Política juvenil

En nuestros medios de comunicación se habla mucho más de delincuencia juvenil que de política juvenil. Y aunque necesitamos prestar atención al problema de la delincuencia juvenil, todavía es más urgente tener una política de juventud eficaz. Sólo así podremos enfrentar exitosamente la delincuencia en esa etapa vital. Insistir mediáticamente en la delincuencia implica un grave fracaso de la inteligencia comunicativa, que en la práctica conduce a que nuestros jóvenes sientan su autoestima cada vez más baja y se desesperen ante la falta de oportunidades. Fracaso que es símbolo de una sociedad como la nuestra que margina al joven por el hecho de ser joven, lo victimiza si es pobre y le niega su derecho fundamental a una educación suficiente y adecuada a sus capacidades. Al final, este proceso de baja autoestima y exclusión lleva a las siguientes opciones: buscar salidas individuales que les integren en la sociedad actual apoyándose en ventajas familiares, de clase social o de capacidades personales; huir de una sociedad donde lo joven se excluye y victimiza, y emigrar a donde puedan darse mejores oportunidades; adaptarse y resignarse, apoyándose en valores tradicionales; rebelarse y conquistar por la fuerza espacios y autoestima.

Sin afán de diseñar una política juvenil en este breve espacio, veamos algunos aspectos que deben incluirse en el esfuerzo por integrar a nuestros jóvenes en la sociedad actual. Un poco más del 60% de nuestros jóvenes no siguen estudiando después de noveno grado. Y lo terminan, muchos de ellos, en una edad no apta ni preparados para integrarse plenamente en el trabajo. La permanencia en la escuela hasta los 18 años y la diversificación del estudio en ramas técnicas urgen como medidas básicas para que pueda diseñarse una política juvenil adecuada. Con un 60% de nuestros jóvenes en edad escolar repartidos entre el trabajo informal, la calle o el aburrimiento, no se puede hacer política juvenil exitosa.

El trabajo juvenil es también importante. Favorecerlo desde la empresa y el Estado multiplica oportunidades. Implica también un proceso serio de formalización de nuestra informal economía. Con casi la mitad de la población económicamente activa trabajando en la economía informal, ofrecer oportunidades laborales dignas a nuestros jóvenes es casi imposible.

Dicho lo anterior, la política juvenil tiene que entender que los jóvenes necesitan espacios propios, fuera del hogar, que les permitan experimentar, aprender a vivir haciendo cosas adecuadas a su condición y edad. Este empoderamiento de espacios y actividades se presenta hoy como una exigencia radical. De hecho, si no se les ofrece, lo conquistan. Porque las maras famosas no son más que eso: la conquista de espacios, el empoderamiento del grupo frente a la sociedad circundante y, por supuesto, la protesta violenta contra una sociedad que los excluye, trata de manipularles, no les ofrece servicios y con frecuencia los victimiza.

Una política juvenil tiene que diseñar no sólo eventos deportivos, sino procesos de formación tanto técnico-profesionales como de desarrollo humano y personal. Talleres de autoestima, género, liderazgo, vocación y aspiraciones personales son imprescindibles para una juventud que necesita afirmarse en una sociedad pobre y conflictiva como la nuestra. El desarrollo del voluntariado es también una fórmula importante para el desarrollo juvenil. El Estado deberá animarla y protegerla, y la sociedad civil impulsarla, recibirla con pleno derecho en su seno y contribuir directamente a su desarrollo. El voluntariado juvenil no sólo satisface deseos de empoderamiento y espacio, sino que se convierte en un importante productor de bienes y servicios sociales, así como un factor de acumulación de capital social.

Si el Estado debe diseñar bien su política juvenil y darle la debida prioridad, son muchas las instituciones que deben potenciar su actividad con jóvenes. Los partidos políticos, excesivamente encerrados en liderazgos envejecidos, deben abrirse mucho más a la participación democrática y dialogante de los jóvenes. Querer simplemente manipularlos, predicándoles ortodoxias de corto alcance intelectual, o utilizando su rebeldía como un arma de presión y manifestación agresiva, no hace más que despolitizar a la mayoría de nuestros jóvenes.

Las municipalidades pueden y deben jugar en este terreno un importante papel. Al ser en el municipio donde se maneja el territorio, los gestores de la política municipal deben abrirlo creativamente a los jóvenes. La sociedad civil, al mismo tiempo, debe acompañar y potenciar, desde sus muy diversos campos, la creatividad juvenil y el voluntariado. Si se unen el Estado (con una política y recursos adecuados), las municipalidades (abriendo su territorio a la creatividad juvenil) y la sociedad civil (potenciando la capacidad de nuestros jóvenes), los resultados pueden ser espectaculares.

En el terremoto de octubre de 1986, el 90% de la ayuda a la población damnificada durante los primeros 15 días posteriores al desastre provino de las Iglesias. Sólo el 10% lo aportó el Estado. La Iglesia católica, en ese momento, cerró filas con sus recursos de Cáritas en favor de la Arquidiócesis de San Salvador, cubriendo en torno al 60% de la ayuda a los damnificados. Los jóvenes de entonces, a través de los diversos movimientos juveniles parroquiales, fueron los que se organizaron para hacer censos, atender directamente a los damnificados en alimentación, salud y prevención de enfermedades, y organizar a la población para favorecer el retorno a la normalidad.

En la actualidad, aunque es un movimiento exclusivamente universitario, Un Techo para mi País ha contribuido a paliar la problemática de vivienda de los sin casa y, sobre todo, ha desarrollado un hondo acercamiento entre muchos de nuestros jóvenes de clase media y la realidad nacional. Con ello ha creado una conciencia social entre ellos, que es sin duda un importante capital social para el futuro del país. Política juvenil, y no delincuencia juvenil, debía ser el tema de nuestros debates en los periódicos si queremos pensar en un futuro mejor. Reaccionar ante los problemas endureciendo leyes o hablando de mano dura no es más que poner parches y ahondar los problemas de marginalidad, victimización y alejamiento de las dinámicas juveniles. Y agravar con ello la situación.