Los generales retornan a la política

La cúpula militar quiere volver a participar activa y abiertamente en la política. Los Acuerdos de 1992 cerraron formalmente esa posibilidad. El argumento que los militares esgrimen es tan falso como inadmisible la pretensión. El ministro almirante alega que se encuentran en una especie de limbo cuando son obligados a participar en política, como cuando los cita la Comisión de Hacienda de la legislatura para defender el presupuesto militar. Pero eso tiene solución fácil. El equívoco desaparece con la designación de un civil como ministro de Defensa, al igual que en casi todas las democracias. Algunas incluso tienen a una mujer como ministra, pero eso quizás sería pedir demasiado a los generales y coroneles salvadoreños. Ahora bien, si tanta es la presión para participar en política o la ambición de poder, pueden solicitar la baja. En realidad, la dificultad es otra: fusionar el poderío militar con la política como antiguamente.

El vicepresidente y su comisión de constitucionalistas trabajan en esa dirección. Invitaron al almirante y a los generales a conversar sobre las reformas constitucionales. Un desacierto, porque dicha reforma es una cuestión eminentemente política, sobre la cual los militares, en contra del parecer vicepresidencial, no tienen “nada que decir”. La política no les compete. Otro aporte vicepresidencial a la militarización es la pretensión de imponer de nuevo el servicio militar obligatorio. Una añoranza trasnochada del funcionario, que recuerda nostálgico cuando los pobres de su adolescencia eran reclutados violentamente. Si lo hubieran enlistado, no haría semejante propuesta. Alegar la obligación ciudadana de defender la patria es un sofisma. El argumento es muy usado por la corriente militarista, que comparte con su líder. A la patria no se la defiende solo con las armas.

En la actualidad, la nación está amenazada por tendencias antidemocráticas e irresponsables como la de Trump, con quien el mandatario salvadoreño se sentía muy cómodo, por la corrupción y por la incompetencia. Cabe recordar al vicepresidente y sus colegas reformistas que la nación no enfrenta, ni enfrentará en el futuro próximo, ninguna amenaza externa. Si alguna surgiera, es muy dudoso que el Ejército actual, especialista en represión, pueda contenerla. En ese caso, la mejor opción son las instancias internacionales. Y en último término, Estados Unidos no tolerará que su hegemonía sea puesta en entredicho en la región. La nación está amenazada desde dentro por la violencia social, y ahora también por la política, por la miseria y la desigualdad. Ninguno de estos desafíos se enfrenta con las armas. Ni siquiera con soldados que reparten bolsas de alimentos con propaganda presidencial. Al parecer, el proyecto de reforma constitucional está en manos de personajes que confían a ciegas en el régimen y en la solución militar.

Las actuaciones de la comisión confirman la tendencia militarista del régimen, exhibida en la toma militar del Salón Azul y recientemente ratificada en el veto presidencial al decreto legislativo sobre cómo llamar al año del bicentenario de la independencia, (porque los diputados no consultaron al Ejército) y en la prioridad en la vacunación contra la covid-19. El resto del mundo primero vacuna al personal sanitario y luego a la población de alto riesgo. El Salvador, después del personal sanitario, vacunará a soldados y policías. La intervención del ministro de Defensa en política ha sido, con altibajos, una constante. El último intimidó en varias ocasiones a los políticos, pero el actual lo ha superado con la toma militar del Salón Azul y con la propagación de las opiniones políticas del presidente, a las cuales agrega las propias. En la práctica, los Acuerdos de 1992 no consiguieron la apoliticidad del Ejército.

En cualquier caso, la cúpula militar debiera proceder con cautela. Varias voces han solicitado a la comisión vicepresidencial suprimir el Ejército. La tentación política es tan fuerte que algunos proponen como medida radical suprimir la Fuerza Armada o, al menos, reducirla a mero símbolo para los nostálgicos de una tradición decimonónica. El recordatorio de la “subordinación” militar al poder político de los así llamados “veteranos militares, artesanos de la paz y la democracia”, cuando el Ejército dio por finalizada la guerra civil, el 31 de enero de 1992, no es acertado. No lo es porque la subordinación fue a medias. Los generales se opusieron a la depuración acordada en la negociación y exigieron impunidad por los crímenes de guerra. En cualquier caso, ese acto de “subordinación” ocurrió hace casi tres décadas. Un ejemplo más reciente sería mucho más convincente. Tal vez no lo hay, porque los generales nunca han dejado de incursionar en la política.

La perspectiva militarista de Casa Presidencial es miope. Adolece de la misma miopía que llevó a optar por las armas para resolver problemas económicos, sociales y políticos. No “hay que darle a las fuerzas armadas su rol en los tiempos de paz”, como pretende el vicepresidente, porque no tienen ninguno. El desempleo o la inutilidad sugieren que sus posibilidades están agotadas.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.