Sobre la inclusión social

A un año del gobierno de Mauricio Funes, tal como los sondeos de opinión revelan, la ciudadanía identifica escasos logros y aún espera los cambios prometidos; no obstante, evalúa la gestión de manera más bien positiva. Las expectativas sociales con la llegada de Funes eran y siguen siendo grandes. Luego de 365 días, las y los salvadoreños esperan que problemas graves como la inseguridad y la situación económica reciban respuestas efectivas de parte del Gobierno.

Tal como lo señala en la publicidad oficial, esta gestión se ha caracterizado en su primer año por implementar medidas de corto alcance —como la entrega de paquetes escolares— que carecen de impacto en la generación de cambios estructurales. Para algunos sectores de la sociedad civil organizada, el cambio de Gobierno vino acompañado de una apertura histórica en términos de interlocución con las autoridades estatales. Si bien, en comparación con las gestiones previas, la apertura al diálogo es un cambio positivo, este es sólo un paso necesario en el camino hacia la democratización política del país.

Parte de esta apertura inició con la creación de la Secretaría de Inclusión Social, entidad técnica-política encargada de visibilizar a grupos poblacionales en situación de vulneración de derechos, como la niñez, la juventud, las personas con discapacidad y, más recientemente, los grupos que abogan por el respeto a la diversidad sexual.

Colocar a esta población en la agenda gubernamental es un acierto. Realizar procesos de consulta ciudadana como base para el diseño de medidas también lo es. Sin embargo, en la práctica, tanto por el diseño de esta Secretaría, como por los indicios de su funcionamiento durante el primer año, el balance positivo solo alcanza para reconocer la apertura al diálogo. Sobre el diseño, basta decir que esta instancia depende directamente de la Presidencia de la República y tiene un carácter técnico, por lo cual se encarga de elaborar propuestas. Pero no es ni el ente rector o contralor de políticas públicas específicas, ni ha mostrado capacidad de coordinación entre las distintas instancias del Ejecutivo.

Para muestra, algunos botones. En el caso de la niñez, pese a contar con una dirección específica, esta fue incapaz de coordinar, al menos desde el Ejecutivo, las acciones tendientes a preparar la entrada en vigencia de la Ley Especial de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA). En el área de juventud, si bien ha impulsado un proceso inédito de consulta a la juventud salvadoreña para construir políticas públicas, hasta el momento no ha habido compromisos serios por adherirse a la Convención Iberoamericana de Derechos de las y los Jóvenes ni tampoco hay claridad sobre la nueva institucionalidad a crear sobre el tema.

A partir de estos ejemplos, luego de un año de su funcionamiento, la Secretaría de Inclusión Social parece no cumplir del todo con el cometido de incluir en la agenda gubernamental los derechos de estas poblaciones. Para garantizar derechos no basta con abrirse al diálogo y la participación ciudadana. Estas bases deben permitir la construcción de políticas, con acciones concretas y realizables en tiempo y recursos, así como la puesta en marcha del engranaje estatal en función de tales políticas. Mientras esto no suceda, la inclusión social quedará solo como discurso, algunos sectores específicos de población habrán ganado apertura y el Gobierno, quizás, algunos niveles de popularidad; pero la sociedad en general no habrá obtenido cambios sustanciales en sus condiciones de vida.