras del capital que había sido acumulado por medio del modelo altamente burocratizado de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), implementado en las décadas de 1950 a 1970. Dicho modelo evolucionó hacia la terciarización e informalización de la economía, construida sobre la expulsión de mano de obra devaluada de la que se comenzó a obtener remesas, lo cual llevó a que en 2001 se renunciara a la soberanía de la política monetaria con la implementación de la dolarización, fenómeno que ahora se ha hiper-desarrollado con la bitcoinización, en donde se han dejado de lado todas las advertencias razonadas de expertos que ven en la medida una afrenta para el sistema financiero regularizado.

Así pues, el Estado fallido no solo trata de las reformas o insuficiencias de las leyes, sino de los procesos materiales que permiten (o no) la reproducción y subsistencia de la sociedad. La ausencia de proyectos y la miopía política para atender estas causas estructurales hacen vaticinar que cada vez nos adentraremos más en las características de un Estado fallido como el haitiano, desnudado por el desgobierno, el hambre y la migración forzada del propio elemento subjetivo del Estado: su población.

* Gabriel Escolán, asesor de la Oficina de Asistencia Legal de la UCA. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 63.