Buena, pero insuficiente decisión

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Editorial UCA
19/07/2019

Las desapariciones forzadas son un fenómeno complejo que merece respeto y la mayor seriedad posible. Están catalogadas como crimen de lesa humanidad, tan grave como el exterminio, la esclavitud y la tortura. Es así porque suponen un ataque a los derechos humanos fundamentales y un agravio no solo contra la víctima, sino contra la humanidad en su conjunto. Las desapariciones forzadas constituyen una violación múltiple y continuada de muchos derechos reconocidos a nivel universal. Por eso resulta chocante que el director de la Policía Nacional Civil se refiera de forma laxa al problema.

El lunes 15 de julio, el funcionario aseguró que el 90% de las personas reportadas como desaparecidas aparece. “Ya sea que se vayan a Estados Unidos, se vayan a la playa o se vayan de fiesta. Hay una serie de clasificaciones que nosotros llevamos el control [de apariciones]”, afirmó. ¿Cuáles son los datos que respaldan esa afirmación? Esa falta de seriedad por parte del titular de la entidad encargada de proteger a la población resulta inadmisible. La Fiscalía General de la República ha registrado 1,811 casos de desaparecidos en lo que va de 2019. Del 1 de enero al 18 de diciembre de 2018, registró 3,514 casos y más de 3,000 en 2017. En años anteriores, titulares del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y de la PNC han asegurado que los datos del Ministerio Público no son reales porque no hay ninguna institución del Estado que maneje un consolidado exacto de las desapariciones.

Estas contradicciones entre las autoridades de las instancias que deberían colaborar para el esclarecimiento de las desapariciones hacen más sombrío el panorama. ¿Cómo se enfrenta eficazmente un problema que no se conoce a fondo? Además, vuelven más pesada la cruz de los familiares. Desconocer el paradero y destino de sus seres queridos es fuente inagotable de sufrimiento, que empeora con la nula respuesta de las autoridades. El desaparecido simboliza la “no vida”, porque no tiene un lugar entre los muertos, pero tampoco entre los vivos. Los desaparecidos se desvanecen en la clandestinidad, en la tortura, en la impunidad. Sin un cuerpo que enterrar, los familiares y amigos no pueden marcar la línea que separa a los vivos y a los muertos.

En este marco, es bien recibida la decisión del fiscal general de fundar una unidad especializada en la atención de los casos actuales de desaparición. Pero el fiscal debe considerar que, dado que la tristeza y el dolor de los familiares no ceden aunque pasen los años, y que, por tanto, las familias quedan psicológicamente ancladas al hecho de la desaparición, es también necesario esclarecer los casos del pasado. Hasta el momento, ningún titular del Ministerio Público ha tenido la voluntad de atender el clamor de los familiares de los desaparecidos durante la guerra, porque, en el fondo, han garantizado la impunidad de los responsables, ligados a los grupos de poder.

El fiscal general debe poner todo su empeño en la tarea de localizar a los desaparecidos de hoy, sin duda, pero también, para ser coherente, debe hacer algo equiparable con quienes fueron desaparecidos durante la guerra. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de las cuales El Salvador es firmante, obligan a prevenir, investigar, sancionar y terminar con todas las desapariciones. Leyes aparte, el sufrimiento acumulado y siempre actual de las víctimas debería ser la principal motivación para la acción.

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