El jueves 11 de marzo, un alumno del Instituto Nacional Francisco Menéndez (Inframen) fue apuñalado por otro del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) El joven del Inframen murió. No era la primera vez que estudiantes de ambos institutos se enfrentaban; tampoco fue la primera víctima mortal de este tipo de riñas. Lo que hace diferente a este hecho es que fue registrado por un fotoperiodista y que ocurrió mientras se discute la pertinencia o no de aumentar la pena de internamiento para menores de edad.
Sobre lo primero, se ha cuestionado al fotógrafo por no haber intervenido cuando observó la agresión. El mismo presidente de la República, Mauricio Funes, dijo sentirse preocupado porque ni el reportero ni las personas que aparecen en las imágenes evitaron el asesinato. Se sumó así a las declaraciones de la directora departamental de Educación, Lilian de Benavides, quien dijo estar consternada porque el periodista no actuó.
Nilton García, el fotoperiodista cuestionado, se ha defendido. Dijo que el asesinato ocurrió en veinticuatro segundos y que él estaba a sesenta metros del hecho. La madre de la víctima incluso le agradeció por haber auxiliado a su hijo luego de haber sido agredido. Sus fotografías también han servido para denunciar la violencia que vive el país. Nilton cumplió su trabajo.
Quienes han fallado son las personas que, teniendo los recursos estatales, no han podido frenar la criminalidad y evitar que mueran más personas. Han fallado las autoridades educativas que durante todo este tiempo han sido incapaces de desmontar los conflictos entre el alumnado de los institutos nacionales. Eso sí debe causar consternación.
Nilton tampoco debería enfrentar procesos judiciales por haber tomado estas fotografías, pese a que el homicida era menor de edad. En ese momento, no había forma de determinar cuántos años tenía el victimario. Sí lo pudo hacer el medio que las publicó, y en eso la juez del caso tiene razón. Guste o no, la Ley Penal Juvenil y el Código de Familia prohíben que se dé a conocer la identidad de un menor de edad, aunque haya cometido un delito, excepto si este es prófugo y la vida de víctima y testigos corre peligro. Eso no aplica para este caso; el asesino está detenido.
El medio no puede alegar que desconocía la edad del victimario. La primera nota periodística que daba cuenta del hecho se tituló "Homicida de 17 años". En todo caso, si existía duda sobre la edad, lo prudente hubiera sido ocultar la identidad. No se hizo así y se rodeó a la noticia de toda la discusión sobre la superación del veto presidencial al aumento de penas.
Es importante, para que el país comience a avanzar, que se respete y se haga respetar el Estado de derecho. Nadie debe estar sobre la ley; por lo tanto, quienes la incumplen deben asumir su responsabilidad. Por eso la juez hace bien en investigar quién ignoró esta disposición y deducir responsabilidades. Si a alguien no le gusta que se proteja la identidad de un menor de edad, entonces debe promover una reforma.
La libertad de expresión debe respetarse y garantizarse. Eso es cierto. Por eso, las críticas al trabajo de Nilton García ignorando las condiciones en que se dio no son aceptables, tampoco sería que se le enjuiciara por tomar las fotografías. Eso sería un acto intimidatorio y debería condenarse.