Los derechos humanos no son el problema

Cuando El Salvador estaba sumido en una cruenta guerra civil, era usual que se invocaran los derechos humanos para protegerse de los abusos estatales, y eso era correcto. Este conjunto de principios, que comparte la mayor parte de naciones en el planeta, se formularon para garantizar el desarrollo pleno de la población. También impiden que al enfrentar a la criminalidad el Estado cometa abusos y pierda la racionalidad. En los ochenta, el aparato estatal, controlado por los militares y los grupos de poder económico, atacó a todo el que pensara diferente a lo que el régimen había impuesto como correcto. En ese entonces, se invocaba la seguridad nacional para detener a los considerados terroristas y someter a opositores. Hubo torturas, desapariciones, asesinatos y masacres. El Estado salvadoreño dejó de ser racional y se convirtió en un Estado criminal. Eso lo denunciaron los organismos que defendían los derechos humanos.

Por todo esto, es injusto que ahora se venda la idea de que son los derechos humanos, y quienes los promueven, los responsables de la criminalidad en el país. Temerariamente se dice que las personas dedicadas a defender estos principios protegen a los delincuentes. Esa falsa idea provoca que se les amenace, como ocurrió hace dos meses con el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna.

Es cierto que la violencia actual requiere medidas audaces y que urge erradicar la criminalidad. Eso lo ha dicho el Procurador y otras organizaciones sociales. La seguridad es un derecho humano y el Estado es el responsable de garantizarla, pero no a cualquier costo. Se debe evitar que regresemos a los días en que un inocente era encarcelado porque parecía delincuente: terrorista, antes; pandillero, ahora. Por eso, constantemente se ha demandado a las autoridades que mejoren su capacidad investigativa. Debe garantizarse que quien termine tras las rejas sea un criminal. También por eso se condena a cualquier grupo de exterminio que aparezca.

El problema delincuencial no es de tipo legal, sino social; por lo tanto, no se solucionará con leyes, menos aún si estas atentan contra los derechos de toda la población. Quienes insisten en la idea de que son los derechos humanos los que impiden la solución al problema delincuencial, ignoran el mal que le hacen a la sociedad.

Si finalmente se termina aceptando como válido que para frenar la violencia se pueda obtener información a cualquier precio, se pueda encarcelar con pocos o débiles elementos que prueben el delito o que la apariencia sea el criterio para limitar la libertad de alguien, las cárceles no sólo estarán llenas de criminales, también de inocentes

Debe quedar claro: el problema no son los derechos humanos, sino la impunidad, la debilidad institucional, la corrupción del sistema, la indiferencia ante el dolor de las víctimas, la incapacidad investigativa, la pobreza estructural y la falta de voluntad para llevar a la cárcel a cualquier criminal sin importar su condición social ni sus influencias. La seguridad, la integridad física y la justicia son derechos humanos.