¿Olvidó la contraseña?
Ingrese su correo electrónico:
Cree su cuenta
Analistas y expertos consideran que la siguiente crisis de la humanidad será medioambiental. Algunos la reducen al ‘cambio climático’, mientras que otros analizan de forma sistémica la crisis ambiental. Sin embargo, un fenómeno que parece ser consistente en los análisis es la crisis hidrosocial. Ya sea que el fenómeno se analice desde un punto de vista utilitarista o desde diferentes disciplinas, el agua (y la crisis hidrosocial) pasa a ser una problemática transversal, bien sea por la vital necesidad del líquido o porque se encuentra vinculado a una multiplicidad de eventos que también son afectados por una crisis hídrica e hidrosocial.
Las tensiones ambientales han tenido diferentes puntos de inflexión, desde el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París y otros esfuerzos que han permitido tener una visión uniforme y sostenida en torno a las consecuencias que la falta de atención y de medidas ambientales pueden traer. A pesar de estos esfuerzos, las complicaciones en materia ambiental crecieron. Uno de los síntomas es el cambio climático y las crisis hidrosociales en diferentes partes del mundo. La diversidad de crisis que en un inicio parecía algo destinado a un futuro distante, a un futuro apocalíptico o de ciencia ficción, hoy son el presente, la privatización del agua, como ejemplo. Concretamente para El Salvador, de acuerdo con The North American Congress on Latin America (NACLA, por sus siglas en inglés), en su artículo titulado La crisis hidrosocial de El Salvador, “en los escenarios estadísticos y climatológicos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe sobre la disponibilidad a futuro del agua en Centroamérica, proyectan que El Salvador será el más afectado” (Cuéllar, 2020, párr. 26).
Asimismo, el Informe del Estado de los Bienes Hídricos de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH) del 2016 señalaba que en 80 años la vida sería inviable en el país ante el deterioro de los bienes hídricos (PDDH, 2016). La expansión del monocultivo de la caña de azúcar, los efectos acelerados del cambio climático y la falta de ordenamiento territorial con el auge de proyectos urbanísticos en zonas de recarga hídrica exponen al país a escenarios de severas dificultades por la escasez y disponibilidad de agua en cantidad y calidad per cápita.
La tendencia de la crisis hídrica es peligrosa si tenemos en cuenta que, según los últimos reportes científicos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) y el Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES, por sus siglas en inglés), si no se implementan medidas contundentes con sentido de urgencia, el panorama para las actuales y venideras generaciones será de mucha conflictividad socio-ambiental hacia el año 2030 por los impactos del cambio climático y la pérdida acelerada de biodiversidad, lo que profundizará aún más las desigualdades territoriales y nacionales por la disputa en el acceso al agua (IPBES, 2019; IPCC, 2018).
Según el Informe de Calidad de Agua en Ríos en El Salvador, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente (MARN) en 2017, un 68 % del agua en el país se encuentra contaminada y representa un peligro para la vida humana y animal, incluso para el riego de cultivos (MARN, 2017, p. 8). Además, existe evidencia de cómo la contaminación por el uso de los agrotóxicos sin ninguna regulación y el riego intensivo y expansión del monocultivo de caña de azúcar es uno de los principales motivos por los cuales en el país existe un alarmante número de casos de Enfermedad Renal Crónica (ERC) y una creciente amenaza de escasez del vital líquido debido a la reducción de los caudales, el deterioro de las cuencas hidrográficas y la extracción de materiales pétreos de los ríos que destruye el cauce de estos.
Crisis hidrosocial y salud pública: expansión del monocultivo de la caña de azúcar, agrotóxicos y enfermedades renales
Desde 2006 se ha registrado un crecimiento sostenido y acelerado del área destinada al cultivo de caña de azúcar: entre 2006 y 2016, el número de manzanas ocupadas por el monocultivo pasó de 81,983 mz. a 116,297 mz., lo que evidencia una tasa de crecimiento del 37.84 %, localizado principalmente en los departamentos de La Paz, Sonsonate, Usulután, La Libertad y San Vicente, regiones que aglutinan el 67.2 % de las tierras dedicadas al cultivo (Dávila, 2019, p. 19). El rápido crecimiento de esta actividad agrícola en las zonas mencionadas genera diversos impactos a nivel social, económico y ambiental. Dentro de las principales externalidades negativas que se presentan se tiene el uso intensivo del recurso hídrico, la destrucción de los medios de vida de las comunidades aledañas y las afectaciones en la salud producto de la utilización de agrotóxicos (Orantes et al., 2020; Valdés et al., 2014).
