Retórica política y folclórica campaña

Dos sucesos han acaparado los reflectores en los últimos días. Por un lado, la interpelación por la Asamblea Legislativa al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, por la participación del ejército en los sucesos del pasado 9 de febrero en el hemiciclo legislativo y, por otro, la reapertura de la economía desde el 24 de agosto.

La interpelación al ministro fue un formalismo. Lo evidente no requiere explicación. El país y el mundo fueron testigos de lo que sucedió el 9 de febrero. Quizá la satisfacción inconfesa de los diputados de oposición fue tener en el banquillo, en una maratónica rueda de caballitos, a un funcionario que sabe perfectamente lo que sucedió porque participó del hecho, pero que demostró una aparente incondicionalidad al presidente. La desaparición del sentido de la responsabilidad es probablemente la mayor consecuencia de la sumisión a la autoridad.

Aristóteles planteó el principio de contradicción que sostiene que es imposible que un objeto tenga y no tenga la misma característica al mismo tiempo. El estagirita quedaría perplejo con la realidad salvadoreña. Un mismo suceso ha sido a la vez un atentado a la democracia o un simple procedimiento al que no saben exactamente qué nombre ponerle. El país conoció los llamados a la insurrección del presidente en los días previos al 9 de febrero. También escuchó un día antes de la boca del ministro Merino estar dispuesto a dar la vida por el mandatario.

Igualmente, la arenga presidencial fuera del Salón Azul, prolija de expresiones de odio, insultos y ataques contra los diputados, fue transmitida por los medios de comunicación nacionales e internacionales. La irrupción de los militares con armas de guerra en el hemiciclo, la usurpación por parte del mandatario del lugar del presidente del Congreso, abrir una sesión plenaria y declarar en desacato a los diputados que no se hicieron presentes, no se puede ocultar ni olvidar.

Y cómo no recordar las palabras “ahora queda bien claro quién tiene el control”. Si acaso queda una duda sobre el 9 de febrero es ¿cuál era la verdadera intención de Bukele? ¿Era presionar a los diputados como le afirmó al cantante puertorriqueño René Pérez (Residente) en una conversación que se hizo pública? ¿o era proteger a los diputados de una masa enardecida (que él mismo encendió) que quería destituirlos como escribió en una carta publicada en el Miami Herald el 15 de febrero? En cualquiera de las dos versiones, contradictorias por cierto (pobre Aristóteles), Merino mintió y contradijo a su Comandante General en la interpelación, porque afirmó que la presencia de los de verde olivo era solo para proteger al presidente. ¿O la intención era dar un golpe de Estado como se podía deducir de los signos que precedieron al nefasto día? Si este fue el caso, Merino también habría mentido. ¿Fue Dios, en línea directa, el que le pidió paciencia? Entonces ¿sobre qué le pidió paciencia? ¿Fue la reacción de sectores nacionales y la comunidad internacional la que lo detuvo? ¿Fue el tímido pero opuesto tuit del embajador estadounidense?

En todo caso, cualquiera que haya sido el propósito, lo del 9 de febrero fue el primer gran error político del presidente, que le costó la condena de la comunidad internacional, la reacción contraria de no pocos sectores organizados del país y la primera derrota en las redes sociales donde hasta ese momento estaba invicto. Por todo lo anterior, preguntarle a Merino por lo que pasó el 9 de febrero era pura retórica.

El mundo vio lo que pasó, sabe bien quién dio la orden y quiénes la obedecieron sumisamente, aun contrariando la Constitución. Solo los funcionarios y el fiscal general no vieron eso. La masa incondicional respalda sin juicio crítico.

Por otro lado, el país volvió abruptamente a la tan ansiada “normalidad” a partir del 24 de agosto. Pero no lo hizo de la forma esperada y recomendada. Esta reapertura no es un punto de llegada después de un proceso escalonado y ordenado de retorno a las actividades, ni tampoco es fruto del estudio de la evolución de la pandemia de covid-19 que aconsejara hacerlo. La lamentable y ya cansina falta de acuerdos entre los poderes del Estado provocó que a partir de ese día no exista ninguna restricción legal para la total apertura de los sectores económicos y otras actividades como las religiosas.

De hecho, la economía comenzó a abrirse desordenadamente desde hace semanas por la falta de entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, cada quien aferrado a su propuesta de ley de reapertura económica y rechazando la del otro, aunque tuvieran mucho en común. La Asamblea aprobó “su” proyecto de Ley el pasado 12 de junio, que a juicio de entendidos es una buena ley, muy parecida a la presentada por el Gobierno, pero que exige la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

El presidente la vetó argumentando inconstitucionalidad. La Asamblea superó el veto generando así una controversia constitucional. Ante esto la Sala de lo Constitucional tenía que resolver y lo hizo el pasado 19 de agosto, dándole la razón a la Asamblea y mandando al presidente a sancionarla lo más rápido posible, no sin antes pedir a la Asamblea adecuar las fechas de las fases de la reapertura. Pero el presidente no la sancionó antes del 24, fecha en que vencía el decreto ejecutivo 31, por lo que la Asamblea tampoco pudo hacer la actualización de las fechas, como lo ordenó la Sala. Por eso, el país y la población quedaron huérfanos de leyes que lo protejan de la pandemia. Por eso, el país y la población quedaron huérfanos de leyes que lo protejan de la pandemia.

Pero para ellos, lo primero es primero. Para el presidente y para los partidos antes que todo, incluida la protección de la población, están las elecciones del próximo año. La campaña electoral le ganó a la pandemia. Toda la maquinaria del gobierno está en campaña para que el anhelo del presidente de no tener controles ni contrapesos en el ejercicio del poder se cumpla el próximo 28 de febrero. Pero esto no es nada nuevo.

Es lo mismo de siempre, ya es parte del folclor el uso y abuso de los recursos de todos para promocionar a quienes están en el gobierno. Y los partidos, los más grandes y los pequeños, quieren sobrevivir a la amenaza de la irrelevancia o de la desaparición. En una situación inédita, a pesar de que Nuevas Ideas debutará electoralmente, es el partido en el poder y tiene el botín del Estado abierto.

Mientras tanto la población queda a su suerte. Esperar un entendimiento entre el Gobierno y la Asamblea es poco menos que imposible. Pero la gente, a pesar de la necesidad, está aprendiendo a convivir en esta situación difícil. La autoprotección y la exigencia de medidas de bioseguridad a las empresas, comercios y establecimientos en general, debe ser un derecho ejercido por la población. Nunca más cierto que los políticos piensan más en las próximas elecciones que en las nuevas generaciones.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 11.