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En términos restrictivos, la seguridad ciudadana suele entenderse como el ámbito relativo a la seguridad individual en los espacios públicos. Algunas interpretaciones del término resultan más amplias, al enmarcar su vínculo directo con el goce de los derechos humanos en general. Desde esta perspectiva, esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe a partir del referido enfoque y su relación con el desarrollo humano.
Luego de examinar el estado de la cuestión sobre enfoques y respuestas estatales al tema, así como los casos conocidos, esta alta instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) recomienda importantes acciones a impulsar por los Estados a fin de garantizar la seguridad como un derecho humano fundamental.
La primera consideración al respecto, de acuerdo al reporte, debe ser concebir la seguridad ciudadana como una política pública; es decir, lineamientos y orientaciones específicas que, mediante recursos concretos, permitan alcanzar objetivos medibles.
A grandes rasgos, el informe de la comisión señala a los Estados parte de la OEA dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas mediante instrumentos internacionales relativos a derechos humanos; generar capacidades institucionales efectivas en el combate a la criminalidad y violencia; así como el diseño de políticas públicas efectivas, y acciones que permitan instaurar la gobernabilidad democrática. A estas grandes líneas sugeridas por el informe, también se suman la profesionalización de las fuerzas policiales y el diseño de medidas de atención y reparación a las víctimas, que impliquen cambios legislativos e institucionales.
En contextos como el salvadoreño, con altas tasas de homicidios y con la inseguridad como principal problema según la opinión pública, las recomendaciones resultan pertinentes. Sobre todo, porque llaman la atención a los Estados para que incorporen el enfoque de derechos humanos en su quehacer.
Este importante reporte se suma a una serie de documentos, opiniones expertas y propuestas que ya han señalado rutas de acción para el Estado y que sido dejadas de lado por las autoridades. Por contar con serias debilidades institucionales, y carencias relativas al combate de la criminalidad, la satisfacción de los derechos y el ejercicio pleno de estos por parte de la población, a la actual gestión bien le convendría implementar un cambio de rumbo en el tema de la seguridad ciudadana.
Retomar las medidas propuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bien puede ser el paso inicial; la primera evidencia de que la llamada "herencia" de las gestiones previas ya no será excusa para explicar la falta de efectividad en la construcción de seguridad ciudadana en el país.
