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Hablar de izquierda radical en El Salvador, como en muchas otras partes, no ha sido más que un recurso para desacreditar a opositores. En el tiempo de la guerra civil, los militares llamaban "delincuentes terroristas" a quienes componían a la supuesta izquierda radical. Esa denominación habilitaba a algunos miembros del Ejército para matar con toda tranquilidad. Hoy, sin guerra, la frasecita de ataque es la de "izquierda radical", gracias a Dios y de momento sin añadirle el calificativo "terrorista". Como si la palabra "radical" fuera peyorativa y desprestigiara a quien se le aplica. Se puede ser radical haciendo el bien. Es positivo, por ejemplo, ser radicalmente honrado. Se aprecia a una persona que es radical en su sinceridad y en su amistad. Los papas de la Iglesia católica piden con frecuencia a los cristianos que sean radicales en su fe. Pero si alguien es de izquierda radical, es automáticamente considerado como malo. Esos son los misterios del lenguaje que ni siquiera los periodistas que ganan premios internacionales son capaces de descifrar.
Pues bien, el caso es que el presidente Funes ha vuelto a insistir en que la opinión de que se está militarizando la seguridad pública no es más que una "campaña de algunos sectores de la izquierda radical". El Presidente, en efecto, debe tener información de que en el país existe una izquierda radical lo suficientemente amplia como para tener varios sectores. Por lo buen periodista que fue, no se puede pensar que ignore el sentido textual de sus palabras, especialmente cuando las utiliza en una entrevista internacional. No estaría mal que indicara públicamente cuáles son esos sectores, al menos para que la ciudadanía conozca mejor el pensamiento político de su Presidente y de su país.
Pero más allá del pensamiento de Mauricio Funes, podemos observar algunos datos que son innegables. El lenguaje de las autoridades encargadas de luchar contra la delincuencia ha cambiado. Piden leyes más duras, algunas de ellas reñidas con los procedimientos policiales de una democracia; hablan más de guerra contra el crimen y menosprecian en sus declaraciones los derechos humanos. Resulta, además, que quienes hacen esas declaraciones son militares en retiro o exmilitares; que alguno de ellos se pone sobre el uniforme policial las distinciones de la carrera militar; y, sobre todo, que pasan a una gran velocidad de la situación de alta a la situación de baja.
Se manifiesta una comprensión de la violencia un tanto esquizofrénica, poco sustentada en datos objetivos y sumamente despectiva con respecto a las víctimas cuando el Presidente de la República afirma que el país no es tan violento como se dice, porque son los miembros de las maras, enfrascados en su brutal guerra tribal, los que ponen el 90% de los muertos por asesinato. Y no se trata solo del lenguaje. Hay también señales de mayor agresividad en el accionar policíaco-militar. Hoy se lleva a los jóvenes adolescentes a visitar bartolinas donde los presos están hacinados, se hacen registros indiscriminados a quienes viajan en autobús, al estilo militarizado de los años de la guerra civil. Y ya se ha dado el caso del asesinato de un joven a manos de soldados. Un asesinato que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no ha vacilado a la hora de calificarlo como ejecución sumaria.
Cuando desde posiciones de poder se toman demasiado rápidamente decisiones legales para ocultar o eliminar ilegalidades, se corre el riesgo de caer en lo que los abogados llaman fraude de ley. Un delito que consiste en utilizar la ley maliciosamente para cambiar una acción ilegal en un hecho legal. Aunque no estamos afirmando que se haya cometido este delito en el nombramiento de militares en retiro, creemos que no es conveniente para nuestra democracia el proceder de modos y maneras que resultan al menos discutibles. Como tampoco creemos positivo para la democracia que el mandatario salvadoreño se dedique a descalificar públicamente cualquier crítica a ciertas medidas gubernamentales que son, al menos, discutibles.
La derecha trató en muchas ocasiones de descalificar al actual Presidente de la República tachándolo de izquierdista cuando ejercía libremente su labor de periodista, que muchos admiramos. Incluso es posible que esas críticas que lo asimilaban a una izquierda radical fueran la causa de que algunos ciudadanos decentes y demócratas, críticos y de centro, le dieran su voto en las últimas elecciones. Utilizar a estas alturas un lenguaje tan semejante al que ciertos empresarios, medios de comunicación y políticos de derecha usaron contra el actual Presidente, y usarlo ahora contra grupos y personas que en su momento pueden haberle dado el voto, llama poderosamente la atención. Un poco de debate racional en torno al combate de la delincuencia y a la búsqueda de equilibrio entre investigación, persecución, sanción y prevención del delito, sería más provechoso para el país que estas intervenciones que, en vez de moderar el tema, tienden a echarle más leña al fuego.
