Propaganda y Estado democrático

En los Estados democráticos modernos no suele haber propaganda gubernamental o de las instituciones estatales. Lo más, se emiten mensajes educativos de diversos ministerios, recomendando determinados hábitos medioambientales, de salud, contributivos, etc. En El Salvador, la propaganda estatal ha sido una de las pruebas más claras del atraso y subdesarrollo democrático. La hemos tenido durante demasiados años delante de las narices, pero no han sido muchas las voces que se han alzado en contra de los derroches propagandísticos de algunos de los Gobiernos de Arena. Y eso sin hablar de las repelentes cadenas televisivas utilizadas gratuitamente para hablar sandeces, insultar a personas o repetir los supuestos éxitos gubernamentales, poco menos que presentándose como el colmo de la perfección. Sobre esta herencia arenera conviene reflexionar en la actualidad para no caer en las faltas de ética e incluso en el ridículo de los anteriores Gobiernos.

Faltas de ética porque el Estado se financia con los impuestos, es decir, el dinero de los ciudadanos. Y hay una especie de pacto primigenio en toda democracia que nos obliga a que los dineros de todo el pueblo se utilicen en el bien común. Pero es imposible demostrar que la propaganda gubernamental, o de cualquiera de los poderes del Estado, tenga alguna relación con el bien común cuando se dedica a repetir los supuestos logros conseguidos en el desempeño de las funciones estatales. Y máxime en un país como el nuestro, con tantas deficiencias en áreas básicas como la salud y la educación. Sin medicinas en los hospitales y sin útiles escolares en las escuelas, los Gobiernos no vacilan en gastar respetables sumas de dinero repitiendo que son muy buenos porque han arreglado un número determinado de escuelas o han construido un puente nuevo, un hospital, o pavimentado alguna calle. Gastar dinero en presumir de obras gubernamentales insuficientes para cubrir las necesidades de El Salvador no puede considerarse una acción ética. Como tampoco lo es que la Asamblea Legislativa se dedique a pagar dinero para decir que ha decretado un número determinado de leyes, o que el sistema judicial lo haga para anunciar y presumir de cualquier actividad que debería haber realizado desde hace años y que casi siempre llega con retraso.

Cuando algún personaje repite en exceso la palabra "yo" ("yo dije", "yo hice", "yo construí", "yo arreglé", "yo solucioné", "yo" todo...), la gente termina riéndose y burlándose. Nuestros pobres Gobiernos e instituciones estatales, cuando gastan el dinero público en hablar bien de sí mismos, no se dan cuenta del ridículo que hacen. ¿Cómo es posible gastar dinero en presumir de logros educativos cuando el 60% de la población en edad de bachillerato está fuera del sistema escolar? Es evidente que en el campo de la educación hay que trabajar mucho y que incluso a nivel del Ministerio de Educación se ha hecho mucho con los pocos recursos existentes. Por supuesto, se puede y se debe informar sobre lo que se hace. Pero gastar dineros gubernamentales en propaganda no es ético cuando las necesidades son tantas y faltan demasiadas metas por alcanzar.

El Gobierno actual ha sido mucho más austero que las administraciones anteriores en el uso del dinero público en propaganda. Sin embargo, algunos datos hacen pensar que podría caer en la tentación de abusar una vez más de ese tipo de propaganda que no puede sino calificarse de acto político carente de ética. Por eso es importante retomar el tema y dar algunas ideas sobre el mismo.

¿Puede un Gobierno en nuestros países pobres hacer propaganda de logros? Evidentemente, no, pues es malgastar un dinero que no es propio y que es más necesario para cubrir otras necesidades de la población. La ciudadanía es la encargada de juzgar los logros del Gobierno y otras instituciones del Estado, y con frecuencia la propaganda estatal de los logros obtenidos no hace sino tratar de acallar críticas justas y ocultar las carencias y las tareas por hacer. Lo que sí es válido es promover campañas educativas en muchos de los terrenos y comportamientos ciudadanos en los que hay graves falencias. Campañas serias en los medios de comunicación sobre seguridad vial, respeto al medio ambiente, promoción de descanso sano, contra el machismo y el maltrato en el hogar, etc.; campañas contra el abuso del alcohol y otras drogas, advertencias sobre los riesgos del exceso de sol o de los peligros del mar en las épocas de vacación, son modos de estar presentes en los medios contribuyendo al bien común, y por tanto legítimos. Lo mismo que los avisos del Tribunal Supremo Electoral que facilitan la participación en las elecciones.

En general, los medios de comunicación han protestado más por la marginación que se solía hacer en el reparto de la propaganda oficial en base a criterios políticos, que por la dimensión poco ética de esa ridícula propaganda del "yo hice", "yo construí", "yo legislé", "yo conseguí". Con un Gobierno que se pretende de mayor talante ético y que, sin duda, de momento lo tiene, discutir temas como este es fundamental para el desarrollo institucional, democrático y ciudadano. Como es fundamental una mayor trasparencia en el manejo de las cuentas públicas, incluida la famosa partida discrecional de la Presidencia. Al final, el manejo de fondos públicos nos afecta a todos. Su utilización en beneficio de un solo partido político —generalmente, en el poder—, la oscuridad a la hora de hablar de montos económicos del gasto y la inmoralidad de un uso parcializado de dineros públicos no hacen más que dañar a la democracia.