Por las funciones que se le atribuyen a los medios (especialmente a la radio, la televisión y la prensa escrita) y por la forma en que el público los utiliza, podemos hablar de medios de comunicación social. De ellos se espera que vigilen el entorno (a través de la información); que abran espacios para que la ciudadanía ejerza su derecho a la crítica, el debate y el consenso; que sean agentes de representación e interacción social; que desempeñen una labor fiscalizadora de la gestión pública; que contribuyan positivamente al proceso de socialización de las personas; y se espera también que ofrezcan al público espacios de entretenimiento orientados a romper el tedio de la vida cotidiana. En virtud de todo ello se habla de medios de comunicación social.
Pero una cosa es lo que se espera de los medios y otra lo que hacen realmente. Por la práctica predominante de los llamados grandes medios podemos hablar de "medios privados de comunicación", "medios de propaganda social", "medios modernos de propaganda" o "medios masivos de difusión". Esta tipificación obedece no solo a que en la mayoría de medios predominan los espacios publicitarios sobre cualquier otro contenido, sino también a tres rasgos esenciales que hoy sobresalen en el modo de hacer comunicación; rasgos que, además, los medios acostumbran ocultar o disimular mediante sus retóricos o propagandísticos discursos sobre libertad de expresión y de prensa.
En primer lugar, es evidente que el rol que han ido tomando los medios acentúa cada vez más su protagonismo e incidencia en la sociedad. Las grandes corporaciones mediáticas que concentran y controlan la cultura de masas, la comunicación y la información se constituyen en un poder de hecho (fáctico), que decide, según convenga a sus intereses, qué difundir y cómo hacerlo. Por lo general, los intereses de los que tienen más poder económico y político están de sobra representados en esos medios; no corren la misma suerte los sectores mayoritarios de la sociedad, cuya voz, si bien no está prohibida, tiene poca relevancia en dichos medios. El público debe limitarse a decidir si adquiere o no el "producto" que se le ofrece, pero no puede exigir nada más. De ahí la denominación "medios privados de comunicación": estos no solo hablan al público, sino en nombre del público, y su trampa ideológica consiste en hacer pasar lo privado como colectivo.
En segundo lugar, sobre la función social de los medios prevalece la agenda y los lineamientos políticos partidaristas de sus propietarios. Ese hecho convierte a los medios en instrumentos de propaganda, pues crean una imagen favorable del sistema de privilegios y de sus aliados ideológicos, a la vez que construyen una imagen desfavorable de quienes consideran sus adversarios o enemigos. Cuelan el mosquito del opositor y se tragan el camello del orden establecido (o, mejor dicho, impuesto). Son verdaderos medios de propaganda ideológica, especialmente durante períodos electorales o en coyunturas en las que se pone en peligro la supremacía de su poder. Durante las elecciones, suelen comportarse como verdaderos militantes, en el sentido más visceral del término. Recientemente, Leonardo Boff, teólogo brasileño, denunció la guerra tenaz que los medios de comunicación de Brasil han emprendido contra el presidente Lula y la candidata Dilma Rousseff. En esa guerra se ha recurrido a la ocultación de los hechos, la distorsión y la mentira directa. Mucho de eso hubo también en El Salvador durante las elecciones presidenciales de 2009. Por eso, las derrotas electorales de los partidos afines a los grandes medios de comunicación son también derrotas de esos medios.
En tercer lugar, cuando la función social de los medios queda relegada a un segundo plano para hacer prevalecer criterios de rentabilidad económica y eficiencia, se afecta seriamente el derecho ciudadano a la comunicación y la información. Una empresa mediática que persigue prioritariamente el beneficio económico tiende a ser complaciente con los intereses comerciales y publicitarios. En lo informativo, esto deriva en graves faltas: la realidad se trivializa (lo noticiable es lo que se vende), cobra fuerza un periodismo sensacionalista, predomina la fugacidad y el olvido, la noticia se concibe como lo espectacular y la realidad termina identificándose con la actualidad. Es decir, el medio de comunicación es más bien un medio moderno de propaganda y publicidad.
Ahora bien, ¿cómo recuperar la función social de los medios? En principio, se debe superar la resistencia que un buen número de medios tiene hacia las exigencias jurídicas y éticas que les compete en un régimen democrático. Las normas jurídicas buscan garantizar el trabajo de los medios y regular su poder de influencia en aquellos aspectos que pueden ser perjudiciales para la ciudadanía. La responsabilidad ética, por su parte, orienta hacia lo que debería ser la finalidad de los medios de comunicación. Afirma que la persona y la comunidad humana son los sujetos de la comunicación y, en consecuencia, son el fin y la medida del uso de los medios. En coherencia con ese criterio, se espera que la comunicación se ejerza como un servicio que responde a la necesidad que tiene la ciudadanía de información veraz, de expresión propia, de acompañamiento y de sentido de pertenencia. Por tanto, la primera medida es que la empresa comunicativa o informativa se ajuste al menos al marco de la responsabilidad jurídica, social y ética.
Pero del lado de la ciudadanía también hay responsabilidades. El periodista e historiador Ignacio Ramonet sostiene que, ante el hecho de que numerosos medios privilegian sus intereses particulares en detrimento del interés general de la sociedad, es necesario una fuerza cívica ciudadana (un "quinto poder"), cuya función sería exigir de los medios más ética, más verdad, más profesionalismo y más compromiso social. En esta misma línea de propuestas orientadas a fomentar el protagonismo ciudadano, Adela Cortina, catedrática e investigadora española, plantea la necesidad de una revolución de la opinión pública: que la opinión publicada (difundida en los medios de comunicación) coincida con la opinión del público; es decir, que la opinión de la ciudadanía se exprese a través de lo que publica en los medios. En otras palabras, hay que superar la manipulación de presentar como opinión pública lo que no pasa de ser una visión muy particular e interesada. Ello implica, como principio básico, una actitud activa de la ciudadanía para hacer sentir su voz con sus problemáticas y aspiraciones.