Se llamaba Alisson

Ese era su nombre: Alisson Renderos. Una adolescente, estudiante y deportista triunfadora, cuya muerte brutal, inaceptable a todas luces, ha vuelto a indignar las conciencias de quienes no vemos el país y su administración como un botín a pelear con las armas, los votos o las descalificaciones mutuas. El atroz y repudiable crimen de esta niña es, lamentablemente, el hecho que nos debería mover a trascender las típicas evaluaciones de estos días. Más que a un presidente y al partido político que lo encumbró, deberíamos centrar nuestra atención en considerar cómo se encuentra lo que en algún momento se promovió —dentro y fuera de El Salvador— como un exitoso proceso de paz. Y eso es lo que hoy pretendemos hacer.

Para ello, citemos parte del discurso que Mauricio Funes pronunció en el vigésimo aniversario del fin de los combates armados entre el Ejército y la guerrilla: "Creo firmemente que no puede ni podrá haber paz mientras no haya justicia en sentido amplio e integral. Justicia entendida en la plenitud de su significación como valor supremo [...] Justicia que busque y promueva la verdad. Justicia que otorgue resarcimiento; justicia que acabe con la impunidad [...]".

Del todo de acuerdo. Sin embargo, tras las formulaciones inspiradas y seductoras propias de los actos oficiales, deben aparecer los hechos concretos. Y ni este ni los Gobiernos anteriores han tenido el valor y el talante para cumplirle a la población en este ámbito. La impunidad, la falta de castigo ejemplar y estratégico a quienes han robado y han violado derechos humanos, sigue estando a la base de todos los grandes males que aquejan al país. He ahí lo que explica la realidad actual, donde las mayorías populares siguen siendo víctimas de la muerte; tanto de la violenta, sobre todo mediante el uso de armas de fuego, como de la lenta que es generada por la exclusión, la desigualdad y la pobreza.

Hace dos décadas callaron del todo los fusiles empuñados por los dos bandos, tras la firma del Acuerdo de Chapultepec. Es este documento al que se le presta toda la atención al momento de evaluar el cumplimiento de lo pactado entre las partes. Y ese enfoque, deliberado o no, limita el diagnóstico a lo formal. Un ejemplo: desaparecer las maquinarias represivas, los llamados "cuerpos de seguridad", y sustituirlas por una Policía Nacional Civil, que debería desempeñar su misión constitucional "con apego a la ley y estricto respeto a los derechos humanos". Obviamente, se respetó la letra del compromiso, pero ¿ha sido eso suficiente?

También en el Acuerdo de Chapultepec se determinó que "los casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos" deberían ser considerados y resueltos por la Comisión de la Verdad. Además, los firmantes del documento decidieron que esos hechos, "independientemente del sector al que pertenecieren sus autores", debían "ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley".

El actual Gobierno pudo cumplir lo anterior, al menos en lo que le tocaba, y cambiar en serio; pero dejó pasar la posibilidad de marcar la diferencia respecto a los anteriores, cuyos titulares venían del partido creado por quien la misma Comisión de la Verdad señaló como fundador de los escuadrones de la muerte. Era lógico que no hicieran nada más que proteger siempre a los responsables de tantas atrocidades; entre otras, la masacre ejecutada hace veintidós años y medio en esta universidad.

Cuando en agosto de 2011 se supo que la justicia universal pedía detener y extraditar a un grupo de imputados por la ejecución de ocho personas inocentes en la UCA, renació la esperanza de mucha gente. Más aún cuando el entonces director general de la Policía Nacional Civil afirmó que acataría dichas órdenes. Habrá quien diga que solo nos importa este caso, donde al igual que hoy pasó con Alisson fue asesinada otra adolescente. ¡Claro que no! Nos importan todas las víctimas asesinadas y desaparecidas antes, durante y después de la guerra. Pero es necesario traer a cuenta la permanente protección dada a los militares que participaron en la ejecución de ocho personas indefensas en la UCA, para mostrar una y otra vez la falta de valentía de todos los Gobiernos de la posguerra para tocar lo que hasta ahora ha sido intocable. Y mientras la justicia no golpee las cabezas del crimen organizado en cualquiera de sus formas (violación de derechos, corrupción y tráficos ilícitos de drogas, armas y personas, entre otros), seguirán muriendo más jóvenes como Alisson y, junto a ellas, la esperanza.

Algo hay que hacer, y para ello, como caídas del cielo, brotan las palabras del pastor de los derechos humanos: san Romero de América. A quienes presumían y presumen de lo buenos que son como gobernantes, les sigue diciendo que "de nada sirven las reformas, si van teñidas de tanta sangre"; a las víctimas de un sistema perverso, estén en el lado que estén quienes lo mantienen vigente, las continúa animando así: "Muchas veces me lo han preguntado [...]: ¿qué podemos hacer? ¿No hay salida para la situación de El Salvador? Y yo, lleno de esperanza y de fe, no solo con una fe divina, sino con una fe humana, creyendo también en los hombres, digo: ‘¡Sí, hay salida!’". Creamos, pues, en la gente y su poder cuando se organiza, defiende sus derechos y reclama respeto.