Temas militares

Aunque se le tenga respeto al coronel Munguía Payés, el hecho de ponerlo de Ministro de Defensa deja a nuestro país todavía con una deuda con la democracia. En efecto, el ministro de Defensa en un país plenamente democrático debe ser un civil y no un militar. El coronel Munguía tiene a su favor ser un militar retirado y una persona decente. Pero no es suficiente. Los militares son una institución obediente y no deliberante, y están bajo el mando de un gobierno civil. Sólo las dictaduras tienden sistemáticamente a tener ministros de defensa militares. Si el nombramiento del coronel Munguía Payés es un paso para convencer de una vez por todas a los militares salvadoreños de que debe haber un Ministro de Defensa que no sea militar, bienvenido sea su nombramiento. Pero si el nombramiento obedece a alguna forma de precaución o miedo frente a la Fuerza Armada, tendríamos que decir que el paso dado no es el adecuado.

En este contexto, algunos medios de comunicación han reproducido declaraciones de militares jubilados y descontentos. Especialmente, un militar ignorante, pero al que le han dado con frecuencia cabida en los medios de comunicación, ha lanzado amenazas encubiertas y ha tratado de confundir a la opinión pública con interpretaciones de la Constitución arbitrarias. En efecto, este mal militar no sólo amenaza con algaradas y relajos de carapintadas si se derogara la ley de amnistía, sino que insiste en que la Constitución prohíbe estrictamente que la conducción de la Fuerza Armada sea llevada por políticos. Se olvida este pobre militar que el Presidente de la República es siempre un político. Y que ese político es el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada. El Ministro de Defensa no es más que su delegado en las filas castrenses, y puede, por supuesto, ser político. Es más, un ministro civil será normalmente mucho más político que un militar.

No extraña a nadie la mala lectura constitucional de parte de este militar retirado, porque él y sus compañeros de La Tandona se dedicaron durante la guerra civil a violar impunemente la Constitución. El miedo ahora es que si se derogara la amnistía le tocaría a algunos de sus compañeros pasar por la vergüenza de verse señalados de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero, más allá de esa mala lectura, lo que sorprende es que se dedique a hablar de posibles rebeliones. Se le ve inmediatamente el pedigrí atrasado y prepotente, muy distinto a los militares de hoy en día, o al menos a la mayoría de ellos.

Este tipo de militares son los que hacen que muchos civiles pensemos que no debería haber ejército en nuestros países centroamericanos. Tanta muerte y tanto creerse superiores a las leyes y a la Constitución es lo que harta a la gente. No faltan quienes piensan que los militares pueden organizar con mayor eficacia la ayuda tras el desastre. Pero en el terremoto de 1986, lo mismo que en 2001, fue la gente la que inmediatamente se puso a trabajar y se organizó para labores de ayuda. En 1986, las Iglesias, y en particular la Iglesia católica, fueron mucho más eficaces en la ayuda a los damnificados del terremoto que el Ejército. Tal vez entonces la excusa fuera la guerra, pero lo cierto es que la sociedad civil tiene una capacidad de organizarse y trabajar en favor de los damnificados que supera a los ejércitos.

Una fuerza de paz centroamericana, especializada en armamento sofisticado y comprometida para luchar en todo el istmo contra el crimen organizado, los señores de la droga y otro tipo de criminalidad de ese calibre, probablemente sería mucho más útil que lo que tenemos ahora. Y, además, en las Américas ya no caben guerras. Los tratados internacionales y los procesos unionistas, en particular en Centroamérica, hacen obsoletos a los ejércitos tal y como están organizados.

En este contexto, las declaraciones como las que hemos comentado hacen un flaco favor a la Fuerza Armada. El nuevo Ministro de Defensa ha dicho que no se va a oponer a la verdad, y que si un juez se lo pide, cooperaría con el establecimiento de la misma. Que aparezcan malos militares insistiendo en la impunidad y tratando de discutir la legitimidad de quien tiene al menos un historial democrático y de derechos humanos mucho más limpio, es una muestra más de lo fatal que ha sido para este país una Fuerza Armada con exceso de impunidad.

Más allá del futuro de los ejércitos en Centroamérica, que no es un tema que esté demasiado en discusión, nos interesa recalcar la necesidad de que nuestro Ejército se sujete a las leyes de El Salvador. No se ha sujetado en el pasado en el campo fundamental de los derechos humanos. Y algunos militares retirados parece que no quieren que se sujete ahora. Un modo de sujetarse es el de simplemente reconocer el derecho del mundo civil a investigarlos y a exigirles que si se ha fallado en obligaciones constitucionales, se aprenda a pedir perdón y a corregirse. Es una asignatura pendiente y es un buen momento para aprobarla. Pero con seriedad y sin rebajas. Y, por supuesto, esperamos que el nuevo Ministro suspenda las idas a esa escuela de tortura y violación de derechos humanos que es la Escuela de las Américas en Estados Unidos. Si vamos a tener ejército, queremos personas respetuosas con la ley.