Respecto al uso del agua, estudios en la zona baja del Río Paz, uno de los lugares donde el monocultivo predomina, señalan que anualmente se demandan 8.9 millones de metros cúbicos para el riego del cultivo, mientras que una población de 25,000 habitantes demanda 0.915 millones de metros cúbicos al año (Unidad Ecológica Salvadoreña, Unes, 2016, p. 68). A esta situación se le suman las malas prácticas de los ingenios que construyen diques y desvían caudales de los afluentes durante la época seca, lo que afecta la disponibilidad para otros usuarios del recurso, impacta a los ecosistemas y afecta negativamente al proceso natural de infiltración del agua (Ibíd.).
Por otra parte, la creciente demanda de recursos para la caña de azúcar riñe con otras actividades agropecuarias pues en la medida en que se utilizan más tierras y agua para el monocultivo, hay menos disponibilidad para el resto de actividades. Adicionalmente, en el documento “Desafíos para la gestión ambiental frente a la integración económica: El Salvador, Honduras y Nicaragua” preparado para la Organización de los Estados Americanos (OEA) se señala que, debido al uso intensivo de maquinaria, quemas y agroquímico utilizados para este cultivo, los suelos se van degradando, tanto por la compactación como por la erosión, lo que afecta su productividad (Mejía, 2004, p. 14). Algunas organizaciones sociales como UNES, Asociación para el Desarrollo de El Salvador (Cripdes), Foro del Agua y la PDDH han señalado que la contaminación generada por los agrotóxicos destruye los cultivos de subsistencia de los pequeños productores (Diario Responsable, 2020; Ayala, 2019; PDDH, 2017).
En cuanto a las afectaciones a la salud, investigaciones previas sostienen que hay una correlación entre las locaciones del cultivo de la caña y el aumento de casos de enfermedades renales crónicas e insuficiencia renal crónica (ERC e IRC). El Ministerio de Salud ha señalado que los departamentos de La Paz, Ahuachapán, Usulután y San Miguel son los más afectados por el aumento de casos de estas enfermedades. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Población Adulta de El Salvador, dos de los factores de riesgo asociados a la enfermedad son las inadecuadas condiciones de salud ocupacional y el riesgo tóxico ambiental por el uso de agrotóxicos (Orantes, 2017, p. 13). Asimismo, el Ministerio de Salud ha reconocido que las ERC e IRC son problemas de salud pública que requieren de acciones urgentes (Organización Panamericana de la Salud, OPS, 2013).
En el caso específico del Bajo Lempa, se tiene una vinculación directa con la ERC, el cultivo de la caña y el uso de agrotóxicos. Según el estudio “Enfermedad Renal Crónica y Factores de Riesgo Asociados en el Bajo Lempa, El Salvador. Estudio Nefrolempa, 2009 “durante las visitas a las comunidades y las entrevistas con los líderes de opinión locales, los investigadores se percataron de la fumigación aérea de las cosechas durante la década anterior, aún practicada en un área de la comunidad de Ciudad Romero, con agroquímicos que caen sobre las casas, así como las cosechas y se usan hasta ocho productos diferentes sobre cada campo sin las medidas de protección adecuadas. Los investigadores también observaron que las condiciones de almacenamiento, manipulación y venta de productos eran inadecuadas y carecían de medidas de bioseguridad apropiadas. En estas circunstancias es muy posible la contaminación ambiental orgánica e inorgánica”. (Orantes, et al., 2011, p. 9).
Por su parte, Cripdes, con presencia territorial en la zona, también ha señalado que “la emergencia sanitaria que afecta a las comunidades en zonas de cultivo de caña de azúcar es causada por la exposición a pesticidas, fertilizantes, madurantes y otros productos nocivos para la salud” (Acafremin, 2020). En El Salvador, la citada encuesta sobre enfermedades crónicas no transmisibles señala que 3.4 millones de personas estaban siendo afectadas por factores de riesgo no tradicionales de ERC; de estas, el 14.7 % (495,099) se asociaron con la exposición directa a agroquímicos a través de la aplicación de plaguicidas, mezclador o formulador de agroquímicos y banderilleros (Minsal, 2015, p. 28).
Finalmente, las implicaciones económicas por el padecimiento de ERC pueden tener varias escalas: a nivel microeconómico (y privado), por los gastos que las familias realizan para atender a personas del núcleo que padecen la enfermedad. Por su parte, a nivel macroeconómico, por la pérdida de productividad que sufre la población que padece ERC.
* César Artiga, coordinador del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú en El Salvador; Jorge Manuel Molina, doctorando en Ciencias Sociales; Meraris Carolina López, docente e investigadora del Departamento de Economía. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 80. La versión completa de este estudio se encuentra en el informe Análisis Socioeconómico de El Salvador, año 2021.
