Un presidente bien evaluado, un país en problemas

La próxima semana, el gobierno de Mauricio Funes cumplirá un año de haber arribado al poder en medio de una difícil situación económica y social y de un clima de incertidumbre política. En este contexto, como es tradición, el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA presentó su encuesta de evaluación del primer año de la gestión gubernamental.

La lectura de la encuesta revela que, en términos generales, persiste una evaluación bastante favorable del desempeño del Presidente durante su primer año de trabajo, especialmente en aquellos indicadores más generales y abstractos como la calificación o la valoración sobre la capacidad de gobernar del mandatario. La nota promedio asignada por la población salvadoreña a Mauricio Funes en este primer año es de 6.78, lo que muestra que en general predominan las apreciaciones positivas sobre su gestión. De hecho, el 75 por ciento de los consultados le asignaron una nota igual o mayor a 6. Sin embargo, al comparar estos resultados con los obtenidos meses atrás en la evaluación de los cien días de gobierno, se advierte un claro deterioro de las opiniones favorables.

Esa tendencia se agudiza aún más cuando se recogen los juicios sobre ámbitos más específicos del desempeño del Gobierno, es decir, cuando se remite a la gente a valoraciones más concretas y tangibles. A la hora de preguntar sobre el rumbo de la situación económica y delincuencial del país, crecen las valoraciones negativas de la gente. Seis de cada diez salvadoreños y salvadoreñas piensan que la delincuencia ha empeorado en el país y cuatro de cada diez expresa la misma opinión respecto a la economía nacional. Y es que estos aspectos son los ámbitos de la vida nacional que más deterioro han experimentado en el último año, incluso cuando es claro que el Gobierno actual heredó una difícil situación económica y de seguridad, a la que suma el impacto de la crisis económica global y el avance del crimen organizado transnacional. Sin embargo, también es cierto que el Gobierno ha arrancado tarde; que en algunos ámbitos ha sido complicada la articulación (como en el gabinete de seguridad); y que la inexperiencia de muchos de los funcionarios se ha conjugado con los vicios burocráticos de la administración pública, lo que ha ido en detrimento de una mayor efectividad y creatividad en el impulso de los planes y las políticas.

Lo cierto es que, al margen de los factores que han confluido e incidido en la conducción del país durante este último año, los indicadores económicos siguen cayendo mientras que los índices delincuenciales continúan en ascenso. Esto explica por qué en opinión de la población son la delincuencia y la economía los principales desafíos que deberá enfrentar el Gobierno en el próximo año. Y no es para menos: en materia de seguridad, la encuesta muestra que cerca de una cuarta parte de la población adulta ha sufrido de forma directa un hecho delincuencial, con la cual el país reporta el índice de victimización más elevado de la década. Una extrapolación de estos datos a las proyecciones poblacionales para 2010, basadas en el último Censo de Población y Vivienda, revela que cerca de 900 mil personas podrían haber sufrido de forma directa un acto delincuencial en los 12 meses previos a la realización de la encuesta. Los datos coinciden con la tendencia general reportada por las cifras oficiales, que confirman un aumento en los índices delincuenciales. En concreto, un dato extremadamente preocupante es el crecimiento sostenido de las extorsiones que, según el sondeo, alcanza el 33 por ciento de los hechos reportados, con lo que este delito se ubica como el segundo de mayor afectación ciudadana, después de los robos. De hecho, al consultar en torno a los fracasos, el tema que logra captar los mayores consensos ciudadanos es la falta de combate a la delincuencia, además de que esta predomina como el principal problema de preocupación nacional, lo que marca diferencias respecto a las tendencias de dos años atrás, en las que la economía concentraba las mayores inquietudes ciudadanas.

En el ámbito económico, la cosa no está mucho mejor. De hecho, la generación de empleos y la reducción de la pobreza figuran en la opinión ciudadana como algunas de las promesas más incumplidas. Asimismo, algunos de los programas más emblemáticos de la actual gestión para paliar la crisis económica y reducir la pobreza, como el programa de Comunidades Solidarias o el Plan Global Anticrisis, son valorados como poco o nada efectivos por más de la mitad de la población. Aun cuando dos terceras partes de la gente piensan que los cambios prometidos por el actual Gobierno ya se iniciaron, en la práctica los logros más concretos y los cambios más tangibles identificados mayoritariamente por la gente son la entrega de paquetes escolares gratuitos y otras ayudas en el ámbito escolar. Y quienes mayoritariamente reconocen estas ayudas como logros son las mujeres, las personas de estratos marginales y los salvadoreños con ingresos familiares menores a $300; perfil que está asociado a los potenciales beneficiarios del programa. Sin embargo, al preguntarle de forma directa a la gente si se siente beneficiada por el trabajo del actual Gobierno, siete de cada diez ciudadanos expresan sentirse poco o nada beneficiados y seis de cada diez piensan que el país necesita un cambio de rumbo.

Frente a ese escenario, pareciera contradictorio que la opinión pública siga evaluando tan favorablemente el trabajo gubernamental. ¿Cuáles son, entonces, los cimientos en los que se sustentan estos niveles de aprobación ciudadana? La encuesta revela que uno de los factores que pesa de forma importante en el respaldo a la gestión del presidente Funes es justamente su imagen personal, la cual sigue gozando de mucha aceptación entre la mayoría de la población. Y esto, sin duda, no sólo se debe a la popularidad de la que gozaba el mandatario antes de su arribo al poder, sino también a la ventaja que le da haber asumido el control del Ejecutivo en una coyuntura inédita para el país, que despertó enormes esperanzas e ilusiones de cambio, luego de dos décadas de frustración y elevado desencanto. A ello se suma que en la actualidad no se perfilan en el país ni en los ámbitos político y social figuras o personalidades que compitan con la popularidad del Presidente. Por otra parte, es interesante hacer notar que los mayores respaldos a la gestión, las valoraciones más positivas al trabajo presidencial, proceden mayoritariamente de las personas que se ubican a la izquierda del espectro ideológico y de los simpatizantes y eventuales votantes del FMLN. Todo parece indicar que aún se mantiene buena parte del capital político que llevó a Mauricio Funes al poder, pese a la fractura en su relación con el FMLN. Este último, por su parte, se perfila en el primer lugar de las simpatías ciudadanas, frente una profunda erosión de Arena y del resto de partidos. Y aunque en el actual contexto de división entre el Presidente y el FMLN sea difícil admitirlo públicamente, ambos están capitalizando los réditos de su asociación. Al menos por hoy, se advierte una transferencia de ganancias de doble vía: el apoyo popular y la valoración positiva de la gestión presidencial están beneficiando claramente al FMLN; y éste, a la vez, está aportando de manera importante al capital político del Presidente.