Más sombras para Flores

El caso Flores representa muchas cosas para El Salvador. En principio, deja claro el nivel de fuerza e impunidad con el que suelen operar en nuestro país aquellas personas que ostentan poder económico y político; poder para que nunca les cobren o procesen por evadir impuestos, trasquilar los bienes del Estado, regalarlos cual si fuese una piñata o entregarlos a los amigos; poder para masacrar poblaciones enteras o para esconder a los hechores, y luego acallar las voces de quienes claman justicia. Todo sin consecuencias.

El caso Flores también evidencia la buena relación entre corrupción y falta de transparencia. Al parecer, todo fue fraguado en la oscuridad: citas ocultas del ojo público con personeros de Taiwán; un exmandatario que asistió solo; entregas secretas de cheques en varias entidades bancarias, con frecuencia a destinos protegidos y escondidos, y de las cuales no quedó registro, firma, ni nada; finalmente, desembolsos de dinero en formas tan disfrazadas que ni los legítimos "destinatarios" se enteraron. En este entramado podrido y sombrío, nadie vio nada, nadie escuchó nada, nadie sabe nada y nadie cuenta nada.

La oscuridad no se lleva bien con la democracia, y es precisamente por esa razón que genera tanta indignación la resolución oficiosa dictada por el juez de instrucción que conoce la causa, Levis Italmir Orellana, decretando la reserva total de este proceso. Las razones que motivaron esta decisión definitivamente no son claras ni parecen legales. El Código Procesal Penal solo habilita la reserva en circunstancias y por razones muy específicas: intimidad, orden público, moral pública y seguridad nacional.

Basta leer las causales para notar su ausencia en el caso Flores. Se habla de reserva por intimidad cuando un menor o una víctima vulnerable puede ser innecesariamente humillada por exponer sus vivencias de hechos denigrantes, como una violación o una agresión sexual. Se habla de seguridad nacional cuando en un proceso pueden revelarse secretos de Estado, como en el delito de espionaje, lo que no sucede en el caso Flores. Se habla de orden público cuando la información de un proceso puede generar caos social o revueltas en las calles, panorama irreal en el proceso de Flores. Si los activistas de derecha e izquierda lograron sobrevivir las estrambóticas acusaciones de fraude electoral en el contexto de los recientes comicios, con más razón sobrevivirán sin violencia ante la potencial condena de Flores, ya condenado al ostracismo y el olvido por su propio partido.

Finalmente, no se aprecia cómo la transparencia en un caso en el que nos robaron a todos socavará la moral pública de la sociedad. De hecho, la ética dentro de una sociedad que se precia de constitucional y democrática exige lo contrario, y todo funcionario, autoridad y judicatura debe abrirse a la transparencia, pues no hay democracia donde no es posible cuestionar o escrutar al poder. El proceso Flores quiere parecerse al caso Flores. De la ciudadanía responsable dependerá si se exige lo que manda la ley o si seguirá soportando lo de siempre: que se ejerza el poder desde las sombras, como hacen los ladrones cuando roban.