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En los últimos días, la organización Iniciativa Social para la Democracia (ISD) publicó un estudio sobre la transparencia del Ejecutivo durante este primer año. El informe revela, luego de la medición de dimensiones y variables como participación ciudadana, que el balance es negativo en términos de avances hacia una cultura de rendición de cuentas. Si bien se reconocen cambios positivos, como la apertura de oficinas para la solicitud de información por parte de la ciudadanía, aún queda mucho por hacer en este ámbito.
Similar ejercicio debería aplicarse al resto de órganos del Estado, pues la Asamblea Legislativa, al concentrar en buena medida la toma de decisiones sobre el rumbo del país, debería también garantizar tal rendición de cuentas. Por ejemplo, es urgente abrir la posibilidad a toda la ciudadanía de participar en los procesos de formulación de las leyes, conocer tales iniciativas antes de ser sometidas a aprobación, entre otras tareas.
El estudio de la ISD pone de manifiesto la necesidad de que la transparencia de parte de las autoridades sea una demanda social permanente, a fin de garantizar una mayor democratización de los procesos y una cultura política fundamentada en la honestidad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos y la toma de decisiones. Ya es hora de que la ciudadanía haga valer su derecho a la información y se obligue a los funcionarios a someterse a la vigilancia ciudadana. Para lograr tal cometido hace falta superar algunos desafíos.
El más urgente, y quizás el que más trabajo implica, es institucionalizar la práctica de la rendición de cuentas no como un trámite o una actividad más de los informes de trabajo, sino como un ejercicio consciente de democratización de las estructuras y procesos político-institucionales. Este cambio implica, desde luego, el establecimiento de medidas concretas, mecanismos de atención ciudadana y sistemas de información que faciliten el conocimiento, difusión y discusión de la información pública.
Esta gestión gubernamental ha iniciado el camino hacia este cambio. Sin embargo, tal como lo destaca el informe del ISD, mientras no operen transformaciones éticas, por ejemplo, en áreas como el nombramiento de funcionarios y la erradicación del amiguismo como práctica, la rendición de cuentas será solo un trámite más en las memorias de labores de las carteras estatales.
