Magistrados, Fiscal y Procurador General

Queda una semana. Si la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no resuelve ya el amparo presentado por Michelle Gallardo y que ha detenido la elección de magistrados, en siete días no habrá quién lo haga. La situación es complicada, pero no ha sido asumida con seriedad por estos funcionarios.

No es posible que los magistrados y las magistradas de esta Sala no sean capaces de coincidir un día, lograr quórum y decidir si ampararán a la demandante. Mientras el país enfrenta una seria crisis económica y de seguridad, ellos y ellas se dan el lujo de faltar a su trabajo y poner en riesgo a la institucionalidad.

Pero no son los únicos que le han dado la espalda a la realidad. A pesar de los catorce asesinatos diarios, las extorsiones, las desapariciones de niños y niñas a la salida de sus escuelas y el ametrallamiento de maestros, los diputados y las diputadas han dejado pasar dos meses sin elegir Fiscal General.

Urge alguien que no sólo tenga la investidura legal, sino también la capacidad, valentía e independencia para frenar la criminalidad. Ante el accionar del narcotráfico, de las bandas organizadas y de las pandillas, se requiere un Fiscal con la facultad de dirigir las investigaciones y llevar a la cárcel a los maleantes.

Esa no es la única deuda de los legisladores y legisladoras. También deben escoger al Procurador General de la República. Y resulta que otra vez no se han puesto de acuerdo en si le darán continuidad a la gestión de Gregorio Sánchez Trejo o si le buscarán sustituto o sustituta.

Se han mencionado nombres que dan lugar a pensar que continuará el reparto político partidario de las instituciones. Según esta infame tradición, la Procuraduría General estaría en manos del Partido Demócrata Cristiano, y entre los mencionados para presidirla aparecen al menos dos que han sido candidatos a cargos públicos propuestos por este partido.

Aunque no se le preste atención, la Procuraduría General de la República tiene un rol elemental para el funcionamiento del sistema: no sólo debe asegurar la cuota alimenticia para la niñez, también debe velar por sus derechos. Asimismo, atiende casos de violencia intrafamiliar y representan a sus víctimas en los juzgados. En lo penal, ejerce la defensa pública; eso es importante para asegurar que se respetarán las garantías de los acusados y las acusadas, y que a la cárcel llegarán sólo los que merezcan estar ahí.

En estos últimos días de junio, el destino de las entidades encargadas de garantizar la justicia está en las manos de magistrados, magistradas, diputados y diputadas. Estos deben darse cuenta de lo que está en juego. La población también debe decidirse a participar, porque las decisiones que estos funcionarios tomen afectarán decisivamente sus vidas. ¿Qué más debe ocurrir para que la gente demande respeto y seriedad? ¿Cuánto terreno debe ganar la delincuencia para que se le tome en serio?