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El cambio en la opinión pública. En lo que respecta a la realidad del país, las más distintas encuestas de opinión venían coincidiendo en los últimos meses al menos en dos percepciones que enfáticamente mostraban los ciudadanos y ciudadanas salvadoreñas: primero, que la situación de El Salvador iba a peor; y, segundo —como consecuencia—, había necesidad de un cambio de rumbo.
Las razones más frecuentes por las que se opinaba que el país iba mal se relacionaban con el alto costo de la vida, el desempleo, la pobreza y la delincuencia, es decir, con los problemas que se fueron relegando a lo largo de cada Gobierno de Arena.
En la primera encuesta postelectoral realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), se dan a conocer las razones por las que, según los encuestados, perdió el partido Arena y ganó el FMLN.
Las razones más predominantes de la pérdida de Arena son la falta de cumplimiento de las promesas (12.5%) y la mala gestión y administración gubernamental (12%), Otras razones aludidas en menores proporciones son el no haber hecho nada por el pueblo, la situación económica y mucha corrupción, entre otras.
Por otra parte, las razones recurrentes por las que se considera que el FMLN obtuvo la victoria del Ejecutivo son para buscar un cambio o para mejorar (27.6%), por el candidato (22.4%) y por las propuestas y promesas que realizó el partido (12.5%). Otros aspectos menos frecuentes fueron darle oportunidad a otro Gobierno, porque la gente está cansada y decepcionada de Arena, y porque el FMLN recibió mayor apoyo.
El sondeo del IUDOP exploró también las expectativas ciudadanas hacia el nuevo Gobierno. El 67.7% de la gente señaló que el país mejorará, el 20.1% opina que seguirá igual, mientras que sólo el 5.6% de la gente sostiene que el país empeorará. El 81% de la población considera que el nuevo Gobierno será algo o muy capaz de superar los graves problemas del país (especialmente, el económico y la delincuencia).
Respecto a la política económica, el 83% señala que debe cambiar; similares respuestas se encontraron en lo referente a la seguridad pública. Las opiniones que favorecen el cambio en esta materia alcanzan más del 76%.
En suma, las expectativas son altas y la población espera resultados más o menos inmediatos. En los primeros 100 días del nuevo Gobierno se espera que se abran fuentes de empleo (36.7%), se controle el costo de la canasta básica (20.2%), se dé ayuda económica a las familias más pobres (7.9%), baje el costo de los servicios básicos (6.8%) y se mantengan los subsidios (5.5%).
Grandes expectativas, resultados inmediatos, recursos limitados y un contexto mundial en crisis plantean un panorama difícil. Más todavía si consideramos las herencias negativas del anterior Gobierno: una política económica excesivamente liberal, plegada a los intereses de los más ricos; una institucionalidad débil, proclive a los actos de corrupción; una política de seguridad pública deficiente, que no logró frenar la delincuencia ni disminuir los homicidios (12 diarios).
¿Qué hacer ante ese panorama crítico? Ante situaciones difíciles, uno puede refugiarse en el pasado (afán por reconstruir las costumbres, las categorías mentales y la vida del pasado). También se puede huir hacia el futuro evadiendo la dura confrontación con la realidad o bajo el ropaje de una audacia contestaria del presente (los críticos más audaces pueden ser los más estériles). Otra forma de resolver la crisis consiste en huir hacia dentro, escapando de ella en un proceso de interiorización privatizante (permanecer en mi mundo evitando el conflicto). Pero cabe otra posibilidad: responder responsablemente a la crisis, asumiéndola como una oportunidad de nueva vida, propiciando nuevos dinamismos, potenciando las fuerzas positivas, orientando la realidad hacia otra dirección, abriéndola hacia nuevas y mejores posibilidades, generando esperanza real para los que han vivido malas realidades.
El sentido del cambio: de la exclusión a la inclusión. Jon Sobrino, teólogo salvadoreño y miembro de la comunidad universitaria de la UCA, en uno de sus más recientes escritos vincula el cambio social y estructural con la necesidad de promover la existencia, la compasión y la generosidad hacia los excluidos de nuestra sociedad. El cambio lo relaciona con la posibilidad de construir una civilización de la inclusión.
