Prueba de principios

Según los indicadores internacionales de Freedom House, a lo largo de los años El Salvador ha tenido dos grandes problemas en materia de derechos políticos y libertades civiles: el "funcionamiento del Gobierno" y el "Estado de derecho". En 2008, en estos indicadores El Salvador obtuvo 8 de 12 puntos y 7 de 16, respectivamente.

En el primer indicador se consideran dos temas de importancia: la corrupción y la transparencia. La medición de ambos se realiza a través de diecinueve preguntas (agrupadas en tres resultados), dos de las cuales se muestran a continuación como ejemplo de lo que mide Freedom House: "¿Cuál era el último puntaje de este país en el índice de percepción de la corrupción según Transparencia Internacional?" y "¿El proceso de elaboración del Presupuesto está sujeto a una revisión legislativa significativa y al escrutinio público?".

En el tema de la corrupción, Transparencia Internacional ubica a El Salvador en una pésima posición para el año 2009: en un ranking de 180 países, nuestro país ocupa el puesto 84, con un valor de 3.4 en una escala de 0 a 10 (donde el 0 se asigna a un país percibido como altamente corrupto y 10, a un país con bajos niveles de corrupción). Un vistazo rápido a estos datos es suficiente para concluir que los niveles de corrupción en el país son altos y que su erradicación debería ser alta prioridad.

En lo que respecta al Presupuesto, el quid de la cuestión es la rendición de cuentas, una dimensión muy propia de cualquier democracia, pero que en el país ha sido empañada, entre otros, con el manejo de la llamada "partida secreta". Una sentencia reciente de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia eliminó esta mala práctica de realizar transferencias de fondos del Presupuesto —de los ministerios hacia la Presidencia de la República— sin el aval del poder legislativo. Sin duda, una sentencia que recoge una demanda recurrente de la sociedad, pero que el presidente Funes no respaldó aduciendo que estaría sometido al chantaje de los partidos políticos cada vez que necesite reasignar fondos para atender demandas sociales no presupuestadas. Según el Ministro de Hacienda, en lo que va del año se han realizado 160 transferencias entre carteras —sin aval legislativo—, que suman 92 millones de dólares. Una cantidad excesiva que indica, cuando menos, una deficiente ejecución presupuestaria por parte del Gobierno.

La sentencia de la Sala y su aplicación podrían ayudar al Gobierno a mejorar en los indicadores internacionales que miden Freedom House y Transparencia Internacional. Pero es ingenuo pensar que con esta sentencia la corrupción desaparecerá. El combate del flagelo requiere de otros ajustes, como la modificación de la ley LACAP —ya en estudio por parte de la Asamblea Legislativa—, la despolitización de la Corte de Cuentas y, quizá lo más urgente, el fin de la cultura que lleva a algunos funcionarios a utilizar el dinero de los salvadoreños como propio. Algo que el italiano Norberto Bobbio llama la "privatización de lo público": "el que dispone de recursos públicos, tanto si es un diputado, un administrador local o un funcionario estatal, los utiliza como recursos privados a favor de tal o cual ciudadano, el cual, a su vez, ofrece su propio voto o su propia preferencia a cambio de cualquier favor, o bien de cualquier ventaja económica o de cualquier otro beneficio, que el hombre político o el administrador o el funcionario sustraen al uso público".

Para el caso del segundo indicador, "el Estado de derecho", Freedom House realiza entre varias preguntas la siguiente: "¿El Ejecutivo, Legislativo y otras autoridades gubernamentales aceptan las decisiones judiciales, y estas decisiones se hacen cumplir con eficacia?". Aquí no queda más que esperar a que las últimas sentencias de la Sala de lo Constitucional sean acatadas a la mayor brevedad posible. Al Legislativo le compete dar cumplimiento a la sentencia sobre las candidaturas independientes y el sistema de votación para elegir diputados; y al Ejecutivo, la referida a la partida secreta. Sin duda, es esta una gran prueba para el incipiente Estado de derecho del país y para el compromiso de combatir en serio la corrupción.