Las cárceles en El Salvador

Las cárceles salvadoreñas fueron un problema serio de seguridad durante los Gobiernos anteriores, siguen siéndolo en el actual y continuarán siéndolo si no se hace nada para reformar el sistema penitenciario nacional. Se puede comenzar por disminuir el hacinamiento: hay más de 23 mil personas amontonadas en las cárceles nacionales, que tienen cupo sólo para 8 mil reos. Casi se ha triplicado la capacidad. No hay condiciones de salubridad. Constantemente se denuncia la falta de limpieza en los inodoros y en los suelos. La saturación ha provocado que haya reos durmiendo en el piso y junto a estos baños sucios.

En cuanto a la salud de los recluidos y las recluidas, las organizaciones que trabajan en la atención de personas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) han denunciado que las clínicas en las cárceles suelen permanecer cerradas, que no se les proporciona el tratamiento adecuado y a tiempo a las personas que viven con VIH, y que se carece de medicamentos para cualquier enfermedad.

Estos no son los únicos problemas. Hace unos meses, el director de Centros Penales, Douglas Moreno, anunció que investigaría posibles actos de corrupción en los Consejos Criminológicos. Entre otras funciones, estos Consejos determinan el régimen y tratamiento de los internos y establecen las directrices para clasificarlos y trasladarlos. El mal funcionamiento de estas instancias conduce a que personas que cometieron delitos leves convivan con peligrosos criminales en un mismo espacio. Los Consejos también deben, según la ley penitenciaria, evaluar a los reos para proponer quiénes pueden gozar de libertad condicional. Por eso, que estos organismos estén viciados es un problema serio.

Las cárceles no están cumpliendo con su labor de reinserción social. En buena medida, esto tiene que ver con la clasificación de los recluidos y las recluidas, y con la ausencia de programas de capacitación, estudio o desarrolló en alguna actividad productiva.

Finalmente, hay un problema que se ha agravado con la presencia de militares en estos recintos. El relator de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rodrigo Escobar, quien visitó hace una semana El Salvador, denunció los malos tratos hacia las personas que visitan a los reclusos: "Se somete a los familiares que acuden a visitar a los internos a determinadas formas de trato degradante y que afectan el derecho fundamental a la familia".

El que una persona haya cometido un delito, por más grave e inhumano que este sea, no es excusa para que el Estado y la sociedad lo traten inhumana y criminalmente, como a un animal. Por fortuna, ya ha perdido validez la ley del talión —aunque muchos la añoren—, esa que proponía "ojo por ojo y diente por diente". Ahora, como bien afirma el sacerdote Hubert Lanssiers, "el Estado", y la sociedad también, "están obligados a mostrar su superioridad moral".