Lo que dijo y lo que calló el Presidente

Recientemente se dio a conocer el informe de labores del Gobierno salvadoreño durante su segundo año de gestión. En términos comparativos, la primera impresión es la gran similitud que tienen estos informes —en contenido y en forma—, indistintamente de quien sea el presidente o el partido al frente del poder ejecutivo. Fácilmente se detectan lugares comunes: paliativos que se hacen pasar por logros "sin precedentes", palabras o frases grandilocuentes con las cuales se pretende maquillar la realidad, ausencia de un mínimo de autocrítica para reconocer los propios fallos o desaciertos, ocultamiento de la realidad más fundamental que afecta a las mayorías, deseos o ideas que se venden como proyectos eficaces para resolver los principales problemas del país, y la retórica y vacía frase con la que suelen terminar estos informes: "Que Dios bendiga a nuestro pueblo". En este sentido, el informe del presidente Funes ha sido más de lo mismo.

Una segunda impresión es con respecto a los problemas o temas de los que no se habló, pero que están presentes en el clamor popular porque golpean en la vida cotidiana. Desde estos temas también se puede hacer una valoración del informe. Recordemos primero algunos puntos de los que se habló de forma explícita y rimbombante.

El Presidente se refirió a programas que considera "sin precedentes", tales como el Sistema de Protección Social Universal que, a su juicio, dejó atrás el asistencialismo e instaló un nuevo enfoque de derechos humanos en materia de políticas sociales; la reforma de salud, que busca la total equidad en el acceso y la calidad de los servicios de salud; la Ayuda Temporal al Ingreso (PATI), orientada a ayudar a mujeres jefas de hogar y jóvenes sin empleo; el fortalecimiento de las instituciones de seguridad mediante una mayor inversión, que ha permitido contar con casi 30 mil efectivos en las calles, entre Policía y Fuerza Armada; un proceso de depuración constante al que se está sometiendo a los cuerpos de seguridad, el cual se ejemplificó con la renovación de todos los custodios del penal de Zacatecoluca. Estos logros —considerados por el Presidente como ocurridos por primera vez en la historia— son parte de lo que dijo en su informe de labores.

Pero hay aspectos de igual importancia que el Presidente no mencionó y que afectan la condición de vida de la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas. Veámoslo a vuela pluma. Solamente el 47% de las mujeres en edad de trabajar participan en el mercado laboral; de cada 100 personas que forman parte de la población económicamente activa, 7 están desempleadas y 44 subempleadas; del total de la población que se enferma en el país, el 40% no recibe servicios de salud; aproximadamente, solo el 20% de la población tiene algún seguro de salud; del total de la población económicamente activa, solamente el 18% es cotizante del sistema de pensiones; el 68.9% de la población carece de una vivienda aceptable; el 21.3% no dispone de agua potable; de un total de 25 países de América Latina y el Caribe, El Salvador se ubica entre los cuatro con menor crecimiento proyectado para 2011 y 2012; ocupamos la penúltima posición entre 18 países de América Latina evaluados según el grado de meritocracia en la administración pública, y la posición 108 de 139 países en la clasificación del Foro Económico Mundial que mide la percepción de favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos; tenemos una tasa de al menos 71 homicidios por cada 100 mil habitantes; y el 90% de la población se siente insegura en los lugares públicos.

Y, claro está, no habló de su decisión de avalar sin pérdida de tiempo el decreto 743, que maniató a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En organismos de cinco miembros, tres constituyen mayoría simple y cuatro, mayoría calificada. Pero el decreto aprobado por Arena, Gana, PCN y PDC, y luego avalado por el presidente Funes, manda unanimidad para poder tomar decisiones jurídicas, con lo cual de hecho se está pretendiendo neutralizar las resoluciones de los cuatro magistrados. Estos se han distinguido por una conducta ética e independiente en sus acciones, al grado tal que han puesto en jaque el proceder antidemocrático y oportunista de los partidos políticos, la falta de control de los fondos que maneja el Ejecutivo (en la llamada "partida secreta") y la impunidad periodística de algunos medios proclive a dañar el buen nombre e imagen de ciudadanos.

En su informe, el Presidente dijo que "no puede haber auténtica seguridad jurídica mientras no haya una fuerte democracia y plena independencia de los poderes". Sin embargo, su decisión de avalar este decreto es totalmente contradictoria con sus palabras, pues es precisamente el sistema democrático el que ha quedado debilitado con este desacierto político. Exigir que las decisiones de un organismo colegiado sean tomadas por cinco votos, es decir, por unanimidad, ciertamente es algo sin precedentes, contrario al Estado de derecho. El informe del presidente, por tanto, no solo hay que valorarlo desde lo que dijo, sino también desde lo que no dijo, ya sea por falta de honradez con lo real, por arreglos políticos bajo la mesa o por la naturaleza propia de este tipo de informes: propagandística, retórica y jactanciosa; ajena a la percepción y realidad de las mayorías del país.