¿Una oportunidad para el Triángulo Norte?

La Alianza para la Prosperidad es un programa de cooperación entre Estados Unidos, Guatemala, Honduras y El Salvador que inició en 2016 y supone un mayor flujo de fondos para el desarrollo de estas tres naciones de Centroamérica. Con el programa, si los países del Triángulo Norte cumplen con los requisitos acordados, los fondos de cooperación podrían triplicarse en relación a la ayuda recibida en 2014 y 2015. Para el año en curso, ya se aprobaron 750 millones de dólares. En general, la ayuda se dirigirá a la inversión para el crecimiento del sector productivo, el desarrollo del capital humano, la seguridad pública y el fortalecimiento de las instituciones.

La firma de la Alianza para la Prosperidad se debe en buena medida al interés de la administración de Barack Obama de frenar la migración centroamericana hacia su país. De hecho, este es uno de los principales compromisos asumidos por los Gobiernos del Triángulo Norte: deben tratar de disuadir la migración irregular de sus ciudadanos, combatir el tráfico y la trata de personas, mejorar la seguridad fronteriza y cooperar en el retorno, la repatriación y la reintegración de los migrantes deportados, y a ello destinarán el 25% de los recursos que reciban. Del acuerdo, este punto tendrá un efecto muy negativo para la población del área, pues volverá aún más peligrosa la migración y difícilmente tendrá un efecto a corto plazo en el objetivo de detenerla.

Sin embargo, la Alianza contempla una serie de puntos que pueden ser beneficiosos para El Salvador. La crisis de los menores migrantes no acompañados hizo ver a las autoridades estadounidenses que para frenar la migración era necesario contribuir al desarrollo de Centroamérica; es decir, elevar las condiciones de vida, dar más oportunidades de empleo y fortalecer el Estado de derecho. Se reconoció y aceptó que la migración se debe fundamentalmente a la pobreza y a la violencia que se viven en Guatemala, Honduras y El Salvador, y que para superarlas se requiere de Estados que funcionen mejor, sean más democráticos y más respetuosos de los derechos humanos.

Por lo anterior, la ayuda está condicionada al cumplimiento de ciertos requisitos (hasta hoy, a pesar de la aprobación de los fondos para 2016, todavía no se ha desembolsado un centavo). Según el Canciller de El Salvador, las condiciones no han sido impuestas, sino que son fruto de un acuerdo entre los firmantes. Además, buena parte de ellas supondrán algunos beneficios para los tres países de la región. La ayuda está condicionada al combate a la corrupción, incluyendo la investigación y persecución penal de funcionarios públicos sobre los que pesen acusaciones verificables; la implementación de reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo la capacidad e independencia de las fiscalías y los sistemas judiciales. Sobre el combate al crimen, se acordó perseguir las actividades de redes criminales, el narcotráfico y el crimen organizado.

En el área de derechos humanos, los compromisos son investigar y procesar penalmente en el sistema de justicia a los miembros de las fuerzas militares y cuerpos policiales sobre quienes pesen acusaciones creíbles de violaciones a derechos humanos, y asegurar que las fuerzas militares y policiales faciliten las pesquisas; cooperar con comisiones contra la impunidad e instancias regionales de derechos humanos; proteger los derechos de partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil. En lo que toca al Estado de derecho, se deberá desarrollar e implementar planes para crear fuerzas policiales civiles, profesionales y responsables, y limitar el papel de las fuerzas militares en actividades policiales. En lo que respecta a la economía, apoyar programas para la reducción de la pobreza, la creación de empleo y el desarrollo económico equitativo de las comunidades de donde provienen cantidades importantes de migrantes, así como incrementar reformas fiscales y fortalecer las agencias aduaneras. Y finalmente, aunque no menos importante, garantizar la participación y consulta de la sociedad civil y de los gobiernos locales en todos los puntos anteriores.

Y en esto último está la clave para aprovechar la Alianza para la Prosperidad: la sociedad civil organizada debe exigir sistemática y explícitamente que los compromisos se cumplan y redunden en hacer de nuestros países naciones más seguras, más inclusivas, que realmente brinden oportunidades para todos y que garanticen y respeten a fondo los derechos humanos.