Falacia del crecimiento

En un buen número de personas, pero sobre todo en los formadores de opinión, persiste la idea de que el crecimiento es una condición necesaria —para algunos, también suficiente— para mejorar el bienestar de la sociedad. Además, sigue prevaleciendo la idea de que la única o la mejor forma de crecer es el esfuerzo que haga la empresa privada, materializado, principal y casi exclusivamente, en la inversión, la cual se mide siempre en términos monetarios: millones de dólares. Estas dos premisas juntas permiten construir un silogismo que deriva en afirmaciones tan llanas como que para mejorar el bienestar de las personas se debe promover y proteger la inversión privada.

En esta línea, el Gobierno ha presentado a la Asamblea Legislativa una serie de anteproyectos y propuestas de reformas legales: Ley Especial de Agilización de Trámites para el Fomento de Proyectos de Construcción; Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones; Ley de Firma Electrónica; reformas a las leyes de Zonas Francas y de Servicios Internacionales. Según estas propuestas, se logrará el bienestar social, sobre todo, con base en dar seguridad jurídica al empresario privado, beneficios e incentivos fiscales, y baja de los costos de transacción. Asimismo, en el caso del anteproyecto de ley de asocios público-privados, asegurándole el retorno de la inversión.

Estas premisas se sustentan en una serie de supuestos no explícitos lejanos a la realidad socioeconómica de El Salvador. Por ejemplo, que el crecimiento económico lleva aparejado el aumento del empleo, tanto en calidad como en cantidad; que el crecimiento económico incluye una distribución del excedente más o menos equitativa; que las empresas no tienen poder económico ni de mercado o que al menos no lo ejercen abusivamente; que el Estado es fuerte, capaz de regular a las empresas y de llevar a cabo una política fiscal que corrija cualquier desigualdad surgida de la distribución primaria (o funcional) del ingreso. Si todos estos supuestos se cumplieran, sería atinado pensar que simplemente con promover, proteger y consolidar la inversión se lograría, además de crecimiento económico, un mayor bienestar de la población.

Lamentablemente, la realidad salvadoreña refuta tajantemente todos estos supuesto no explícitos. Así, la empresa privada ha demostrado ser poco capaz de crear la cantidad y calidad de empleo que se necesita para fortalecer el vínculo entre crecimiento y desarrollo humano sostenible. Aquellos sectores con mayor dinamismo, sobre todo el exportador, se caracterizan por sustentar su espuria competitividad en salarios bajos. Por otra parte, más del 50% del total de empleos creados no cumplen con las condiciones mínimas para obtener el calificativo de digno, y ni siquiera implican una vinculación laboral estable.

La distribución primaria del ingreso demuestra que el mayor porcentaje del excedente creado por las empresas privadas gracias al trabajo asalariado se queda en manos de los escasos propietarios de los medios de producción; mientras que una proporción menor a un cuarto del total de ingresos corresponde a salarios y debe distribuirse entre la gran población trabajadora. Al mismo tiempo, el Estado, específicamente al Ministerio de Hacienda, no logra mejorar la recaudación y progresividad de los impuestos, pues enfrenta una férrea oposición de la empresa privada que evidencia así su poder económico y mediático­­­. Por el lado del gasto, existen dificultades para ofrecer a la ciudadanía servicios públicos esenciales y necesarios de calidad y fácil acceso.

A pesar del trabajo de la administración actual por encauzar los esfuerzos estatales en lo que se conoce como política social, todavía falta mucho por consolidar. Más bien, la acción del Estado está enfocada en facilitar las transacciones económicas de una economía de mercado —supuestamente, para lograr la eficiencia en el uso de los recursos, una condición necesaria en todo tipo de sistema— que en promover la justicia social y el bien común, como lo manda la Constitución de la República.

En conclusión, nos parece falaz sostener que con lograr que se materialice la inversión (ya sea pública o privada) se avanzará hacia el desarrollo humano sostenible. Antes, hará falta recorrer mucho camino para consolidar la institucionalidad. Abundan ejemplos de que la inversión no es el mejor camino hacia el bien común; las maquilas textiles son muestra vigente de esta situación. Hay que guardar cautela ante los anteproyectos de ley mencionados y analizar si en el país existen las condiciones objetivas que posibiliten los resultados esperados. De nueva cuenta, se presenta el riesgo de lo sucedido con la dolarización o la prolífera suscripción a los TLC: prometían grandes resultados, pero las condiciones objetivas del país empujaron en sentido contrario.