Para el teólogo Sobrino, una sociedad incluyente es la que supera la no existencia de los pobres y víctimas, la que rompe el silencio sobre injusticias, desprecios y exclusiones activamente ocultados. La que supera la insensibilidad defendiendo a las víctimas y enfrentándose con los victimarios. La que fomenta la entrega y la generosidad en la lucha por una sociedad justa y equitativa.
En pocas palabras, el cambio, para nuestro teólogo, consiste en pasar de la privación de la vida a garantizarla con dignidad, pasar de la invisibilidad de los pobres y víctimas a hacerlos centrales en las preocupaciones políticas y económicas. A tenor de la inspiración cristiana y tradición de los mártires de la UCA: "Que el mundo sea reino de Dios, en el que haya vida para los estructuralmente privados de ella, los pobres. Y que éstos no sean sólo ‘incluidos’, sino que estén ‘en el centro’ para inspirar y configurar una sociedad humana" (cfr. Jon Sobrino, "La civilización de la inclusión contra la civilización de la exclusión", ponencia en el XIX aniversario de los mártires de la UCA, noviembre de 2008).
A civilización de la inclusión suenan también las Bienaventuranzas de Jesús de Nazaret. En el reino de Dios encuentran acogida los pobres, los mansos, los afligidos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de corazón limpio, los constructores de la paz y los perseguidos por causa del reino (cfr. Mt 5, 3-10).
La operatividad del cambio. Pero para que el cambio no se quede en un buen ideario o en rectas intenciones, es necesario ponerlo a producir operativamente. En este sentido, una interesante propuesta para la presente coyuntura de crisis y cambio por la que atraviesa el país se ofrece en un reciente discurso del rector de la UCA, José María Tojeira (cfr. "Construir futuro desde la generosidad, la inteligencia y la solidaridad", discurso para los actos de graduación de mayo de 2009). Allí se plantea que, frente a una economía excluyente que ha profundizado los problemas estructurales, se deben hacer esfuerzos por construir una sociedad en la que se combinen adecuadamente racionalidad incluyente, economía social de mercado y generación de un espíritu de gratuidad.
La racionalidad incluyente, como factor de equidad social, habrá de reflejarse en la legislación y en las instituciones, sabiendo que sólo la mejoría sustancial de los derechos económicos, sociales y culturales abre la posibilidad de desarrollar plenamente las capacidades de la persona. Pero, para que esa racionalidad no quede en meras intenciones, habrá que integrarla en un modelo económico concreto. Se propone la economía social de mercado como modelo con buenas posibilidades para el desarrollo. En este enfoque hay un reconocimiento del mercado como un instrumento eficaz para la creación de riqueza, sin que se ignoren sus peligros: favoritismos monopólicos, explotación de los trabajadores, especulación financiera que favorece a unos pocos. El antídoto para esos peligros es lo que se denomina racionalidad incluyente, que consiste en darle prioridad al trabajo sobre el capital, establecimiento de una política fiscal justa, desarrollo de la responsabilidad social de la empresa y fortalecimiento institucional y democrático.
El tercer elemento propuesto es el cultivo del espíritu de gratuidad, que se contrapone a la pura competitividad predominante y que surge del convencimiento de que la suma de los egoísmos individuales no lleva ni al equilibrio ni a la cohesión social, sino a menoscabar el bien común. La cultura de la gratuidad que lleva a la solidaridad con los más vulnerables es lo que se propone como nuevo dinamismo de la convivencia social. La fuerza política de la ciudadanía es fundamental para alcanzar esta meta inmediata que fusiona racionalidad incluyente, economía social de mercado y espíritu de gratuidad.
En el primer discurso del presidente Mauricio Funes, encontramos promesas importantes que coinciden con este modo de entender el cambio. Ha dicho que los únicos privilegiados de su Gobierno serán los más pobres; que su Gobierno será una meritocracia, es decir, que los funcionarios públicos serán personas seleccionadas en virtud de sus capacidades y no por prebendas o lealtades políticas; que gobernará con fidelidad al mandato constitucional y con afán de servir a la población más desfavorecida. Si estas promesas se convierten en hechos en un tiempo más o menos corto, podremos decir que hemos entrado en una nueva fase que posibilita realidades de inclusión a las mayorías del país.
