La cita era a las ocho y treinta. Él ya estaba sentado donde debía estar: en el banquillo de los acusados. Impávido, rodeado de sus defensores, de traje oscuro y con unos lentes grandes que nunca se quitó; anteojos grandes y negros, como la oscura noche en la que sumió a su pueblo desde el 23 de marzo de 1982 hasta el 8 de agosto de 1983. Ese período de dieciocho meses y unos días —quizás menos, porque más adelante disolvió el triunvirato militar golpista— fue corto, pero suficiente para regar el territorio guatemalteco con la sangre, sobre todo, de sus pueblos originarios. Esa escena dentro de la sala de audiencias del Tribunal de Mayor Riesgo "B", cual reflejo condicionado, recordaba el magnífico y excepcional microcuento de Augusto Monterroso. "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí".
Con esas siete palabras del escritor nacido en Honduras, pero chapín de vida y muerte, quedaron retratados los responsables de las atrocidades cometidas durante tantos años en este hermano y vecino país. Al entrar al local donde se debatiría el curso de su suerte, estaba allí el más terrible de los pérfidos perpetradores pero —por fortuna— ya en vías de extinción. Y no se trata de que a sus 87 años José Efraín Ríos Montt, el dictador genocida, ya sienta por debajo de sus pies calores merecidos, en los cuales se sumergirá cuando le toque. Nada de eso. Se trata de que ni este ni otros dinosaurios se han extinguido, aunque quieran hacernos creer que sí; siguen presentes allá y también acá, amenazantes y con apoyos.
Esa audiencia es una muestra diáfana e innegable de ello. No comenzó a la hora programada, sino 15 minutos después, lleno ya el salón por un público que no pudo ver la puesta en escena hasta que se activó la pantalla gigante colocada arriba y tras el estrado donde dos mujeres presidían la sesión. Fue la presidenta del ente colegiado, la juez Janeth Valdez, la que arrancó saludando y ofreciendo disculpas por el "retraso", pues —cosa inédita o poco común, en el mejor de los casos— ese juzgado goza de una muy buena fama en lo que a puntualidad respecta.
¿Para qué había convocado a la audiencia? Para darle salida a una solicitud hecha por el abogado del otro imputado, José Mauricio Rodríguez Sánchez, quien fungió como jefe de Inteligencia Militar de su compañero de armas cuando desgobernó Guatemala. ¿Qué había pedido este defensor de lo indefendible? Que ese tribunal se declarara incompetente para seguir tramitando el proceso y que se iniciara de nuevo, pero en una situación favorable para los acusados de haber masacrado al pueblo maya ixil. Favorable porque, de aceptar tal pedido, la causa regresaría al estado en que se encontraba en noviembre de 2011; en ese entonces, los hechos aún no habían sido calificados como genocidio.
Narrar los incidentes ocurridos durante la audiencia de esa mañana robaría espacio a la reflexión sobre el tema de fondo y sobre otros asuntos relacionados con el caso. Pero es imposible resistirse y no caer en la tentación de contar un par de cosas. Por ejemplo, que Luis Alfonso Rosales Marroquín, defensor de Rodríguez Sánchez, haya considerado lo que estaba ocurriendo como un "entuerto legal" y que haya utilizado como medios de prueba copias de expedientes anteriores, así como de audiovisuales de audiencias también pasadas.
Más allá del lenguaje florido que abunda en estas circunstancias, lo que cabe destacar es que dicho "entuerto legal" había sido provocado precisamente por los abogados de los criminales allí presentes, de ese par de dinosaurios "amarrados" por el sistema de justicia chapín que —a pesar de los pesares— puede presumir de tener integrantes con dignidad y valentía. A esa audiencia se había llegado por lo que Édgar Pérez, miembro de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación, calificó como "litigio malicioso". Para este jurista, que aboga en favor de las víctimas del pueblo maya ixil y de muchas más, eso ocurre cuando se juntan abogados perversos y jueces cómplices.
Pérez lo dijo así, clara y osadamente, para denunciar en su intervención que esa audiencia se estaba realizando por "prácticas dilatorias y entorpecedoras", que en todo el proceso judicial habían sido numerosas y burdas por parte de los defensores de lo indefendible. Lo que no dijo, pero quedó implícito, fue que esas tácticas marrulleras han tenido eco en la parte podrida del andamiaje institucional de la justicia guatemalteca. En el esfuerzo por mantener viva la leyenda de estos y otros dinosaurios, están metidos grandes poderes económicos, políticos, militares y mediáticos que pretenden salvarlos del repudio histórico y de su extinción definitiva. Pero también lo hacen para protegerse a sí mismos con la impunidad. Por ello, ocupan a una fatal y falaz Corte de Constitucionalidad chapina que anuló la condena de ochenta años impuesta a Ríos Montt por una juez honorable y justa, el 10 de mayo de este año. Por eso, también, han pretendido que se le aplique una amnistía inmerecida. Y, por ello, se llegó a la audiencia comentada, pero sin que los perversos abogados lograran su objetivo.
Al final de la jornada, al mediodía, la presidenta del tribunal notificó la decisión que habían tomado: son competentes para seguir adelante y la causa no regresa a donde pretendían los defensores de los criminales. El mal sabor de boca que queda es la lejanía de la fecha programada para el debate que le daría continuidad: el 5 de enero de 2015. Por esa defensa formal e informal de los dinosaurios es que cuando uno despierta, ve que todavía están allí, como acá también lo están, para desgracia de la democracia.