Violencia contra la mujer, un problema de salud pública

Dos casos recientes de violencia contra mujeres han vuelto a encender la señal de alarma en torno a este tipo de hechos. El primero, el de Silvia Rivera, de 37 años, quien falleció en un hospital público donde era atendida desde el 13 de junio, después de ser quemada con combustible por su compañero de vida, Manuel Bermúdez. Según las versiones de prensa, el sujeto quemó a la mujer tras rociarla con gasolina y atarla a un sillón, después de una discusión en un barrio de la periferia de San Salvador. El segundo caso, en circunstancias similares, pero sin llegar a un desenlace fatal, se registró en el área rural. Jorge Alberto Cisco fue acusado de amarrar de pies y manos a su compañera de vida, Jennifer Escalante, rociarla con gasolina y quemarla en varias partes del cuerpo, principalmente en las piernas. En su declaración, la mujer de 27 años dijo a los agentes policiales que su pareja había llegado a la casa con una botella de plástico en la mano que contenía sustancias inflamables. Posteriormente, la ató de manos y pies, vació el contenido de la botella sobre ella y encendió un fósforo. Al ser cuestionado por la Policía sobre las acusaciones de Escalante, el imputado respondió que "tenían problemas, como toda pareja".

Pero ¿se trata de problemas estrictamente circunstanciales y aislados, o de comportamientos extendidos y de gran prevalencia en la sociedad? Según datos de Naciones Unidas, en 2011 El Salvador registró al menos 647 feminicidios, solo superados en Centroamérica por los 705 de Guatemala. En 2012, las autoridades salvadoreñas registraron al menos 2,493 denuncias por violencia intrafamiliar. Un informe reciente de la Organización Panamericana de la Salud, elaborado en conjunto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, plantea que en los 30 últimos años la comunidad internacional ha reconocido cada vez más la violencia contra la mujer como un problema de salud pública, violación de derechos humanos y barrera para el desarrollo económico. El documento revela, al menos, 16 hallazgos en torno a la violencia contra la mujer en 12 países de América Latina y el Caribe: Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana. El informe muestra que, en estos países, entre el 17% y el 53% de las mujeres entrevistadas reportaron haber sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas. A pesar de esto, entre el 28% y el 64% no buscó ayuda ni habló con alguien acerca de esta experiencia.

Un punto central del documento es que la violencia infligida por el compañero de vida a menudo tiene consecuencias graves para la salud física y mental de la mujer. Entre el 41% y el 82% de las mujeres que sufrieron abuso de sus parejas experimentaron heridas físicas, desde cortes y moretones hasta huesos rotos, abortos involuntarios y quemaduras. De allí que estime que la violencia infligida por el compañero es un problema de salud pública con graves consecuencias no solo físicas, sino también mentales. Es decir, tiene un nivel de prevalencia y gravedad en la población, tanto a nivel individual como colectivo, que puede expresarse en mortalidad o alta vulnerabilidad de la vida. El reporte destaca, además, que las mujeres que habían sufrido violencia física o sexual a manos de su pareja tenían más probabilidad considerar o intentar el suicidio en comparación con las que nunca habían sufrido esa violencia. La conclusión resulta obvia: la violencia contra la mujer agrava la carga de mala salud mental entre las mujeres y genera un gran impacto en los sistemas de salud de la región.

Los casos de Silvia y Jennifer constituyen un nuevo campanazo para tomar conciencia sobre la gravedad de este tipo de violencia y asumir las acciones necesarias. El informe de la Organización Panamericana de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que asume este flagelo como un verdadero problema de salud pública y de convivencia social, propone que los tomadores de decisiones públicas se ocupen diligentemente de la violencia contra la mujer, habida cuenta de la prevalencia extendida de esa violencia y sus graves consecuencias negativas en la salud, los derechos humanos y la economía. Asimismo, plantea la necesidad de mejorar la respuesta de instituciones clave de todos los sectores, porque las mujeres que sufren violencia en América Latina y el Caribe no siempre buscan ayuda debido a no saber a dónde ir o a no confiar en que recibirán una ayuda eficaz, compasiva y confidencial. Sin olvidar, claro está, medidas preventivas como la de aumentar la posibilidad de que las mujeres ejerzan sus derechos civiles, promover su empoderamiento social y económico, involucrar a los hombres y niños para promover la no violencia y la equidad de género, y prestar servicios tempranos de intervención a las familias en riesgo, entre otras.

Ahora bien, tanto las medidas inmediatas como las estructurales requieren como condición básica tomar conciencia de la problemática, sobre la base de la evidencia que proporcionan los datos de los estudios científicos. En este punto, es oportuno citar una de las urgencias que planteó la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida) sobre el tema de la mujer. "Urge tomar conciencia de la situación precaria que afecta la dignidad de muchas mujeres. Algunas, desde niñas y adolescentes, son sometidas a múltiples formas de violencia dentro y fuera de casa: tráfico, violación, servidumbre y acoso sexual; desigualdades en la esfera del trabajo, de la política y de la economía; explotación publicitaria por parte de muchos medios de comunicación social, que las tratan como objeto de lucro".