Una postergación inaceptable

¿Qué pasa en el país con los derechos de la niñez y la adolescencia? ¿Son importantes para proclamarlos en foros internacionales, aunque dentro del territorio nacional sigan siendo vulnerados? El pasado 16 de abril entró en vigencia, de manera incompleta, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, más conocida como Lepina. Incompleta porque la creación del sistema nacional de protección integral a la niñez fue pospuesta para enero de 2011.

Desde 1990, cuando firmó y ratificó la Convención de Derechos del Niño, el Estado salvadoreño se comprometió a adaptar su legislación a los principios de la doctrina de protección integral de la niñez y la adolescencia. En función de eso, tras casi dos décadas de postergar el cumplimiento de tan importante obligación, fue sancionada la Lepina.

Pero, en la práctica, sigue sin ser realidad su contenido tras la decisión legislativa de aplazar el inicio de su vigencia. Para ello, haciendo uso de su iniciativa de ley, el presidente Mauricio Funes contó con 63 votos a favor; sólo Alianza Republicana Nacionalista se negó a apoyarlo. A tenor con la postergación, en el Presupuesto General de la Nación de 2010 no se incluyeron los recursos financieros para el despliegue de la actividad prevista en la Lepina.

En el último informe que presentó al Comité de Derechos del Niño el 21 de enero de 2010, el Estado salvadoreño señaló como uno de sus principales logros en este ámbito la existencia de dicha ley. Ocho días después, el mismo Comité le recomendó crear sin demora la institucionalidad estipulada y asignar los recursos necesarios para tal fin.

En razón de eso, el Ejecutivo tenía la obligación legal y moral de aplicar la ley. Con lo ocurrido en la Asamblea Legislativa, se corre el riesgo de favorecer y profundizar las situaciones que deterioran la calidad de vida de la niñez y la adolescencia hasta el próximo año. Asimismo, es igualmente irresponsable y reprochable que la Corte Suprema de Justicia —habiendo tenido tiempo suficiente— llegara a último momento a plantearle a la legislatura dificultades legales y operativas que pudieron revisarse con antelación.

No es aceptable que, por negligencia estatal, se retrase aún más la puesta en marcha de tan importante mecanismo para la defensa de la niñez y la adolescencia. No es válido que mientras buena parte de la niñez y la adolescencia es víctima de violencia de todo tipo, iniquidad, discriminación y malos servicios públicos, la clase política no le haya puesto atención al compromiso adquirido hace un año y el Ejecutivo no haya hecho lo que le correspondía.

Desde las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia y el IDHUCA se hace un llamado al Estado para que establezca plazos claros y definitivos, así como la agenda requerida, para crear el sistema nacional de protección integral de la niñez y la adolescencia; defina con precisión la entidad responsable de verificar que se cumpla, en el tiempo y en las condiciones más adecuadas, lo antes señalado; y, finalmente, convoque a las organizaciones sociales que trabajan con la niñez y la adolescencia en los ámbitos nacional y local a fin de garantizar un proceso participativo, transparente e incluyente.