Para mucha gente en El Salvador, el hecho de que le nieguen la visa de los Estados Unidos es una especie de castigo. Especialmente para aquellos que se sienten superiores en el país (empresarios, políticos, profesionales), no tener visa es una humillación. Como que la visa gringa fuera una especie de título nobiliario. También nuestros hermanos mexicanos tienen estatalmente algo de esa tendencia a considerar de élite a los que tienen visa estadounidense, porque si se tiene ese sello en el pasaporte, ya no se necesita visa mexicana, aunque se trate de un corrupto de marca o un criminal evidente. Hablamos a veces contra el imperio del norte, pero tener ese pequeño cordón umbilical “made in USA” que es la visa parece convertirnos en seres de primera categoría. O al menos a algunos les ayuda a reconocerse como tales. Ir al paraíso de Disneylandia en Florida es el mejor regalo que ciertos sectores salvadoreños de élite (o que se creen de élite) les pueden hacer a sus hijos.
Por esa razón es noticia que les quiten la visa a los militares que están acusados de participar en el asesinato de los jesuitas de la UCA y sus dos colaboradoras. De hecho, a los soldados que dispararon, que viven en pobreza, el tema de la visa les debe tener sin cuidado. Nunca se la hubieran dado, pensando que querían quedarse en Estados Unidos. Y si hubieran querido ir allá, se hubieran ido sin papeles y a trabajar. El asunto, en la práctica, le debe afectar a dos o tres de los trece mencionados por Mike Pompeo. Lo más curioso, y que merece comentario, es el final del comunicado del secretario de Estado: “Las acciones de hoy enfatizan nuestro apoyo a los derechos humanos y nuestro compromiso para promover la responsabilidad de los perpetradores y alentar la reconciliación y una paz duradera”.
En realidad, poco énfasis en derechos humanos tiene una acción tan simple y que tarda 30 años en ser hecha. Cuando las víctimas o los defensores de derechos hemos solicitado informes de Estados Unidos sobre crímenes, los papeles que entregan vienen llenos de tachaduras, revelando así la falta de colaboración con los derechos humanos. Recuerdo entre los papeles recibidos un documento desclasificado, precisamente del general Vernon Walters cuando era representante de Estados Unidos ante la ONU, criticando a monseñor Rivera por haber dicho en una homilía que a la testigo Lucía Serna, que vio a los del Atlacatl dentro de la UCA, la habían torturado psicológicamente miembros del FBI en Estados Unidos. Otro informe desclasificado de Bernard Aronson decía que yo tenía un resentimiento con Estados Unidos por haber sabido en Honduras de los abusos de la United Fruit Company contra la gente y que por eso les acusaba de poca colaboración en la investigación del asesinato de los jesuitas. Y por supuesto, todo con múltiples tachaduras. En vez de ayudar, criticaban a quienes reclamábamos algo.
En Estados Unidos, en lo que respecta al Caso Jesuitas, hemos tenido espléndidos amigos, solidarios y colaboradores en la búsqueda de la verdad. Dos de ellos, Joe Moakley y Jim McGovern, merecieron tener un doctorado honorífico de la UCA precisamente por su solidaridad. En contraste, otros funcionario vinculados al Departamento de Estado, además de los ya mencionados, no tuvieron ni una pizca de empatía, mucho menos de esfuerzo, como dice Pompeo, “para abordar las violaciones y abusos de los derechos humanos en todo el mundo, sin importar cuándo ocurrieron o quién los perpetró”. Dada la dependencia mental, psicológica y afectiva con Estados Unidos, puede que la amenaza de que se les niegue la visa ayude a algunos funcionarios salvadoreños a ser más diligentes. A algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia solo imaginar que les van a quitar la visa gringa por retardo judicial en casos de derechos humanos les pondría la carne de gallina. Pero aunque el retardo judicial esté condenado en la Constitución salvadoreña y sea una violación de derechos humanos, tranquilos, señores magistrados: a tanto no llegará Pompeo.
* José María Tojeira, director del Idhuca.