Trabajo y empleo decente

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), "el trabajo decente resume las aspiraciones de las personas en su vida laboral, aspiraciones en relación a oportunidades e ingresos; derechos, voz y reconocimiento; estabilidad familiar y desarrollo personal; justicia e igualdad de género. Las diversas dimensiones del trabajo decente son pilares de la paz en las comunidades y en la sociedad [...] El trabajo decente puede ser sintetizado en cuatro objetivos estratégicos: principios y derechos fundamentales en el trabajo y normas laborales internacionales; oportunidades de empleo e ingresos; protección y seguridad social; y diálogo social y tripartismo. Estos objetivos tienen validez para todos los trabajadores, mujeres y hombres, en la economía formal e informal, en trabajos asalariados o autónomos; en el campo, industria y oficina; en sus casas o en la comunidad".

La definición anterior es resultado de la lucha que los y las trabajadoras han llevado a cabo desde que en el siglo XIX se estableció la relación patrono-trabajador, capitalista-asalariado, como la dominante o preponderante en la sociedad. Muchas personas en el mundo gozan de trabajo decente, pero en América Latina en general y en nuestro país en particular ese estatus ha sido y es la excepción que confirma la regla.

En El Salvador, el desarrollo del capitalismo es periférico, dependiente y con pocos recursos naturales (la mayor riqueza del país, suele decirse, es su gente). Esto ha provocado que los tipos de trabajo infantil, forzoso —en tanto única alternativa para obtener ingresos— desigual y peligroso sean parte de la vida cotidiana de la mayoría de personas.

La precariedad del mercado laboral es una realidad que se expresa en el desempleo o en el acceso a empleos con bajas remuneraciones, sobreexplotación y carencia de seguridad social. Esta situación lleva a muchos jóvenes a preguntarse si efectivamente la educación y el mercado laboral son vía para ascender en la escala social. Actualmente, en términos reales, los jóvenes que se incorporan al mercado laboral reciben salarios menores que los que recibió la generación anterior por trabajos comparables. Se debe notar que la situación y posición de las mujeres suele ser peor que la de los hombres, pudiendo afirmarse que las mujeres sufren una doble exclusión.

Además, trayectorias laborales discontinuas en ingresos, contratos, prestaciones y demás derivan en jubilaciones que no llegan o que llegan cargadas no de júbilo, sino de desconsuelo. Y ello vuelve aún más precaria la situación actual y futura de las generaciones que inician su vida laboral en esta época.

Urgen políticas que apuntalen no solo el acceso y calidad de la educación hasta bachillerato, sino también que estimulen el empleo juvenil decente sin que esto implique expulsar trabajadores o trabajadoras de mayor edad y con mayor pasivo laboral acumulado. Se trata de estimular empleo con valor agregado para la colectividad. En esta lógica, empresas o emprendimientos con una racionalidad diferente a la de la simple competencia y obtención de ganancia se convierten en una necesidad de sobrevivencia presente y futura.

Para muestra de la situación laboral, un botón. De acuerdo al informe de la OIT "Trabajo decente y juventud en América Latina 2010", en el subcontinente solo un 4% de los jóvenes entre 18 y 24 años de edad estudia y goza de un trabajo no precario, es decir, obtiene un salario y cuenta con seguridad social; un 20% trabaja de la misma forma, pero no estudia. Asimismo, 20 de cada 100 jóvenes están desempleados, y un 30% solo estudia. Lo más preocupante es que 10 de cada 100 jóvenes no estudia ni trabaja, pero tampoco busca empleo.

Como sociedad, como ciudadanos, debemos exigirle al Estado, a cualquier Gobierno, promover y proteger la creación de empleo decente. Un empleo en el cual sea posible reunirse para discutir libremente nuestros problemas y necesidades como trabajadoras y trabajadores; en el que se respete la dignidad de la persona y su derecho a la libertad de expresión; que permita alimentar a la familia y provea de salud, educación, vivienda y esparcimiento adecuado. Un trabajo en el que no suframos de discriminación o acoso del tipo que sea, en el que tengamos asegurada nuestra protección y seguridad social, y que, al final de nuestra vida productiva, nos permita gozar de una pensión digna.