La ética y los funcionarios

Apareció en El Faro recientemente. Se trata de una entrevista con el anterior presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la que el ex funcionario, con su habitual desparpajo, niega que fuera una falta de ética cobrar 28 mil dólares el último día de su trabajo, aprovechando una bonificación al retiro voluntario que se otorga a los jueces. Una entrevista que resulta impresionante por dejar patente que este señor, durante nueve años presidente de la Corte, ignora demasiado sobre la ética. En ese sentido, al comentar la entrevista no se pretende atacar a un individuo, sino reflexionar sobre la incapacidad que a veces muestra la Asamblea Legislativa para elegir personas adecuadas para puestos de segundo grado. Porque la democracia y la falta de ideas claras sobre la ética son incompatibles.

En primer lugar, este ex presidente de la Corte compara y equipara el sistema nacional de pensiones con un bono especial para la judicatura, y en particular para los jueces que, por las razones que sean, abandonan la carrera judicial antes de jubilarse. Si se cuestiona el bono, habría que cuestionar "a todos los pensionados del país", asegura el ex presidente de la Corte. Este tipo de afirmaciones muestra ignorancia no sólo de la ética, sino de principios básicos del derecho y, por supuesto, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Confundir un derecho universal con un bono extraordinario, concedido en determinadas circunstancias históricas, muestra que esa cabecita jurídica lo que menos alberga son criterios sólidos.

En segundo lugar, confunde lo legal con lo ético. Ignora que no siempre lo legal es ético: un divorcio puede ser legal, pero puede estar plagado de comportamientos totalmente carentes de ética; el aborto es legal en algunos países, pero la legislación no lo convierte en un acto ético. Un licenciado en derecho incapaz de distinguir entre lo ético y lo legal es definitivamente un mal jurista. Recuerda, por lo falso y peligroso para la democracia, los versos que Roberto Sosa dedicó a la casa de la justicia: "Jueces sombríos / hablan de pureza / con palabras / que han adquirido / el brillo / de un arma blanca". Y lo grave es que nuestra Asamblea no tuvo dudas a la hora de ratificar durante nueve años al frente de la Corte Suprema a un señor con ignorancia manifiesta.

Si lo ético y lo legal fueran lo mismo, no sería necesaria la existencia de un Tribunal de Ética Gubernamental en el Estado salvadoreño. Aunque, por lo visto, esas son pequeñeces para el ilustre asesor de quienes hoy quieren atacar a la actual Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Ni para atacar son buenos estos legisladores que se apoyan en la charlatanería ignorante. Sin embargo, esta ignorancia manifiesta algo nos dice del sistema judicial. Se pone con frecuencia en la Corte no a personas con criterio jurídico, sino a gente que simpatiza con grupos y criterios políticos, y que además es manipulable. Gente a la que se le ayuda después con jóvenes profesionales del derecho a los que simplemente se les da la orden de que redacten un fallo en una dirección u otra, según sean las conveniencias de sus patrocinadores. Lástima que el Tribunal de Ética sólo atiende demandas contra funcionarios en ejercicio. Porque este caso de los cinco magistrados pisteros es interesante para ser analizado. Interesante y clave para el desarrollo de nuestra democracia. Pero nuestro Tribunal de Ética fue creado con las alas demasiado cortas por estos genios de la Asamblea.

El puesto de este ex presidente de la Corte Suprema no es permanente, sino temporal. Y su renuncia fue interpuesta la víspera de que su mandato concluyera. Retirase voluntariamente un día antes de que termine el plazo laboral impuesto por la Constitución da un poco de risa. Y un trámite que debería tardar semanas en ser procesado adecuadamente tuvo efecto en un sólo día. Un efecto de 28 mil dólares. No se esperó, por supuesto, a que la Asamblea aceptara la renuncia, que es ante quien debía ser presentada, porque al día siguiente ya entraba en funciones el nuevo presidente de la Corte: lo importante era el dinero, y no hubo preocupación por guardar mínimamente las apariencias. Por su parte, la Asamblea Legislativa no protestó por lo que era una evidente burla, dejándose a sí misma en evidencia. Si la Asamblea fuera seria, hubiera rechazado la dimisión del tal ex presidente, tan claramente movida por razones exclusivamente pecuniarias y de último momento.

Con frecuencia hablamos en foros de la necesidad de fortalecer las instituciones del Estado. Pero casos como el que mencionamos nos demuestran que, más que de una verdadera intención, de lo que se trata es de utilizar un discurso de moda. No podemos negar que nuestras instituciones son flojas, acogen a oportunistas y alojan buenas dosis de corrupción y mal funcionamiento. No obstante, salvo honrosas excepciones, somos incapaces de llevar a la práctica el discurso que con tanta frecuencia utilizamos. Y a las excepciones las tratamos de humillar y atacar, como algunos están haciendo contra algunos magistrados de la Sala de lo Constitucional. La transparencia, el blindaje contra el aprovechamiento de las ventajas del poder, el diseñar las instituciones de tal manera que este tipo de abusos vergonzosos no puedan repetirse, es mucho más urgente de lo que muestra el discurso vigente. Un discurso que, mientras no tenga efecto en la realidad, se queda en simple charlatanería. Ojalá no sea necesario aguardar a nuevas generaciones que barran este basurero público con la fuerza huracanada de quien está harto de convivir con la mediocridad, la ignorancia y la escasa vocación democrática.