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Los recientes hechos de violencia cruda y sin precedentes en el país han colocado en el centro del debate varios temas. El primero es la urgente necesidad de un trabajo efectivo por parte de las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana. Un segundo tema está relacionado con los llamados de sectores de la sociedad civil hacia las autoridades para la puesta en práctica de cambios institucionales y legales que permitan la incorporación de medidas más drásticas (como la pena de muerte) para los responsables de actos similares a los del pasado fin de semana.
Ambos puntos van de la mano, pues las autoridades son las principales responsables en la garantía de los derechos de las y los ciudadanos, incluyendo desde luego el derecho a la seguridad ciudadana como una dimensión esencial de una vida digna.
Apenas la semana pasada, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamaba la atención al Estado salvadoreño con respecto a las condiciones y políticas públicas relativas a la seguridad. La inoperancia de los planes y medidas ejecutadas hasta el momento queda en evidencia cuando grupos criminales hacen lo que les da la gana. A las fallas de la investigación y los procesos judiciales se suma la impunidad en la que la mayoría de hechos registrados permanece.
Sin embargo, las apuestas por endurecer las medidas de combate a la delincuencia, vía represión o vía legislativa, han demostrado cero efectos en cuanto a la reducción de la criminalidad y la disminución de incentivos para delinquir. En su lugar, la prevención como estrategia y eje transversal de las políticas, el ejercicio efectivo de la investigación y el funcionamiento del sistema de justicia son algunas de las garantías de cambios en materia de seguridad.
La indignación que ha causado el horrible hecho de violencia debe hacer despertar a la población salvadoreña. Preocupa sobremanera que, por medio de redes sociales y en la opinión pública, cobre fuerza el discurso que llama a la represión y el autoritarismo en el uso de la fuerza por parte del Estado, e incluso el llamado a la acción de grupos ilegales en prácticas de "limpieza".
En este sentido, el dolor social debe canalizarse hacia formas creativas de exigir justicia, sin caer en la misma lógica de los asesinos. La lógica del ojo por ojo, diente por diente no resuelve los problemas estructurales. Desde el punto de vista humano, pareciera la opción más justa, pero la venganza legal que daría una medida como la pena de muerte no contribuirá a la cultura de paz que tanto nos hace falta construir.
La sociedad está ávida de respuestas efectivas y cambios. Pero estos pasan por alejarnos de la cultura autoritaria que tanto permea las interacciones sociales; en su lugar, construir nuevas formas de convivencia y acción pacífica es la alternativa para nosotras y nosotros, las y los ciudadanos.
