Víctimas del consumo de tabaco

Hace unos días, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley para el Control del Tabaco, que regula la promoción, publicidad, patrocinio, comercialización y consumo del tabaco y de sus productos, a fin de proteger la salud de la ciudadanía. Varias las voces se han pronunciado a favor de la ley; otras, en contra. Buena parte de la población y los miembros de asociaciones de exfumadores la han recibido con gran expectativa; otros sectores —entre ellos los empresarios de la industria del tabaco, como era de esperarse— han mostrado su descontento y han hecho observaciones críticas. En medio del debate, se impone la pregunta ética: ¿es bueno lo que manda esta ley? Los datos de la realidad constituyen un argumento de suficiente peso para ponderar la bondad y necesidad de la mencionada ley.

Las frías cifras del tabaquismo, reveladas recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), permiten ver lo grave de la pandemia, considerada así porque es un problema extendido por todo el mundo. Enunciemos los datos y saquemos conclusiones. Cada año, el consumo de tabaco ocasiona 4 millones de muertes en el mundo, lo que significa que cada día mueren alrededor de 10 mil personas por enfermedades asociadas al tabaquismo. Se calcula que 500 millones de las personas que viven actualmente morirán por causa del tabaco; de esas muertes, la mitad ocurrirá a edad prematura, es decir, entre los 40 y 60 años, ya que los fumadores de largo plazo tienen 50% de probabilidades de morir por alguna enfermedad relacionada con el tabaco. El problema es tal que se estima que para el año 2020 el tabaco será la mayor causa de muerte y discapacidad, y matará a más de diez millones de personas por año, causando más muertes que el sida, accidentes de tránsito, homicidios, suicidio, alcoholismo y drogas ilícitas.

Según la OMS, un problema verdaderamente severo es que un tercio de la población mundial de 15 años en adelante ya fuma, y la edad de inicio en esta adicción está disminuyendo considerablemente. Por otra parte, si bien la cifra de fumadores en el mundo rebasa al de las fumadoras, en los últimos años se ha observado un incremento considerable de mujeres adolescentes que desarrollan esta adicción. Además, el hábito de fumar es causa de unas 25 enfermedades comprobadas, siendo sobre todo responsable del 30% de todas las cardiopatías coronarias, el 30% de todas las muertes por cáncer, el 90% de los casos de cáncer de pulmón, el 70% de cáncer de laringe, el 50% de cáncer en boca, el 50% de cáncer de esófago, el 30-40% de cáncer de vejiga y el 30% de cáncer de páncreas.

Los no fumadores que conviven con fumadores tienen un riesgo 35 veces mayor de contraer cáncer de pulmón que aquellos que no conviven con fumadores. El 42% de los niños con enfermedades respiratorias crónicas son fumadores pasivos. En el mundo, unos 100 mil niños y jóvenes se convierten diariamente en "fumadores de reemplazo", porque van sustituyendo a los que desaparecen prematuramente por muerte o porque van dejando el hábito.

Estos datos son más que elocuentes; son razón suficiente para originar una ley que establezca normas de regulación, orientadas a reducir la demanda y a proteger a las personas no fumadoras. El derecho a fumar quizás exista, pero es primero el derecho a la salud, y es una obligación del Estado proteger a quienes pueden ser víctimas del humo de tabaco, que —por los datos vistos— es el contaminante más peligroso que existe, responsable de más muertes que las atribuidas al consumo de alcohol y a las drogas ilícitas. Se recibe, pues, esta ley como una buena noticia; queda por ver la seriedad y eficacia con la que se aplique.