La misma piedra

El presidente de la República, Mauricio Funes; el canciller, Hugo Martínez, y el director general de Derechos Humanos de la Cancillería, David Morales, han insistido en que la ley de amnistía no es un obstáculo para hacer justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la guerra. Ciertamente, la Corte Suprema de Justicia dijo que no podían ser amnistiados quienes eran funcionarios de Gobierno cuando esta ley se aprobó, ni los delitos contra la humanidad. Eso, sin embargo, no ha impedido que los tribunales sigan negándose a resolver los casos de tortura, ejecuciones, masacres y desapariciones amparándose en la amnistía.

Ahora resulta que también el fiscal general de la República, Romeo Benjamín Barahona, usa ese argumento para negarse a investigar el magnicidio de monseñor Romero. "Hay un obstáculo de procedibilidad", afirmó, y añadió que se debe derogar la amnistía para dar con los asesinos de monseñor.

El Ejecutivo le trasladó al fiscal Barahona la responsabilidad de investigar y determinar responsabilidades en ese caso. Esta fue una de las peticiones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo al jefe de Estado salvadoreño y que este debe satisfacer. También le requirió que adecuara la legislación interna para dejar sin efecto la ley de amnistía. En ambos casos, la representación estatal afirmó que no era facultad del Ejecutivo, sino de los otros órganos de Estado. Agregó que no podía interferir ni violar la independencia de poderes.

Eso es medianamente cierto, porque el Presidente y su equipo sí pueden incidir para que se cumplan estas demandas. El Director de Derechos Humanos de Cancillería, el Canciller o el Presidente mismo, de ser necesario, pueden explicarle al Fiscal General los casos en los que la amnistía no aplica y pedirle que cumpla con su trabajo.

El mandatario también puede hacer uso de su iniciativa de ley y capacidad de incidencia en la Asamblea para impulsar la derogación de la ley de amnistía. Lo hizo con la reforma fiscal y lo está haciendo con las reformas a la ley penitenciaria para lograr que los soldados custodien las cárceles. Desde Casa Presidencial también se medió para que se eligiera al actual Fiscal, incluso para que se detuviera la aprobación de la ley de transparencia y acceso a la información.

¿Por qué no hace lo mismo para lograr que se derogue la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz? Porque no quiere. Tan sencillo como eso. Desde la campaña presidencial, el entonces candidato y ahora presidente, Mauricio Funes, aseguró que no movería un dedo para acabar con la amnistía. Eso mismo habían dicho sus antecesores. Ahora se está comportando igual que ellos.

De nada sirven los monumentos, las declaraciones y los pedidos de perdón si antes no media la voluntad de buscar la verdad y hacer justicia. Esa es la mejor forma de dignificar la memoria de tantas personas masacradas, torturadas, ejecutadas y desparecidas. Pero por la insensibilidad de todos los actores políticos, las víctimas siguen tropezando con la misma piedra: la amnistía.