La paz salvadoreña tras los acuerdos de 1992

Una lectura atenta de los Acuerdos de Paz en su conjunto (Ginebra, Caracas, San José, México, Nueva York, y Chapultepec) permite visualizar cuando menos dos elementos de lo que podríamos llamar su "espíritu": primero, la necesidad de priorizar la sensatez y la razón política para finalizar con el conflicto armado y, segundo, buscar la refundación de la sociedad salvadoreña sobre la base de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el conocimiento público de la verdad sobre graves hechos de violencia ocurridos desde 1980. Sin olvidar que, según los acuerdos de Chapultepec, la reunificación de la sociedad salvadoreña, en democracia, tiene como uno de sus requisitos el desarrollo económico y social.

Con ese espíritu se lograron importantes acuerdos de carácter político, tales como el cese definitivo de la guerra civil; la retirada de la Fuerza Armada de la vida política, su reducción y depuración; la desmovilización del FMLN y su conversión en partido político; la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos humanos y la Policía Nacional Civil. Pero los Acuerdos no solo estaban orientados a transformar una situación de violencia, sino también a poner las bases de justicia y equidad para transformar una realidad de injusticia social de larga data.

La guerra y la problemática económica eran las principales preocupaciones de la ciudadanía en la década de los ochenta; con los Acuerdos de Paz se da un cambio histórico: se pone fin al conflicto armado, pero al mismo tiempo surge un nuevo problema que amenazará la paz lograda: la violencia delincuencial. Desde 1994, el problema de la criminalidad domina, intercambiando su preponderancia con los problemas económicos. Por eso, algunos sostienen que la paz que tenemos en El Salvador es una paz violenta; no la violencia de la guerra, sino la de la inseguridad pública, cuyo reflejo más impactante lo constituyen los 12 o 15 homicidios diarios.

En lo que respecta al problema económico, después de los Acuerdos de Paz no solo no se tomó en serio la plataforma mínima de compromisos orientada a facilitar el desarrollo de los estratos sociales mayoritarios, sino que se impulsaron políticas económicas en perjuicio de esas mayorías y en beneficio de sectores minoritarios vinculados al partido Arena. Estos grupos se fortalecieron con el proceso de privatización de la banca, la privatización de los grandes activos del Estado y la dolarización de la economía. Se consolidó un modelo económico incoherente con los logros políticos de los Acuerdos de Paz; peor aún, contrario al espíritu de estos. Se construyó así una paz violenta por pobreza y exclusión.

El primer Gobierno de Arena firmó la paz, pero su política económica excesivamente liberal y plegada a los intereses de los más ricos, su actitud proclive a los actos de corrupción, y una política de seguridad fallida han sido formidables obstáculos para alcanzar una paz verdadera. El cambio de Gobierno de 2009 generó nuevas y grandes expectativas sobre la posible solución de los principales problemas que afectan a las mayorías. No obstante, la ciudadanía aún sigue esperando que la administración Funes resuelva los problemas económicos y de violencia delincuencial que la afligen. Actualmente, en buena parte de los salvadoreños y salvadoreñas hay incertidumbre, desencanto y frustración causados por los altos índices de violencia, el aumento de la pobreza, la falta de confianza en las instituciones que deberían garantizar la paz y la democracia, y la falta de justicia para las víctimas. De ahí que un alto porcentaje de la población considera que El Salvador necesita un cambio de dirección.

Y ese cambio pasa, hoy en día, por abordar con eficacia y eficiencia los problemas antes citados. Pasa también por superar la incompetencia de la clase política y, consecuentemente, su mal desempeño. Retomar el espíritu de los Acuerdos de Paz en este campo supone vincular la política con la ética, con el bien común, con el pluralismo real, con la concertación producto del debate responsable, del disentimiento y el consenso.

Con los Acuerdos de Paz se posibilitó, sobre todo, una reforma política con alcances, limitaciones y peligros de retroceso; pero sigue pendiente la reforma económica, aspecto sustancial de la paz social y de la democracia real. Es este uno de los principales desafíos del actual Gobierno. En la solución de los actuales problemas debe influir el espíritu de los Acuerdos, esto es, la fuerza de la razón para enfrentar la crisis, y la voluntad de verdad y de justicia para refundar la sociedad salvadoreña que queremos.