Las heridas de los victimarios

Cada vez que se toca el tema de esa ley de amnistía que en su momento fue una bofetada para los pobres de El Salvador, los que la defienden dicen que derogarla o declararla inconstitucional sería reabrir heridas. Aunque algunos piensan con sinceridad que derogarla podría traer problemas a la convivencia nacional, hay un buen número de defensores de la ley de amnistía que manipulan descaradamente el tema de las heridas. Resulta, en el discurso de estos últimos, que estar en contra de una ley que a muchos ha parecido injusta es querer volver a los tiempos de la guerra. Solo falta que algún diputado de Arena vuelva a decir que si se deroga la ley de amnistía, será él el primero en salir a la calle con un fusil.

El informe de la Comisión de la Verdad de El Salvador asegura que el 85% de los más de 20 mil casos de graves violaciones a los derechos humanos analizados corresponde al sector gubernamental y el 5% a los sectores insurgentes; y que para el 10% había sido imposible determinar la autoría dadas las circunstancias, falta de testigos, etc. Lo que resulta indiscutible, tanto en dicho informe como en los de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador o en los datos recopilados por el Idhuca, es que las diversas instituciones militares y paramilitares estatales violaron mayoritaria y abrumadoramente los derechos de los salvadoreños. Y resulta que quienes más hablan de no reabrir heridas son precisamente los amigos o representantes de esas instancias estatales que cometieron la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos.

¿Será que las heridas las cargan los victimarios y no las víctimas? Cuando el familiar de alguien asesinado pide que se diga la verdad sobre su caso y que el victimario reconozca el crimen y pida perdón, no solo está tratando de cicatrizar definitivamente sus heridas, sino que además está ofreciéndole al victimario tomar esa opción profundamente moral de pedir perdón. Por eso, el lenguaje de reabrir heridas, especialmente cuando está puesto en boca de victimarios o de sus representantes, no solo constituye una perversión, sino que continúa revictimizando a la víctima y a sus familiares.

El lenguaje de los victimarios es harto conocido. No abrir heridas tiene el correlativo de que quienes piden justicia son casi criminales que quieren hacer daño al país. A lo largo del Caso Jesuitas, los insultos para quienes pedimos verdad, justicia y perdón han sido incontables. La repetición absurda de que si éramos cristianos, dejáramos el juicio a Dios en vez de andar pidiendo justicia aparecía con frecuencia en los periódicos. Las acusaciones de que buscábamos venganza, de que estábamos llenos de odio, de que solo nos movía la política eran frecuentes. Incluso cuando solicitamos a la Asamblea Legislativa el indulto para quienes fueron condenados en 1991 por el asesinato de nuestros compañeros, recibimos como respuesta una carta del presidente de la misma institución diciéndonos que nuestra petición tenía visos políticos y que era inaceptable. En este contexto, no es raro que muchas víctimas, cuando oyen lo de reabrir heridas, vean en el rostro de quienes así hablan la sombra de los asesinos.

Muchas veces se pone como ejemplo de convivencia a familias poderosas que tuvieron víctimas en su familia y que han decidido pasar la página. Es evidente que eso honra a esas familias. Pero no se puede poner como ejemplo de reconciliación universal a quienes tuvieron recursos sicológicos, económicos, sociales y de apoyo mediático y político. Los casos que se mencionan fueron condenados tanto por los poderes públicos como por los medios de comunicación en su momento. Las víctimas mayoritariamente perjudicadas por la ley de amnistía fueron ejecutadas y despreciadas por los poderes públicos, e ignoradas por los medios de comunicación social. E incluso en ocasiones tachadas de delincuentes. Más de un militar, por poner un ejemplo, decía en tiempos de guerra que todos los masacrados en el Mozote eran "DT", término con el que simplificaban "delincuentes terroristas", como llamaban a los guerrilleros.

Derogar la ley de amnistía no debería ser problema para El Salvador si se sustituye por una ley de reconciliación nacional que privilegie el establecimiento de la verdad y facilite la investigación de la misma; que dé compensación moral a las víctimas, reafirmando su dignidad; y que ofrezca a los victimarios el indulto de las penas que se merezcan a cambio de ayudar al establecimiento de la verdad o de pedir perdón por sus crímenes. El "perdón y olvido", según hemos visto, no ha dado resultado en ninguna parte. Establecer opciones más racionales para resolver los problemas del pasado sana las heridas de las víctimas, aunque a los victimarios les duela un poco tener que pedir perdón.

Personalmente, he defendido en público que nadie debería ir a la cárcel por los crímenes cometidos durante ese tiempo de locura que fue la guerra civil. Fueron crímenes masivos, y es evidente que el 5% que se le atribuye a la izquierda implica también una clara masividad. Y una ley de reconciliación debería garantizar el indulto de la pena carcelaria para todos. Pero reconocer la verdad, con el nombre del victimario o de la institución responsable mencionado, así como pedir perdón y devolver la dignidad a la víctima con el reconocimiento del crimen cometido, me parece indispensable para verdaderamente sanar las heridas del pasado y reconstruir un presente demasiado dañado por la obstinación en la impunidad y el olvido.