Bloqueo institucional

El amor al país mueve a buscar obstinadamente cosas positivas, signos de esperanza que alumbren el oscuro horizonte que nos amenaza. Pero ese afán no implica cerrar los ojos a los problemas reales y al papel determinante que juegan los medios de comunicación al priorizar como noticia aspectos negativos y dolorosos de nuestra realidad. A diario, desde lo más alto del poder se nos recuerda que El Salvador no anda bien. Desde el ya acostumbrado descrédito del órgano legislativo, pasando por la insolvencia práctica de algunas instancias del Ejecutivo, hasta el intestino enfrentamiento en los máximos estratos del poder judicial, los políticos y los funcionarios se empeñan en seguir manchando su ya deteriorada imagen. Así, son contadas las instituciones que inspiran respeto por su desempeño.

En estos días, un nuevo conflicto con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ocupa el centro de atención de la opinión pública. Pareciera que esta novela, por lo menos para algunos sectores del ámbito político, solo llegará a su fin con la disolución de la actual composición de la Sala. En este enésimo capítulo, el conflicto lo protagoniza también la Sala de lo Contencioso Administrativo. Al respecto, no vale la pena citar artículos constitucionales, como lo hacen con maestría y de acuerdo a su conveniencia los que defienden una u otra posición. Una de las cosas que ha demostrado la crisis de institucionalidad es que la Constitución, como la Biblia, se cita a discreción para justificar posturas y decisiones, incluso contradictorias.

Impera la voluntad de una camarilla de funcionarios y políticos que con tal de mantener o recuperar poder y perpetuar la instrumentalización de las instituciones del Estado están dispuestos a todo, sin que les tiemble el pulso, mucho menos la conciencia. En el actual episodio de esta crisis que no acaba, el conflicto se ha enquistado en las entrañas del poder judicial, en apariencia quedando al margen los otros poderes del Estado y los partidos políticos. Sin embargo, los que ahora se limpian las manos diciendo que el conflicto debe resolverse dentro de los límites del poder judicial son los mismos que han sido protagonistas y causantes de la crisis. Ahora parecen aguardar a que los representantes del poder judicial exhiban sus miserias, se descalifiquen y resuelvan la cuestión definitivamente. Después de todo, lo que les exige dedicación a tiempo pleno en este tiempo es la elección presidencial.

Otros políticos y sectores sociales que ahora se dicen defensores de la institucionalidad y de la democracia levantan el dedo acusador para señalar una corrupción que también corre por su pasado. Dicen que han cambiado. Rechazan con palabras lo que antes tenían por costumbre y que desde el poder justificaban, como ahora hacen los que lo detentan. La inversión de papeles en lo que respecta a la defensa o el ataque a la institucionalidad del país es buena materia prima para una tragicomedia de confusiones. El conflicto entre dos de las salas de la Corte Suprema de Justicia expresa el bloqueo de los mecanismos de la democracia y de la justicia pronta y cumplida; es decir, un bloqueo a la institucionalidad.

En este panorama, urgen acciones que alimenten la esperanza y, sobre todo, las necesidades fundamentales de la población. Mientras los políticos están ocupados en resolver crisis que ellos mismos provocan, los problemas del país en salud, educación y seguridad quedan reducidos a ripio discursivo de la demagógica campaña electoral. Esto tiene que cambiar y está cambiando. Estamos asistiendo a los dolores de parto de la primacía de la Constitución sobre la voluntad arbitraria de los partidos políticos y de las élites, que han usado, quieren usar y seguir usando al Estado en beneficio de sus propios intereses.