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El próximo 26 de junio, mil quinientos miembros del Ejército asumirán la custodia de algunos de los centros penales del país; otro tanto será asignado a tareas de control fronterizo en diferentes puntos ciegos del país y a labores de patrullaje en las fuerzas de tarea conjunta con la PNC. Es claro, pues, que la decisión presidencial de prorrogar hasta junio de 2011 la permanencia del Ejército en labores de seguridad responde a la lógica de enviar a la opinión pública una señal de mano dura, en un contexto en el que la realidad delincuencial rebasa la agenda gubernamental.
El argumento utilizado por el presidente Funes para recurrir a esta vieja práctica es que se trata de una medida excepcional, adoptada en esta coyuntura para bajar los índices delincuenciales. Sin embargo, vista en perspectiva, la participación de las milicias en la seguridad pública no ha sido una medida excepcional ni mucho menos exitosa en la reducción de los delitos. No es excepcional porque, desde 1993 hasta la fecha, todos los presidentes han recurrido al Ejército para labores de seguridad pública, aun cuando esto ha supuesto una franca violación al espíritu y letra de los Acuerdos de Paz. Los planes Caminante y Grano de Oro, y los más de trescientos grupos de tarea antipandillas que funcionaron en anteriores administraciones de Gobierno son sólo algunos ejemplos del abuso que los mandatarios de turno han hecho de esta facultad discrecional que les otorga la Constitución.
Y en cuanto a su efectividad, la realidad misma se ha encargado de demostrar que la participación de militares en la seguridad pública no logra reducir la incidencia delincuencial. De haber sido así, El Salvador hubiese logrado controlar desde hace varios años el problema, que se desencadenó luego del fin de la guerra.
En el caso de la función de custodia penitenciaria asignada a los miembros del Ejército —en apariencia, una novedad—, no sólo podría ser inefectiva, sino además resultar contraproducente. Para justificar el uso de personal militar en labores de vigilancia perimetral y en el control del ingreso de visitas, el principal argumento esgrimido por las autoridades ha sido que eso permitirá frenar el crimen organizado y controlar las redes de corrupción que han permeado el sistema penitenciario. En efecto, investigaciones hechas y divulgadas por la actual dirección de los centros penales han revelado que estructuras del crimen organizado han tomado control de muchas de las cárceles del país; ello con el apoyo de las redes de corrupción que se articularon al interior del propio sistema.
Pero ¿quiénes son los que por décadas han facilitado que estructuras criminales operen con toda impunidad en las penitenciarías salvadoreñas? Las indagaciones de las actuales autoridades han confirmado lo que era un secreto a voces: el involucramiento de parte del personal penitenciario en estas redes de corrupción. Por años, directores, comandantes, custodios e incluso miembros de los Consejos Criminológicos han facilitado el ingreso de drogas, alcohol, armas y otros objetos prohibidos (celulares y aparatos eléctricos, por ejemplo) y se han lucrado con la venta de privilegios para determinados internos. La connivencia de muchos empleados de la Dirección de Centros Penales con ciertos internos o grupos de ellos no sólo ha permitido la presencia y el fortalecimiento de empresas criminales al interior de los recintos, sino que en la práctica han otorgado a estos grupos el control de lo que acontece cárcel adentro. Y es que la vida al interior de muchas penitenciarias es regulada de hecho por un sistema de normas y códigos de conducta impuesto por un interno o un grupo dominante de ellos, que ha fungido como el interlocutor ante las autoridades del centro. Esta ha sido la realidad que ha imperado en nuestro sistema penitenciario. Para nadie es desconocido que, luego del fin de la guerra, la dirección de las cárceles fue asignada por lo general a coroneles retirados; mientras que el control de la seguridad, ha estado a cargo de comandantes y custodios de extracción militar. De hecho, la estructura funcional que ha predominado en los centros penales ha estado inspirada en un esquema castrense. Es decir, en la práctica, el sistema penitenciario ha estado por décadas bajo el control de personal con formación y experiencia militar.
En este contexto y frente a esta realidad, es cuestionable el argumento gubernamental de que la presencia de militares en los centros penales frenará la corrupción y el crimen organizado. ¿Qué garantiza que personal militar en activo no sucumba al poder de penetración que tiene el crimen organizado, como ha ocurrido ya con algunos de los ex militares? Sin duda, no hay nada que asegure que el nuevo personal no se ponga al servicio de estas estructuras, especialmente cuando se trata de reservistas o soldados de tropa, cuyos salarios no superan los trescientos dólares. Adicionalmente, el mal manejo que puedan hacer los soldados de un amotinamiento o de una revuelta carcelaria, por carecer de la preparación adecuada para el manejo de crisis penitenciarias, podría derivar en desenlaces trágicos. Entendemos que, dada la emergencia de seguridad que enfrenta el país, el Ejecutivo esté recurriendo a diversas estrategias, entre ellas algunas que buscan crear una falsa percepción de seguridad entre la opinión pública y, con ello, contener el descontento popular. Pero los costos de estas medidas podrían resultar demasiado altos para la seguridad del país, especialmente cuando la experiencia previa del uso del Ejército en labores de seguridad ha resultado —aquí y en otros países— totalmente contraproducente.
