No más ultrajes

"Que el Gobierno de la República ha priorizado en su mandato el respeto, garantía [sic] y el desarrollo progresivo de los derechos humanos, dando especial atención a su obligación estatal sobre reparaciones a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado interno que vivió el país; así como a las referidas en los casos sobre los cuales se han emitido recomendaciones o sentencias por los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos". Así reza, literalmente, el segundo considerando del decreto 204, emitido en Casa Presidencial el 23 de octubre de este año y publicado esa misma fecha, en el tomo 401 del Diario Oficial. Por tanto, ocho días después entró en vigencia lo que desde el Ejecutivo se presenta como un "programa presidencial de reparaciones" a las víctimas antes mencionadas.

Más allá de las deficiencias de forma, el fondo del texto sí obliga a su cuestionamiento frontal desde el acompañamiento a las víctimas que hace el Instituto de Derechos Humanos de la UCA desde su fundación; es decir, más de veintiocho años. ¿Cómo las acompaña? Presentando casos en la Fiscalía General de la República (FGR) para su investigación y judicialización; impulsando el litigio estratégico dentro del país y en los órganos de protección internacionales; trabajando en el terreno con comités locales de víctimas; y promoviendo eventos con los cuales se pretende sensibilizar a la sociedad y denunciar tanto a los responsables de las atrocidades como a los poderes formales e informales que los protegen. Entre esas y otras iniciativas destaca el Festival Verdad, en cuyo marco se organiza, desde 2009, el Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador. Además, el Idhuca capacita a personal clave en las instituciones estatales para que presten un mejor servicio, además de investigar y hacer propuestas.

Por esa centralidad que tienen las personas y los grupos que antes y durante la guerra fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, el Idhuca no puede ni debe callar tras conocer el contenido del programa presidencial de reparaciones. En primer lugar, porque de esto viene hablando Mauricio Funes desde el 16 de enero de 2010, cuando, en el marco del decimoctavo aniversario del fin de la guerra, pidió el primer perdón general y anunció la creación de una comisión cuya "finalidad única" sería proponerle lo que debía impulsar para —en sus palabras— "la reparación moral, simbólica y material, dentro de las posibilidades que las finanzas del Estado nos brindan y con la obligación de ofrecer resultados concretos en tiempo y forma".

Tal comisión se creó hasta mayo del mismo año, pero de su actuar no se supo mayor cosa hasta que estando en El Mozote, en la conmemoración de los veinte años de aquel lejano 16 de enero de 1992, Funes dijo lo siguiente: "No quiero finalizar sin antes anunciar también el inmediato lanzamiento en los próximos días del programa nacional de reparación para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno". Eso fue algo que no cumplió, como tampoco se cumplió la "instrucción" que transmitió a la milicia para que quitara de sus instalaciones los nombres de los violadores de derechos humanos. ¿Por qué se afirma que no cumplió lo primero? Sencillo. Dijo "en los próximos días", no veintidós meses más tarde, como ocurrió con dicho programa.

Y después de tan larga espera, lo que ha decretado se resume en cuatro palabras: ultrajante para las víctimas. Se dice que se adoptarán disposiciones para reparar, indemnizar y rehabilitar, además de brindar satisfacción y garantías de no repetición, como parte de esa iniciativa presidencial que también se establece como de "inmediata aplicación". ¡Seguro que sí! Tan inmediata como los tiempos a los que ya debería estar acostumbrada la gente con Funes: verdaderas eternidades. Merecerá este agravio, ciertamente, más comentarios. Pero ahora, luego de conversar al respecto con víctimas, se plasman a continuación interrogantes, inquietudes y rechazos que les surgen.

En algún momento se habla de medidas "en el ámbito del derecho a la alimentación y a la participación en la vida económica". Pero solo tienen cabida las víctimas y familiares de víctimas que desempeñan actividades agrícolas. ¿Y el resto? Hay muchas víctimas que no eran campesinas o que ya no viven en el campo. Da la impresión, además, que se trata de huertos familiares, que no sustentan ni dan la posibilidad de adquirir los bienes necesarios considerados, siquiera, dentro de la canasta básica. Y las indemnizaciones revictimizan porque son humillantes, indignantes y ofensivas. Quince dólares mensuales para alguien que tiene tres hijos o hijas menores de cinco años; y la misma cantidad cuando hay una mujer embarazada. Y si hay otro hijo, le suben a 20.

¿De qué aflicciones sale la gente con doce centavos y medio por cabeza cada treinta días? Y esto, ¿incluye a las víctimas de El Mozote? Porque la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que el Estado, en ese caso, debe pagar las indemnizaciones "directamente a las personas y organizaciones indicadas en la misma, en cuotas anuales equivalentes en el período de cinco años, [...] sin perjuicio de que pueda adelantar el pago completo en un plazo menor". Cabe señalar que la menor cantidad fijada por la Corte para las víctimas de El Mozote es de 10 mil dólares; la mayor de 35 mil. ¿Habrá diferencias entre las víctimas, por contar o no con una sentencia similar? ¿O no se cumplirá el fallo del tribunal interamericano?

¿Y las supuestas medidas de "dignificación"? Los cuarteles en las ciudades de San Miguel y La Unión se siguen llamando teniente coronel Domingo Monterrosa y mayor José Azmitia Melara, respectivamente. Estos dos son responsables principales de la masacre en El Mozote, precisamente; también la Fuerza Armada de El Salvador, cuyo comandante general es Funes —al menos, formalmente— sigue homenajeando anualmente a este par y a otros militares. Por ahí debería empezar, parando eso, y seguir con la apertura de los archivos de la muerte que tienen en su poder los militares.

Se habla también de "garantías de no repetición" sin que se haya derogado la ley de amnistía, que es todo lo contrario. Como la amnistía decretada en 1932 después de la matanza, la de 1993 es una buena garantía, pero para la repetición de graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad. Asimismo, mientras el Estado salvadoreño no sea parte del Estatuto de Roma y no tenga competencia en el país la Corte Penal Internacional, la espada de Damocles seguirá sobre su mollera.

Hay quienes piensan que Funes pretende terminar su mandato como presidente respetuoso y garante de los derechos de las víctimas. Sin embargo, su decreto, además de populista, se opone a lo que establece la Corte Interamericana y es desconsiderado para con este sector de la población que no es nada pequeño. Sería interesante que él se pusiera en su lugar. En el juicio del asesino de su hijo en Francia, al pronunciar la "última palabra", que es la de la víctima, Funes dijo: "Señora presidenta, cualquier decisión que tome no devuelve a mi hijo. Pero el conocimiento de la verdad es lo que engrandece a los pueblos".

A las víctimas de tantas masacres y de otras tantas atrocidades, se les sigue condenando a no conocer la verdad y ahora se les insulta con ese ridículo puñado de dólares. Ya se sabe que el Estado está quebrado. Pero es indignante que habiendo dinero para comprar aviones de guerra, aumentar el presupuesto de la Asamblea Legislativa y atreverse a discutir sobre "bonos navideños" en la administración pública, se les diga a las víctimas: "Para vos no hay". Todo esto es el vivo reflejo de las miserias que imponen a El Salvador los malos Gobiernos y los mezquinos capitales. Más para los que tienen más, como regla, y menos para los que tienen poco más que nada.

(Gracias a Roxana Marroquín y Francesca Mata por sus ideas y palabras.)