Otra deuda oficial

El martes 6 de septiembre se realizó en la UCA el foro "Paz, democracia, Estado de derecho y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional". El propósito del evento fue explorar las diferentes dimensiones internacionales y nacionales que tendrían una eventual adhesión y ratificación de este documento por parte del Estado salvadoreño. Junto al IDHUCA, la organización del mismo estuvo a cargo de Acción Mundial de Parlamentarios, una red que incluye a más de mil 300 personas integrantes de dichos órganos estatales en cerca de ciento treinta países, las cuales han asumido un compromiso común: movilizar voluntades políticas para fortalecer la Corte Penal Internacional, apostándole a su desempeño independiente, eficiente y complementario de los sistemas jurídicos nacionales.

Desde 1998 a la fecha, quienes integran esta iniciativa han contribuido directamente a lograr que más de setenta Estados hayan aceptado la jurisdicción de este tribunal, entre un total de ciento diecisiete. Las decisiones más recientes en tal sentido dentro de la región latinoamericana y el Caribe son las de México, República Dominicana, Surinam, Chile, Santa Lucía y Granada. Desde 2008, Acción Mundial de Parlamentarios reactivó su trabajo en El Salvador para colaborar con el desarrollo de un diálogo nacional pluripartidista y con la participación de la sociedad, en aras de lograr que —por fin— se acepte que la Corte se convierta en una herramienta útil para alcanzar la paz y establecer un Estado de derecho real. En América Central, también siguen resistiéndose Guatemala y Nicaragua; por tanto, no han ratificado el Estatuto de Roma.

¿De qué estamos hablando? Pues de un instrumento jurídico internacional que fue adoptado en Roma el 17 de julio de 1998. En la víspera del cuarto aniversario de este acontecimiento, el primer día de julio de 2002 —con la ratificación del mismo por parte de sesenta Estados—, nació la Corte Penal Internacional. Esta fue diseñada para ser una instancia que, sin sustituirlos, contribuya a la labor de los sistemas nacionales en la prevención de las atrocidades más graves como el genocidio, los delitos contra la humanidad, los crímenes de guerra y de agresión. Desde el inicio de sus actividades ha demostrado, una y otra vez, su importancia y utilidad en la lucha contra la impunidad.

Más allá de los argumentos esgrimidos para oponerse a la Corte —y que se caen ante cualquier análisis serio—, cabe formular una pregunta: ¿por qué el Estado salvadoreño no acepta el Estatuto de Roma y, en consecuencia, que la Corte Penal Internacional puede procesar criminales acusados de crímenes de lesa humanidad? Por más que se les ha explicado, quienes deben tomar la decisión parecen no entender algo elemental: las acciones de la Corte no son retroactivas. Eso significa que ningunos de los autores de las graves violaciones a derechos humanos y los otros horribles crímenes que se cometieron antes y durante la guerra serán investigados, perseguidos, enjuiciados y condenados por la Corte penal Internacional. Sin embargo, en algunos círculos de poder, se teme que eso pueda a ocurrir.

Los contextos políticos en los que se dio la ratificación en otras tierras demuestran que esta decisión política se encuentra más allá de diferencias ideológicas o partidistas; también demuestran que ser parte del Estatuto de Roma es bueno por constituir un mecanismo de consolidación democrática, cambio político real y fortalecimiento de los sistemas jurídicos, policiales y militares nacionales. La pelota se encuentra ahora en la cancha de Casa Presidencial; es ahí donde se debe estampar la firma de la adhesión. Luego, deberá pasar a la Asamblea Legislativa, donde los legisladores deberán escuchar las voces de quienes —con visión de futuro— exigen tomar todas las medidas necesarias para que no volvamos a repetir los errores más graves de nuestra historia nacional; es ahí donde sus integrantes deben ratificar el Estatuto de Roma para que sea una realidad en nuestro país. De no hacerlo y de no derogar la amnistía o adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos, seguirán impunes los que mataron antes; y le estarán enviando un peligroso mensaje a quienes, desde su voracidad infame, quieran también mandar y, para ello, decidan matar.