Seguridad y prevención

La cifra de 12 asesinatos diarios es alarmante. En ciudades y municipios considerados peligrosos, los niveles de violencia están a la orden del día, lo cual produce no sólo inseguridad, sino además un estigma sobre dichas zonas y sus habitantes.

Esta semana, incluso, algunos asesinatos fueron utilizados para formular una especie de mensaje hacia las autoridades. Tres cuerpos fueron encontrados a las puertas de la sede fiscal de Soyapango. De momento, las autoridades ya iniciaron las investigaciones pertinentes.

Cuando esto sucede, también salen a luz pública, una vez más, las carencias y debilidades de nuestro actual sistema de justicia e investigación del delito. La nueva gestión ha prometido apostarle a la prevención social de la violencia como estrategia, pero esta será insuficiente si no se refuerzan aspectos vitales como la investigación y persecución del delito.

Medios de prensa han destacado la carga laboral sobre investigación de homicidios que los fiscales tienen. Además, ya el actual Ministro de Seguridad Pública ha reconocido la dispersión organizativa y funcional de algunas unidades especiales de la Policía Nacional Civil.

Ante este diagnóstico, es urgente que el Estado formule cambios. En materia de investigación, el problema de la carga laboral de los fiscales se resuelve no sólo mediante el aumento de personal, sino con un proceso sostenido de capacitación y el fortalecimiento en la investigación científica de las áreas fiscales y policiales encargadas de las indagaciones.

Por otra parte, el sostenimiento de una política pública en materia de seguridad debe contemplar la participación de los diversos actores sociales en cada nivel de intervención. En ese sentido, ya la nueva administración ha dejado entrever la creación de consejos municipales de seguridad ciudadana. Esta es buena idea, pero debe prestarse atención para no crear institucionalidad sin funciones operativas ni apuestas estratégicas. En este caso, debe partirse de un diagnóstico territorial que incluya la valoración de los actores a involucrarse y sus niveles de participación.

La seguridad ciudadana debe ser prioridad para la nueva gestión. Por eso es necesario pasar de las promesas a las medidas concretas, de las formulaciones generales a los planes específicos de acción. Sólo así podrá hacerse realidad el paso del enfoque represivo al preventivo.