Veinteañeros

Superados el alboroto y consumismo de fin de año, desde la óptica de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, delitos contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos antes y durante el conflicto armado, 2012 arrancó y terminó girando alrededor de la masacre de El Mozote. El 16 de enero, a veinte años del cese al fuego, la evocación oficial de la firma del Acuerdo de Chapultepec se organizó en ese cantón de Morazán; y el 10 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó su sentencia sobre el caso.

Tres días antes de ese 16 de enero, hace ya casi un año, Mauricio Funes desautorizó a Fespad y al IDHUCA. ¿La razón? Sus directores encabezaban las casi setenta firmas de ciudadanos incluidas en una carta, entregada en Casa Presidencial el 12 de ese mismo mes, a propósito de la inminente conmemoración en El Mozote. Al día siguiente, Funes rechazó una de las demandas incluidas en la nota porque no se la habían planteado directamente las comunidades de la zona y porque, dijo, dudaba de la "capacidad de representación de estas organizaciones, frente a los derechos que dicen defender y preservar".

Al Presidente se le pedía que no llevara oficiales, tropa, vehículos o aeronaves militares, por la participación que tuvo la Fuerza Armada en la barbarie ocurrida tres décadas atrás y por el terror que permanece entre la gente. Lo hizo; pero, en la práctica, fue reducida esa presencia. A la solicitud de abrir los archivos castrenses a las víctimas, Funes respondió que ya lo había hecho; sin embargo, esa siguió siendo una demanda constante de la Asociación Pro-Búsqueda. No hizo ni dijo nada sobre la firma y ratificación de tratados internacionales, entre los cuales está el Estatuto de la Corte Penal Internacional, del que aún no es parte El Salvador.

Se le pidió, por ser el jefe de Estado, cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la derogación de la amnistía o su adecuación a estándares internacionales. Funes sostuvo que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la dejó sin efecto cuando favoreciera la impunidad de graves violaciones. Eso es teoría pura, pues en la realidad dura sigue siendo la excusa preferida para proteger criminales y castigar a las víctimas. Hasta en un tribunal estadounidense se ha usado para defender al coronel Inocente Montano, procesado tras mentirle a la migración de ese país.

A Funes también se le demandó reconocer la responsabilidad militar en la masacre de El Mozote. Eso lo hizo en ese sitio hace un año y, además, pidió perdón como jefe de Estado, presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada. En la carta se le pidió también que señalara explícitamente al teniente coronel Domingo Monterrosa y al resto de oficiales mencionados en el informe de la Comisión de la Verdad como el mando del batallón Atlacatl que ejecutó la matanza; igual lo hizo.

Finalmente, se le comunicó el reclamo de las víctimas sobrevivientes que han declarado en el Tribunal Internacional para la Aplicación de la Justicia Restaurativa: retirar de cualquier cuartel, local u otra edificación los nombres de oficiales violadores de derechos humanos, comenzando por Monterrosa. Por eso, el 16 de enero del año pasado el mandatario instruyó a la Fuerza Armada para que revisara "su interpretación de la historia". Tres días después, el ministro de la Defensa Nacional, José Atilio Benítez, anunció la creación de una comisión para ello. Entonces, este general aprovechó para adelantar su "interpretación" sobre Monterrosa: desafiante, dijo que "no solo la Fuerza Armada, sino que la misma población lo pedía, porque lo veía como un héroe y muchos lo seguimos viendo como un héroe, porque dio incluso su vida por defender al país de una agresión de ese momento". A casi un año de aquella conmemoración en El Mozote y de la "instrucción" del Comandante General, se espera aún el resultado del trabajo de la comisión. De las declaraciones del ministro, sobran los comentarios.

La sentencia de la Corte Interamericana sobre El Mozote (emitida el 25 de octubre de 2012 y publicada el 10 de diciembre del mismo año, en la víspera de otro aniversario de la masacre) declaró al Estado salvadoreño responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la integridad física, a la vida privada, al domicilio, a la propiedad privada, de circulación y residencia, a las garantías judiciales y a la protección judicial. Además, señaló la obligación estatal de "investigar los hechos que generaron las violaciones e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, así como localizar, identificar y entregar a sus familiares los restos de las víctimas de las masacres". También exigió al Estado asegurar que la ley de amnistía no siga siendo un obstáculo para lo anterior; tampoco para otras graves violaciones de derechos humanos similares.

Esa enorme traba legal y psicosocial que es la amnistía ha ofendido y sigue ofendiendo a las víctimas sobrevivientes y a quienes las apoyan. La cuestionada ley cumplirá, el próximo 20 de marzo, dos décadas de haber sido aprobada para fortalecer una impunidad que protegió y protege criminales de verde olivo y de cuello blanco. Igual cantidad de años cumplirá, cinco días antes, la presentación pública del informe de la Comisión de la Verdad; también el incumplimiento, el mal cumplimiento y el retroceso en algunos cumplimientos de sus recomendaciones, como en el caso de la desmilitarización de la Policía Nacional Civil y de las tareas de seguridad pública.

Tras la firma de la paz, en el país dejaron de ocurrir las graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos que caracterizaron a los años del conflicto armado. Pero también hay que considerar los veinte años que cumplirá, en marzo de 2013, una verdad sepultada con la lápida de la amnistía. Lo humano de la primera lo arruinó lo inhumano de la segunda al robustecer la impunidad y legitimar prácticas criminales (ejecuciones, torturas, desapariciones y masacres) que antes se dieron por razones políticas. El desafío es que veinte años después comience a resurgir la verdad sepultada. Y eso solo se logrará con el accionar de una sociedad indignada, decidida a lograr justicia y reparación integral para las víctimas de antes, durante y después de la guerra.