Problemas de orden

El alcalde y la gobernadora iniciaron procesos de "limpieza" que desbordan sus capacidades para lograr resolver sus problemas de manera sostenible; sin embargo, sus actuaciones podrían brindarles réditos políticos como la reelección en sus cargos o la aceleración de procesos políticos ya en marcha. En el caso del alcalde, me refiero al desalojo de vendedores ambulantes del centro de San Salvador iniciado el 16 de junio; y en el caso de la gobernadora, se trata de la ley antiinmigrante SB 1070, que entrará en vigencia en el estado de Arizona, Estados Unidos, el próximo 29 de julio.

El alcalde, en respuesta a los disturbios realizados por los vendedores informales ante los desalojos, expresó: "No nos amilanan este tipo de hechos violentos, ya sabemos que detrás del comercio informal se esconden grupos que siembran el terror y que delinquen permanentemente y que han hecho de esta actuación inescrupulosa su forma de vida". Por su parte la gobernadora, en reacción a las protestas y demandas de inconstitucionalidad de su ley, dijo recientemente: "Creo que hoy, bajo las circunstancias que enfrentamos, la mayoría de intrusos que entran al estado de Arizona lo hacen bajo la dirección y el control de los carteles de la droga, y que ingresan drogas... Tenemos información contundente de que vienen como personas ilegales que desean trabajar. Entonces [los narcotraficantes] los abordan y se convierten en sujetos del cartel de drogas". ¿Existen similitudes entre las declaraciones de estos dos funcionarios? El lector podrá sacar sus propias conclusiones.

Lo que es claro es que ambos justifican sus acciones desde el accionar de fuerzas oscuras: las pandillas y el crimen organizado, en el caso del alcalde; y los carteles de la droga, en el caso de la gobernadora, ignorando así la necesidad de sobrevivir del vendedor informal o del inmigrante ilegal que ha tenido que abandonar su familia para buscar un puesto de trabajo. El factor común de sus actuaciones es que el problema que enfrentan excede sus capacidades y requiere de instancias superiores para su solución. El Gobierno salvadoreño, a través del Fisdl, había asignado unos fondos para iniciar procesos de ordenamiento en centros históricos (incluido el de San Salvador), pero Norman Quijano se adelantó al proceso. De igual manera lo hizo la gobernadora en Estados Unidos, pues el presidente Obama ya había iniciado el proceso de una ley para frenar y controlar la inmigración. Esto hace evidente que en el fondo son intereses políticos personales los que han movido las iniciativas de ambos.

En el caso del alcalde, es evidente que finalizará su gestión sin haber cumplido sus promesas de campaña más ambiciosas (el metrobús y las bóvedas sobre el río Acelhuate). Entonces, tiene que recurrir a la política del maquillaje: el ornato de parques, la remodelación del monumento al Salvador del Mundo y el desalojo de vendedores informales. El caso de la gobernadora es más profundo y complicado. Según establece Ramonet en El despertar de las tribus, "la Historia nos enseña que cuando una grave crisis económica coincide con el desencadenamiento de pasiones nacionalistas, cabe esperar las peores desgracias". Algo de esto puede estar sucediendo en Arizona con la ley SB 1070, la cual penaliza ser inmigrante ilegal en un país que está en crisis económica debido al mal manejo del sector financiero.

Buena parte de los medios de comunicación locales están ahora en campaña a favor del alcalde, porque saben que la mediatización del problema terminará contribuyendo al buen desempeño electoral de la derecha en 2012. Incluso en uno de los editoriales de los medios escritos se hace una comparación de mal gusto para justificar la actuación del alcalde: "Una de las doce labores de Hércules, el héroe de la mitología griega, consistió en limpiar los establos del Rey Audías, anegados de porquería. Hércules desvió las aguas de dos ríos al establo y ¡misión cumplida!". Qué pena que tanta "intelectualidad" se use de esta manera. También preocupan las opiniones del presidente Funes en las que deja traslucir lo que entiende por ordenamiento territorial: "Si el plan del alcalde busca justamente crear un mejor ambiente para el funcionamiento de los centros de salud, reordenar a San Salvador para contar con una ciudad más ordenada, pero garantizando al mismo tiempo la rentabilidad de los negocios de estos microempresarios, bienvenido el plan".

Una definición sencilla y muy ilustrativa de ordenamiento territorial es la siguiente: "Ordenar el territorio es asegurar el desarrollo equilibrado del conjunto de regiones que lo componen"; en otras palabras, ordenar implica romper con los desequilibrios que existen en el territorio. Desequilibrios que tienen diversas manifestaciones: económicas (entre los que han logrado un establecimiento formal para vender sus mercancías y lo que tienen hacerlo en las calles para ganarse la vida), sociales (entre los que han logrado adquirir una vivienda digna y los que tienen que vivir a las orillas de ríos y quebradas en champas) y de movilidad (entre los que se desplazan en sus vehículos privados y los que tienen que usar el deplorable servicio público de transporte), entre otras. En resumen, el ordenamiento del centro histórico solo será posible cuando se rompan los mayores desequilibrios que tiene el país: la desigualdad en los ingresos entre pobres y ricos, y la exclusión social. Esto implica que cualquier esfuerzo de planificación del territorio debe ir acompañado por un sistema de ayudas al desarrollo económico y social, para así compensar las desigualdades de desarrollo de sus habitantes. No solo se trata, pues, de tener una ciudad limpia y segura a costa del desalojo.