¿Una nueva Fiscalía?

Seguramente, muchos ven con buenos ojos las actuaciones del actual fiscal general de la República, Douglas Meléndez, sobre todo por haber actuado contra presuntos peces gordos de la corrupción. También en su momento llamó la atención su antecesor, Luis Martínez, solo que por razones diferentes. Pero más allá de lo que publican los medios de comunicación, hay preguntas de fondo que deben hacerse: ¿qué poder tiene el Fiscal? y ¿quiénes lo respaldan? Cuando Martínez se vio obligado a actuar contra el expresidente Francisco Flores, cuando actuó a favor de Enrique Rais, cuando se opuso a la Tregua y a quienes la promovían, afloraba la pregunta sobre el poder que lo respaldaba. Ningún funcionario de alto nivel, mucho menos el Fiscal General, puede actuar solo. Martínez se ligó a poderes oscuros interesados en que siguiera cierto tipo de corrupción y de impunidad.

Aun reconociendo que cada funcionario le imprime su impronta personal a una institución, la Fiscalía no puede cambiar tan radicalmente de la noche a la mañana. El actual Fiscal encontró prácticamente el mismo equipo con el que contaba Martínez. Sin embargo la actuación de la institución ha sido de signo contrario, tanto como para que se viera a Rais y al exfiscal cargando esposas. ¿En quién se apoya Douglas Meléndez? Para la retórica o el romanticismo, está bien afirmar que lo respalda la Constitución o que lo suyo es una cruzada solitaria. Pero siendo realistas, no es descabellado pensar que el espaldarazo para sus actuaciones procede de la embajada de Estados Unidos, es decir, del Gobierno del país del norte, que parece haber entendido que la migración continuará mientras no se resuelvan nuestros graves problemas, la inoperancia de la justicia entre ellos.

El caso del general Atilio Benítez puede ser una muestra. Fue la actual Fiscalía General de la República la que solicitó que se le sometiera a antejuicio. Mientras en julio los diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales acordaron mandar a archivo esa solicitud, poco después, en agosto, la Asamblea Legislativa la avaló. El FMLN denunció que ese cambio se debió a presiones de la embajadora estadounidense, Jean Manes. El 31 de agosto, la sede diplomática emitió un comunicado en el que, sin hacer referencia explícita al caso Benítez, reafirmó su interés en que se combata frontalmente la corrupción, para lo cual la embajada afirma que mantiene reuniones “con diferentes sectores del Gobierno y de la sociedad civil”. Días después, el Gobierno estadounidense les canceló la visa a Benítez y a su familia.

Suponer que Estados Unidos respalda la actuación del Fiscal General no es ni escandaloso ni absurdo. La mayoría de analistas coinciden en que el apoyo de EE. UU. a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha sido fundamental para llevar a la cárcel al expresidente y a la exvicepresidenta de aquel país, junto a un buen grupo de funcionarios chapines corruptos. También es de dominio público que en Honduras la captura de grandes capos de la droga, como los Valle y los Cachiros, fue obra de la DEA, no del Gobierno o de la Policía hondureña. De hecho, la depuración de la Policía y del Ejército del vecino país ha sido a solicitud y patrocinio de Estados Unidos.

Ciertamente, se puede argumentar que da igual quiénes están detrás de una investigación, pues lo que importa es perseguir a los corruptos. Y en efecto, la motivación, aunque no sea buena ni limpia, no invalida aquello que objetivamente se logra descubrir. Pero en el caso de El Salvador, la simple sospecha de que la Fiscalía responde a una agenda externa fortalece la idea de que la justicia no opera del mismo modo para todos y contribuye a la nociva dinámica paranoide y autoindulgente de los partidos políticos y sus bases.